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El vicepresidente del Principado afirma que la regularización de interinos en Asturias podría afectar a unas 7.000 plazas.
El Consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, ha manifestado este lunes en comisión parlamentaria que «hasta el momento no ha habido ni una sola sentencia que declara la situación de temporalidad abusiva en la Administración del Principado de Asturias».
Ha explicado que el número de funcionarios que han interpuesto recurso en el contencioso Administrativo en defensa de sus derechos por su situación laboral de temporalidad asciende a 172, de las cuales 90 ya se han sustanciado y de ellas 88 han sido favorables a la Administración autonómica, una se ha desestimado y en otra se ha desistido.
Así Cofiño ha indicado que quedan 80 demandas en trámite, respondiendo así al diputado del PP, Pablo González, que preguntaba al consejero de manera concreta sobre «cuántos empleados públicos del sector autonómico se encuentran en situación de abuso de temporalidad».
En este sentido el consejero ha querido insistir en que no es cierta ese «abuso de temporalidad» del que habla el diputado del PP. «Hasta el momento no ha habido ni una sola sentencia favorable que de pie a esa expresión que usted formula que no es rigurosa ni apropiada y por tanto le pido que sean ustedes un poco más rigurosos», ha dicho Cofiño.
Ha incidido en que a día de hoy la Comisión de Empleo Público está elaborando un borrador de criterios que está casi ultimado para la regularización de interinos que en Asturias podría afectar a unas 7.000 plazas.
Por su parte, Pablo González ha indicado que «es una forma de verlo» porque a su juicio está claro que hay muchos interinos que hay en el Principado que están en situación de abuso de temporalidad, aunque eso no suponga que hayan llevado su caso a los juzgados.
«Lo que nos preocupa es cuantos de esos interinos están en proceso de regularizarse y cómo», ha manifestado el diputado del grupo parlamentario del PP, que ha añadido que «su pregunta iba por ahí y no por la judicialización de esos procesos».