La Dirección General de Función Pública detalla que revoca el primer ejercicio de la prueba al cuerpo C1 porque no se permitió que todas las personas que tenían derecho a realizarlo lo hicieran
La Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias ha revocado el primer ejercicio de la prueba selectiva al cuerpo de la Administración Pública (Grupo C, Subgrupo C1). Casi un mes después de suspender de forma cautelar el procedimiento para investigar presuntas irregularidades, tras las quejas e indignación de numerosos aspirantes por la absurda dificultad del examen, el Ejecutivo regional ha ordenado constituir un nuevo tribunal calificador para volver a celebrar el proceso que da acceso a 32 plazas fijas.
Sin embargo, en la resolución publicada ayer, Función Pública aclara que quienes aprobaron el examen podrán elegir si mantener su nota o volver a presentarse. El 1 de octubre se presentaron en los campus universitarios de Tafira y La Laguna más de 4.000 personas. Cuatro días después, el tribunal calificador publicaba los resultados: tan solo aprobaron nueve.
Cuando el Gobierno regional anunció la suspensión del procedimiento, también expuso que las dos personas que obtuvieron mayor puntuación tienen parentesco directo con la exdirectora general de Función Pública, en concreto, la hija y el yerno de Águeda Márquez, que obtuvieron un 7,5 y un 7,4, respectivamente.
“Dichas personas aspirantes (los nueve aprobados) tienen derecho a que sus intereses legítimos, en juego en el proceso selectivo, se vean protegidos, dado que no tienen el deber jurídico de soportar las consecuencias de la anulación del primer ejercicio de la fase de oposición”, ha justificado Función Pública.
Los argumentos
Función Pública detalla que revoca el primer ejercicio de la prueba porque no se permitió que todas las personas que tenían derecho a realizar el examen el 1 de octubre, lo hicieran. En concreto, numerosos aspirantes que no fueron admitidos en las listas presentaron recursos y, a pesar de estar pendiente de respuesta, el tribunal calificador decidió celebrar la prueba. Pero ahora se ha estimado lo recurrido, dando la razón a los aspirantes excluidos.
“Cabía la posibilidad de demorar la celebración del ejercicio, por causa de fuerza mayor, convocando, por tanto, a todas las personas finalmente admitidas en un momento posterior”, cita la resolución de Función Pública. Además, abunda que el tribunal calificador “se arroja una competencia de la que carece”, pues tenía potestad para proponer al órgano convocante la modificación de la prueba, pero no para actuar en ese sentido.
“Se ha perfeccionado el efecto de ruptura del principio de unidad, debiendo, por tanto, revocarse también el citado ejercicio”, concluye. Esta decisión no afecta a la apertura del expediente para esclarecer las presuntas irregularidades en la elaboración, gestión y puesta a disposición de las personas aspirantes del cuestionario tipo test, así como de la remisión de determinadas actuaciones relacionadas con este proceso selectivo, a la autoridad judicial competente.
Además, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, anunció el pasado 25 de octubre en el Parlamento que estaba investigando otros dos procesos selectivos en las que también existen una relación de parentesco directo entre las personas que sacaron las mejores notas y la última directora general de Función Pública en la anterior legislatura, Águeda Márquez.
La consejera se comprometió a trabajar parar modificar las bases y las normas de acceso a la función pública y a regular la designación de los tribunales calificadores, abriéndolos a la participación de profesionales de diferentes ámbitos, y ha proclamado que estos son “hechos puntuales” que en todo caso dañan a la reputación de la administración.
Fuente: laprovincia.es