La reforma laboral surte efecto entre las empresas, pero las administraciones públicas siguen abusando de la contratación temporal para cubrir empleos estructurales.
En el primer año de aplicación de la reforma laboral, se puede considerar que ha cumplido sus dos objetivos prioritarios: sustituir empleos temporales por indefinidos y no destruir empleo durante esta transición. A lo largo del año, se destruyeron casi 1,3 millones de empleos temporales y se crearon casi 1,5 millones de puestos indefinidos. De estos, 220.000 fueron fijos discontinuos, mientras que más de 1,3 millones fueron indefinidos permanentes. Esto es, por cada fijo discontinuo se crearon algo más de seis empleos fijos permanentes, de los cuales, cinco fueron a tiempo completo.
La tasa de temporalidad se redujo rápidamente, pasando del 25% a situarse por debajo del 18%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Un descenso de más de siete puntos porcentuales que permiten a España colocarse ya cerca de los niveles europeos de temporalidad. Sin embargo, esta mejoría en la calidad de la contratación fue exclusiva del sector privado, ya que las administraciones públicas mantuvieron sus privilegios legales para conservar miles de trabajadores con contratos temporales.
Antes de la pandemia, la tasa de temporalidad en el sector privado y el público era similar. De hecho, históricamente la precariedad había sido superior en las empresas, aunque la brecha comenzó a reducirse durante la crisis financiera como consecuencia de las limitaciones a la contratación que introdujo el Gobierno. En la pandemia se invirtieron las curvas como consecuencia de los despidos masivos de trabajadores temporales en el sector privado, pero se trataba de un movimiento de corto plazo. El equilibrio cambió definitivamente con la aprobación de la reforma laboral. En ese momento, la tasa de temporalidad del sector privado empezó a reducirse rápidamente, pasando del 24% a caer por debajo del 15% en el último trimestre de 2022.
Por el contrario, en el sector público la temporalidad se ha mantenido en niveles muy elevados, por encima del 30%. Esto es, casi uno de cada tres trabajadores de las administraciones tiene un contrato temporal. La brecha ha crecido tanto que la tasa de temporalidad en el sector público ya duplica la del sector privado: el 30,2% frente al 14,8%.
Nunca en la historia se había producido tal diferencia en la calidad de la contratación entre la Administración y las empresas. El Gobierno firmó con los agentes sociales un acuerdo para la estabilización del empleo público en el año 2019 que tenía como objetivo favorecer que se hiciera fijos a los trabajadores interinos. Para ello, acordó un sistema de puntuación que premiaba la experiencia. Desde entonces, las distintas administraciones han lanzado convocatorias de plazas para la estabilización, pero también han seguido realizando contratos temporales. En consecuencia, los resultados de la lucha contra la temporalidad apenas se perciben, de acuerdo a los datos de la Encuesta de Población Activa.
La comparativa con Europa
Otro de los resultados relevantes de la reforma laboral es que España ya puede compararse con Europa en niveles de temporalidad. Aunque Eurostat todavía no tiene disponibles los datos de temporalidad del conjunto de la eurozona, se puede comparar con los resultados previos a la pandemia (cuarto trimestre de 2019), ya que a nivel comunitario no se han producido cambios significativos. (Para la comparativa, se utilizan como base los datos previos a la pandemia, porque durante el covid se destruyó mucho empleo precario que redujo la temporalidad de forma coyuntural).
En el año 2019, España tenía algo más de un 26% de contratos temporales, esto es, 10 puntos más que la media de la eurozona. Por el contrario, en el cierre de 2022 la temporalidad ya estaba por debajo del 18% y en el sector privado cayó del 15%. Se trata de cifras mucho más próximas a la media comunitaria que, además, se extienden a la mayor parte de los sectores. En concreto, a todos en los que el peso del sector público es muy reducido o nulo. En otras palabras: las empresas españolas ya se han equiparado a las europeas en niveles de temporalidad y ahora falta que las administraciones hagan sus deberes.
En la construcción, los contratos temporales eran dos de cada cinco antes de la pandemia, más del doble que la media comunitaria. Sin embargo, tras la reforma laboral, la tasa de temporalidad ha caído hasta la mitad: uno de cada cinco, situándose ya a solo tres puntos porcentuales del conjunto de la eurozona. Y eso a pesar de que en la construcción la reforma laboral salvó una especie de indefinido de obra y servicio que permite a las empresas hacer contratos por proyectos, pero con la obligación de ofrecer un nuevo proyecto al trabajador al finalizar el anterior o pagarle una formación a cambio.
La hostelería es otro de los sectores más afectados por la temporalidad: en España, alcanzaba el 35% antes de la pandemia. Sin embargo, al cierre de 2022 estaba ya en el 19%, después de reducirse a casi la mitad. Este descenso ha sido tan intenso que incluso mejora la media de temporalidad de la hostelería europea, que se sitúa en el 25%.
Lo mismo ha ocurrido en la industria manufacturera, el comercio o el transporte, actividades en las que había un gran exceso de temporalidad en España y que ahora se sitúan por debajo de la media europea. Por el contrario, la tasa de temporalidad en la Administración pública (excluyendo sanidad y educación) ha seguido creciendo en este periodo, pasando del 22% al 23%. Esto es el doble que en la eurozona.
En la educación y la sanidad, actividades en las que el sector público tiene una gran relevancia, también mantienen niveles de temporalidad muy superiores a los de la eurozona. Por ejemplo, en la educación la tasa de temporalidad llega al 26%, esto son seis puntos por encima del conjunto de la eurozona. Y en la sanidad los datos son peores, con una tasa de temporalidad del 31%, el doble que en la eurozona. Tanto en sanidad como en educación se ha reducido la temporalidad gracias al impacto de la reforma laboral sobre el sector privado, pero como el público tiene más relevancia, la caída es muy reducida: de apenas dos puntos porcentuales.
En definitiva, la reforma laboral ha conseguido situar España muy cerca de la media europea en niveles de temporalidad, al suprimir la mayor parte de los contratos con fecha definida que utilizaban las empresas. En algunos sectores, las empresas españolas ya tienen menos temporalidad que las europeas. Sin embargo, a nivel agregado de país, todavía es necesario que las administraciones públicas estabilicen su empleo, porque con casi un tercio de trabajadores con contrato temporal será muy difícil que España termine de cerrar la brecha con Europa.
Fuente: El Confidencial