Consideran “insuficiente” la dotación dedicada a la administración de Justicia en los Presupuestos Generales y afirman que “es la cenicienta” del Estado
Tras la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJs) y junto a los paros de los funcionarios de los juzgados, las asociaciones judiciales y fiscales han anunciado este lunes su intención de convocar una huelga indefinida de jueces a partir del 16 de mayo como medida de denuncia por la “falta de dotación” a la Justicia, ya que consideran “insuficiente” los recursos dedicados a este ámbito en los Presupuestos Generales del Estado. El paro indefinido, de producirse finalmente, comenzaría a menos de dos semanas de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas.
“En la Administración General del Estado la administración de Justicia es la cenicienta, las cargas de trabajo que tienen los tribunales y fiscalías afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía, y todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y elevada litigiosidad”, señalan en un comunicado emitido varios de los colectivos de jueces y fiscales.
En concreto, ya han anunciado su intención de sumarse a esta huelga la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
Por su parte, la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, aunque comparten su opinión sobre la situación por la que pasa el sistema judicial, han anunciado que esperarán a una reunión prevista el 3 de mayo con el Ministerio de Hacienda para decidir si se sumarán o no a la convocatoria.
Jueces y fiscales anuncian este paro indefinido al considerar que se padece “un contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos”.
El Ministerio de Justicia que dirige Pilar Llop mantuvo sendas reuniones con las asociaciones judiciales el 31 de marzo y con las fiscales el 4 de abril, pero ambas han decidido elaborar un calendario de “medidas de presión” dado su descontento con el resultado de las reuniones. Y es que en octubre de 2022 el Ministerio de Justicia “desconvocó sin explicaciones” la Mesa de Retribuciones, un órgano previsto para la revisión de las retribuciones de los jueces y fiscales, según critican las asociaciones.
“PROPAGANDA GUBERNAMENTAL”
Las organizaciones que justifican la huelga dicen que no es suficiente con la convocatoria el 3 de mayo de la mesa, que podría desconvocarse en cualquier momento o concluir sin acuerdos, lo que consideran que sería “dilatar el acuerdo y servir de instrumento de propaganda gubernamental”. “La actitud prudente, callada y responsable que hemos mantenido hasta ahora, desde hace más de 1 año, no ha dado fruto alguno, sin que ni siquiera se nos haya permitido hablar directamente con el Ministerio de Hacienda, que legalmente forma parte de la Mesa”, explican.
Para los jueces y fiscales, esta convocatoria se produce en “un contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos”.
Las asociaciones expresan su firme propósito de trabajar para alcanzar un acuerdo que evite tener que poner en marcha las medidas de presión anunciadas, “desde la misma buena fe que nos ha animado hasta ahora”.
“No permitiremos, sin embargo, que esa actitud responsable que sirva una vez más de coartada para la inacción negligente de los Ministerios de Justicia y Hacienda, a los que, dentro del Gobierno, les corresponde velar porque nuestro país disponga de un sistema judicial eficaz que no es posible alcanzar si la labor de jueces, juezas y fiscales no se desarrolla en condiciones -también retributivas- adecuadas”, concluyen.
Por su parte, la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que finalizó el pasado 28 de marzo tras casi un mes de paro indefinido donde se suspendieron 350.000 juicios y vistas, terminó con un acuerdo con el Ejecutivo que contemplaba una mejora salarial de entre 430 y 450 euros. Este hecho ha sido el detonante clave para que el resto de funcionarios de este ramo hayan decidido secundar la huelga como medida de presión para lograr sus reivindicaciones salariales.
Fuente: elmundo.es