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Justicia

División entre los juristas sobre el alcance de la sentencia europea sobre los interinos: estas son sus posibles consecuencias

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El administrativista Raúl Bocanegra compara el fallo del TJUE con “una bomba atómica” mientras que los sindicatos hablan de “incertidumbre general”

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que refiere el abuso de los contratos temporales por parte de las administraciones españolas ha supuesto todo un terremoto jurídico cuyas consecuencias aún no pueden anticiparse. Los juristas discrepan sobre la interpretación de un pronunciamiento que en el fondo reitera la postura que la justicia europea ha mantenido durante años: que es necesario poner remedio a las contrataciones abusivas y que debe ponerse remedio a quienes las padecen.

El fallo del tribunal europeo se produjo a partir de una consulta relativa a contratos de indefinidos no fijos y la justicia de la UE venía a afirmar que ante la posibilidad de que los procesos de estabilización o las decisiones jurídicas que se adopten en situación de conflicto no respondan al espíritu de la norma europea, hacerlos fijos podría ser la salida más efectiva.

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Algunos juristas creen que el dictamen no dice nada nuevo respecto a lo que la UE venía reiterando, y que las administraciones pueden seguir con sus procedimientos de consolidación. Otros, en cambio, creen que la rotundidad con que la justicia comunitaria señala que no puede la normativa nacional contravenir el criterio de la UE viene a significar que el tribunal advierte de que prevalece el criterio europeo, desplazando cualquier planteamiento de la legislación nacional al existir un conflicto entre normas.

Una bomba atómica. De esta opinión es el jurista Raúl Bocanegra, especialista en Derecho Administrativo y con dilatada experiencia en estos casos y en la legislación europa. Señala gráficamente que este último pronunciamiento es “como una bomba atómica” cuyas consecuencias terminarán por poner fin a “una situación de engaño continuado que supone un verdadero escándalo”. Cree que la reflexión de la UE, a lo largo de los años, excede la situación de los indefinidos no fijos. Su recomendación a cualquier empleado público que se encuentre en situación de interinidad reiterada es “que ponga un pleito”, porque cree que el pronunciamiento comunitario terminará por imponerse.

“Chapuza jurídica”. Bocanegra “prevé una cantidad de pleitos innumerable” porque la sentencia del tribunal europeo “corrige una chapuza jurídica muy gorda” del Tribunal Supremo, que ha venido rechazado de forma reiterada la fijeza del personal interino de larga duración. El jurista defiende que la justicia europea “ha puesto fin a más de 20 años de abuso impune para prolongar la contratación temporal”, una política a la que han recurrido administraciones gobernadas por partidos de todos los colores.

¿Antes la UE o la Constitución? La visión comunitaria contradice también, según algunos juristas, el propio criterio constitucional referido al empleo público que impide la integración automática de determinados grupos en la función pública. Por ello creen que aun si la UE obligase al ingreso automático como empleados fijos del personal temporal sobre el que haya existido un abuso de contratación, la justicia no debería verse obligada a desplazar la posición constitucional. Con este planteamiento discrepa Bocanegra, que cree que sí debe de haber una aplicación directa del derecho de la Unión. “Nada de lo que la UE establece se ha venido aplicando, y la directiva europea ha sido sistemáticamente interpretada de manera contraria”.

El Supremo gana tiempo. Ante el complejo panorama que se abre, la sala cuarta del Tribunal Supremo ha formulado una “cuestión prejudicial” al Tribunal Europeo para pedirle que aclare cómo debe aplicarse esa nueva sentencia comunitaria y que señale qué elementos del ordenamiento jurídico nacional contravienen ese criterio. Los interinos ven en esta maniobra un intento de ganar tiempo dado que este tipo de cuestiones prejudiciales suelen tardar dos años en responderse.

Llamada a la calma. Pero, entretanto, ¿qué puede hacer la Administración? El también jurista Juan Ramón Chaves García llama a la calma. “Que las administraciones prosigan sus procedimientos de consolidación y estabilización, que las administraciones velen por no extralimitar la temporalidad y que se repriman los abusos”, sostiene en un reciente artículo publicado en su blog “Delajusticia.com”. También en un reciente artículo, Pedro Moreno, letrado del Tribunal Supremo, pone en duda que la doctrina europea en este asunto pueda acabar desplazando la capacidad soberana de la justicia española, amparándose en sentencias del Tribunal Constitucional.

Incertidumbre sindical. La complejidad del asunto también genera “una incertidumbre general” tanto en el ámbito sindical como en el conjunto de las administraciones, ya que la puerta que abre la justicia europea a la contratación fija de los interinos su última sentencia contrasta con la dictada en plena pandemia, en marzo de 2020, cuando reconoció el abuso de las administraciones españolas con los interinos, pero no accedió a su conversión en indefinidos no fijos.

“Estamos recibiendo muchas llamadas de afectados, pero de momento les estamos aconsejando prudencia y que no recurran hasta que se aclare el panorama que ahora es de confusión total. Si recurren podrían encontrarse con una sentencia desfavorable, que les pueda perjudicar más adelante porque su caso ya ha sido juzgado”, explicó el representante de uno de los sindicatos más representativos en la función pública de Asturias. En los últimos años ha habido un goteo constante de ceses de interinos, que perdieron su puesto de trabajo como consecuencia de los concursos de traslado que afectaron a los plazas que ocupaban en la mayoría de casos desde hace más de tres años, límite que estableció la reciente ley estatal de 2021 para la reducción de la temporalidad.

Bocanegra, en cambio, tiene clara cuál debe ser la vía: la de recurrir a los tribunales, porque considera que “todos los puestos de interinidad, sea cual sea su modalidad, están sujetos a un abuso que la UE rechaza”.

El Principado, con 111 indefinidos no fijos, mantiene su plan de estabilización

El registro de personal del Principado de Asturias constata la existencia únicamente de 111 indefinidos no fijos, categoría que obtuvieron después de procesos judiciales en los que reclamaron ese reconocimiento. El gobierno regional viene desarrollando tras la última reforma legal y con el objetivo de reducir la interinidad en la administración sucesivas pruebas para estabilizar la plantilla. Este 2024 está previsto la estabilización de 8.700 interinos, según datos del Gobierno. La Vicepresidenta, Gimena Llamedo, titular de las competencias en Función Pública del Principado, aseguró ayer que «todos los procesos de estabilización están en marcha para ser ejecutados en plazo», con el horizonte de lograr ese objetivo de que la tasa de interinidad quede en el 8%, con un plazo hasta el 31 de diciembre. «Esa es la hoja de ruta del gobierno», indicó Llamedo. Ya tras conocerse la sentencia, el consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, indicó que el argumento del tribunal europeo es «muy similar al de la sentencia de 2021 que dio lugar a estos procesos de estabilización. Entendemos pues que no va a tener un impacto significativo» sobre la evolución de las oposiciones en marcha.

Fuente: lne.es 12.03.2024

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