Fuente: Canarias7 de fecha 8 octubre 2021 enlace
Tras diez meses de huelga buscarán el compromiso de la nueva directora general y propondrán fórmulas jurídicas concretas
Los sindicatos canarios pretenden dar un nuevo impulso a las negociaciones con la Administración después de diez meses de huelga y varios obstáculos. Esta semana, el comité se reunirá con la nueva directora general de Función Pública, Monserrat García, para valorar, entre otros asuntos, qué implicación tendrá en el conflicto de la temporalidad y cuál será su aproximación.
A pesar de que la relación con la anterior responsable del cargo no llegó a buen puerto, el comité vio avances tras su dimisión y la obtención del informe jurídico que paralizó el acuerdo con el departamento de Julio Pérez durante dos meses. Hasta la fecha, solo se ha celebrado una reunión en sendas mesas de trabajo convocadas: la primera, encargada de elaborar un listado actualizado con fecha de corte anterior al 31 diciembre de 2020, siguiendo la línea del decreto presentado por el exministro Miquel Iceta; la segunda mesa, destinada a buscar fórmulas jurídicas que combatan el abuso de temporalidad en la Administración.
Precisamente, este asunto es el que consideran de mayor relevancia, por lo que fuentes del comité de huelga han asegurado que ultiman un documento con propuestas concretas que remitirán antes del viernes al Ejecutivo, con el objetivo de dar un nuevo paso en las negociaciones.
Por otro lado, continuarán los paros convocados para el mes de octubre después de que decidieran suspender los últimos previstos en solidaridad con los palmeros. «Tenemos compañeros funcionarios allí y, en cualquier caso, entendíamos que no era el momento de ejercer más presión, pero este problema persiste y no podemos olvidarnos de él», expresa Manuel González, portavoz del comité de huelga. El suceso de La Palma llegó después del parón administrativo de agosto y el cambio en la dirección general, por lo que entienden que deben volver a elevar la presión.
Entre los asuntos pendientes del comité, cuya lucha se centra en alcanzar la permanencia real de los empleados públicos que llevan más de tres años ocupando su plaza, está la convocatoria de oposiciones. Si bien la ministra María Jesús Montero anunció que se adjudicarían plazas a las personas que acumularan más de una década de interinidad podrían sin necesidad de opositar, los sindicatos reconocen que esas plazas tendrían que salir a concurso y habría que definir en qué términos. En ese sentido, los sindicatos consideran que debería ser un proceso restringido y no de libre concurrencia ya que, dependiendo de los méritos que se establezcan, cualquier persona de otra administración podría optar a la plaza y remover el puesto al que se encuentra en situación de abuso de temporalidad.
La solución óptima que plantean, «y a coste cero» es la de crear la categoría de empleado público a extinguir. Con ello se daría estabilidad a los temporales hasta su jubilación y se podría denominar personal estabilizado con carácter indefinido. «La mayoría de los afectados por el abuso son personas de cierta edad que se irían jubilando, por lo que con esta fórmula se daría una solución apropiada que eliminaría la incertidumbre y se estabilizaría todo poco a poco», explica.
Esto se relaciona, además, con la falta de personal que detectan en Función Pública. A juicio del comité no solo el Gobierno va con retraso en la convocatoria de plazas -algunas pendientes desde 2015- sino que las tasas de reposición son insuficientes para cubrir la demanda. Si bien celebran que Montero haya planteado esta semana incrementos por encima del 100% para el ejercicio 2022, son limitativas. Por tanto, el Ejecutivo solo puede ofertar un número determinado de plazas, lo que alimenta la contratación de interinos para cubrir necesidades específicas como, por ejemplo, la llegada de fondos europeos, apunta el comité.