Fuente: El Mundo de fecha 28 de marzo de 2022 enlace
El Ayuntamiento investiga si dos tercios de los aspirantes mejor puntuados tienen vínculos familiares con agentes del cuerpo, empresas contratistas, políticos o sindicalistas.
Hasta 1.500 candidatos para ocupar alguna de las 92 plazas para policía local en Alicante. ¿Cómo es posible entonces que dos tercios de las 92 mejores notas tengan algún tipo de enchufe? Es lo que ahora investigará el Ayuntamiento de Alicante, tras la denuncia de supuesto fraude en las oposiciones.
Así lo ha confirmado este lunes el alcalde, Luis Barcala, que ha encargado al concejal de Seguridad y Recursos Humanos, José Ramón González, la apertura “inmediata” de un expediente informativo para investigar hasta “las últimas consecuencias” de un proceso plagado de irregularidades, según ha adelantado la Cadena SER. Sobre la mesa, la denuncia de que buena parte de los aspirantes que han logrado las mejores notas para ocupar una plaza de policía local son familiares con vínculos directos con agentes del cuerpo, pero también con empresas contratistas del consistorio o incluso con políticos y sindicatos. En total, la sospecha afecta a unos 60 opositores.
Desde el consistorio, en todo caso, se matiza que el hecho de que se abra una investigación no significa que el Ayuntamiento asuma de entrada la veracidad de la denuncia. Eso sí, en palabras del edil de Seguridad, “no vamos a regatear ningún esfuerzo para aclarar todos los aspectos relacionados con este procedimiento”. “No prejuzgamos ninguna actuación, pero no vamos a permitir que quede en el aire ninguna sombra de sospecha sobre la limpieza en estas oposiciones“, ha añadido González.
De hecho, ni siquiera se descarta por parte del Ayuntamiento la opción de plantear una medida cautelar suspensiva del procedimiento si del informe final se pudiera desprender alguna irregularidad en el proceso. Según el equipo de gobierno del Ayuntamiento, integrado por PP y Cs, el tribunal de las oposiciones es “libre y soberano”, así como responsable de todo el proceso de selección.
Este tribunal está integrado por el jefe de la Policía Local de Alicante; una funcionaria del grupo A1 del Ayuntamiento y tres vocales, de los cuales dos son designados por el Ivaspe (Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias dependiente de la Generalitat). El tercero de los vocales es el jefe de la Policía Local de Xàtiva, nombrado a instancias del presidente del tribunal.
La Conselleria de Justicia y Administración Pública, por tanto, no ha tardado en reaccionar. El departamento que dirige Gabriela Bravo, del que depende el Ivaspe, ya ha pedido a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias un informe al Ayuntamiento del órgano técnico de selección.
Según fuentes de la Conselleria, “la responsabilidad directa del proceso selectivo corresponde al Ayuntamiento, que es quien convoca y quien dirige el proceso selectivo”. Las mismas fuentes advierten de que los procesos selectivos “deben ser rigurosos y transparentes y cumplir con la legalidad”.
El alcalde ha prometido una tramitación “transparente” del expediente informativo, pues “la finalidad es que no se genere ninguna sombra de duda”, según ha dicho a preguntas de los medios. En este sentido, ha prometido la “revisión desde el principio” de todo el procedimiento selectivo, si bien no se ha pronunciado sobre las posibles medidas que podría tomar el Ayuntamiento de confirmarse los hechos.
La que también ha pedido responsabilidades es la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, de Ciudadanos: “Lo primero será conocer los resultados de este expediente y en el caso de que de este se derive que se ha producido alguna irregularidad en el proceso, exigiremos que se repita para garantizar la igualdad de oportunidades”.
Por su parte, PSPV, Compromís y Unides Podem-EUPV han confirmado que registrarán una moción conjunta para solicitar una comisión de investigación “de urgencia” sobre este “presunto trato de favor” a personas presentadas al proceso de selección.