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Escrivá pide permiso a Montero para fichar interinos en la Seguridad Social sin aprobar la oposición

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El ministro prometió la incorporación extra de 2.000 funcionarios para reforzar la atención al ciudadano, en sus horas bajas

Los sindicatos, que ya cocinan una huelga, avisan de que la tasa de temporalidad escalaría hasta el 18%

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se comprometió con los sindicatos de funcionarios el pasado marzo a contratar, de forma inminente, a 2.000 interinos para reforzar la plantilla del organismo y con ello mejorar la atención a los ciudadanos, en sus horas más bajas. La contratación de interinos sería la solución de urgencia de este ministerio para desatascar el servicio, recortar los tiempos de espera, y las interminables colas en las oficinas.

Escrivá ha pedido autorización al Ministerio de Hacienda y Función Pública para llevar a cabo una solución temporal, que consistiría en convocar las citadas 2.000 plazas pero no esperar todo el proceso y contratar personal como interino sin que haya aprobado la oposición. Bastaría, por tanto, con aprobar un solo examen. Eso sí, una vez que el opositor aprobara todos los exámenes y lograra una plaza de funcionario, el interino perdería la suya.

La mecánica no es nueva, responde a la política de contratación de personal del Gobierno comunicada a Bruselas que ha puesto en pie de guerra a los altos funcionarios del Estado, que temen que esta fórmula pueda convertirse en una puerta de entrada de interinos en ámbitos clave del Estado como la Intervención de Hacienda o los técnicos comerciales, tal y como adelantó ABC. Hacienda, por el contrario, argumenta que es una forma de implantar un sistema objetivo de selección y de agilizar la incorporación de personal cuando aparezcan necesidades urgentes.

Esa urgencia existe en la Seguridad Social, a tenor de los tiempos de espera hasta poder cobrar una prestación, que en estos momentos puede llegar a dos meses en el caso de una pensión, o el retraso de más de un mes en algunos casos para lograr una cita en una oficina. Una situación provocada por la pérdida de efectivos, como denuncian los sindicatos y como ha reconocido el propio Ejecutivo. El organismo que dirige Escrivá ha perdido casi el 22% de sus efectivos en una década, entre los que se cuentan algunos de los que decidieron adelantar su marcha gracias a la subida del 8,5% que este año se ha aplicado a la nómina de los jubilados. Aquellos que dudaban si dar el paso, lo dieron y gracias a esa alza histórica han esquivado las penalizaciones por adelantar el retiro.

En diez años la plantilla ha pasado de 36.000 a 26.000 y hoy la edad media es de 60 años. Hay 10.000 trabajadores menos, pero el trabajo se ha multiplicado para estos funcionarios, encargados de gestionar y administrar todas las prestaciones del sistema, entre ellas casi diez millones de pensiones contributivas y decenas de subsidios y ayudas, además del ingreso mínimo vital. La situación ha generado una ola de descontento, que se refleja en el alud de quejas puestas en esta administración el pasado ejercicio, cuando se dejaron de atender cuatro millones de llamadas, tal y como adelantó este diario.

Objetivo incumplido

Pero las soluciones de Escrivá no convencen a los sindicatos por el aumento de la temporalidad en la Administración que supondrá la avalancha de interinos. En la actualidad, 1.025 se dedican en exclusiva a la tramitación del ingreso mínimo vital y se han incorporado 1.600 más, vinculados a la ejecución de las recientes ofertas de empleo público de 2021 y 2022. Unos datos que situarían en torno al 12% la tasa de temporalidad en la Seguridad Social, lejos del compromiso formalizado por el Gobierno en el Plan de Recuperación para reducir la temporalidad de las plantillas públicas al 8%, recuerdan las fuentes consultadas por ABC.

Estas mismas fuentes aseguran que los porcentajes aumentarían hasta el 18% si Escrivá es autorizado por Hacienda a contratar a interinos en el proceso de elección. También recuerdan que el uso abusivo de la figura de los interinos desencadenó la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha obligado al Gobierno a disponer un masivo proceso de estabilización de plazas para adaptar su plantilla fija a las necesidades reales de personal de la Administración.

El malestar de los funcionarios por esta decisión es mayúsculo. Se quejan, además, de que el personal interino que se ha contratado para la Seguridad Social procede del SEPE, con una categoría A2 o C1, «personas sin formación específica en Seguridad Social, con más de 60 años, a quien el funcionario de inferior categoría tiene que enseñar todos los procedimientos, sin que esta formación esté siendo remunerada». Añaden también que falla la promoción interna y que «no se cubren la totalidad de las plazas debido a la complejidad de los exámenes».

Un goteo de protestas

La falta de personal y la táctica de Escrivá para incorporar nuevos efectivos en la Seguridad Social no es el único motivo por el que los sindicatos de funcionarios CSIF, CC.OO. y UGT están enfrentados con la política del ministro, que ha dado pie a un goteo de movilizaciones desde el pasado 23 de octubre en Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla y Albacete, y que terminará, si nada lo remedia, en una huelga.

Las centrales sindicales preparan una gran movilización contra la política seguida en la Seguridad Social «por los reiterados incumplimientos de leyes y acuerdos en vigor». Entre sus quejas figura el incumplimiento heredado desde 2008 de negociar unas bases comunes para la negociación colectiva en concursos generales y específicos de méritos para el ámbito de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes.

25.000 ordenadores

Los funcionarios también se quejan de la negativa de la Seguridad Social a implantar el teletrabajo, tal y como aprobó en mayo de 2022 por el Consejo de Ministro para todas las administraciones. Recuerdan que mientras el ministro presume en sede parlamentaria del eficaz trabajo realizado durante la pandemia por los funcionarios desde sus domicilios, «con nuestros teléfonos, internet y ordenadores» ahora «nos niega el trabajo a distancia, después de haber adquirido 25.000 ordenadores portátiles».

Por último, CSIF, CC.OO. y UGT reclaman al Gobierno que cumpla con el acuerdo suscrito en el año 2018 y revise los plus de productividad que se pagan del personal de la Seguridad Social. Explican a ABC que dada la carga de trabajo, tanto en la atención al público, telefónica, telemática o de gestión, urge incentivar al personal.

Fuente: abc.es

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