- Aprueba una oferta pública de empleo de 39.574 plazas, 12.328 serán para la promoción interna
- Deberán convocarse antes del 31 de diciembre y quedar resueltas en los dos años posteriores
El Gobierno aprueba la oferta pública de empleo más ambiciosa de la historia. Los de Sánchez aprovechan uno de sus últimos Consejos de Ministros para impulsar un viejo acuerdo con los funcionarios por el que amplían en 27.246 el número de plazas correspondientes al turno libre; a ellas se añaden las 12.328 destinadas a la promoción interna, el 31,1% del total. Todas ellas, suman 39.574 nuevos puestos, un 15,8% más de las impulsadas a lo largo de 2022. | Editorial: Un coladero que asegura el empleo del ejército de asesores y políticos.
El acuerdo, alcanzado entre Hacienda, UGT y CSIF -pero sin CCOO, que se descolgó de las negociaciones- responde a las demandas de los sindicatos, que había pedido que buena parte de la oferta se dedicara a los empleados y empleados públicos que quieran cambiar de puesto dentro de la Administración. Entre ellos, se incluyen el personal interino, que será reclamado para reforzar departamentos estratégicos para la Administración, o aquellos en los que mayor respaldo se precise, como la gestión de políticas públicas, transformación digital, cohesión social, ciencia e investigación, infraestructura, transición ecológica, Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo e Instituciones Penitenciarias.
“Esta oferta incide en el objetivo de mantener la tasa de temporalidad por debajo del 8%”, aseguró la titular de Hacienda durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. “La oferta tendrá promoción interna y acceso libre”, revelan desde el ministerio que dirige María Jesús Montero, que no detalla el número de interinos beneficiados, “si hay casos, se tratarán de manera particular“. El plan se limita a guardar 1.525 plazas para mantener a raya la temporalidad pública. Aun así, la convocatoria no cuenta con plazas específicas para regularizar a los interinos como sí ocurrió en 2022, cuando el Gobierno ofertó 10.600 puestos para afianzar su situación en respuesta a la Ley 20/2021.
La norma fue aprobada en el Congreso y el Senado, que convalidó la norma con los votos a favor de PSOE o Unidas Podemos, y la abstención de PP y Vox, entre otros. De hecho, hace tan solo unas semanas el consejero de Justicia andaluz, el popular Antonio Nieto, demandó a Moncloa autorizar “una tasa adicional” dentro de la oferta destinada a terminar con la temporalidad en el empleo público, es decir, con la situación de interinidad de más de mil empleados solo en Andalucía. La corrección se produjo a través del decreto ómnibus aprobado a finales del pasado mes de junio. “Ojalá lo hubieran hecho antes”, dijo el consejero del PP tras conocer la corrección por parte de Moncloa.
Antes del 31 de diciembre
De hecho, el acuerdo aprobado ayer pone plazos a la resolución de la convocatoria. Deberán ponerse en marcha antes del 31 de diciembre de este 2023, y los procesos posteriores tendrán que estar culminados antes de que transcurran dos años desde su aprobación. “Para empezar, la fase de oposición tendrá una duración máxima de nueve meses y estará compuesta por hasta cuatro pruebas”, explican desde Hacienda. Esto tratará de evitar que la oferta de plazas se dilate en el tiempo y que un opositor no conozca el resultado de la resolución por un tiempo indefinido. “El fin es dar un nuevo impulso al empleo público como nueva fórmula de empleo estable y de calidad capaz de generar una opción profesional para la ciudadanía”, explica el departamento que lidera Montero.
El año pasado se aprobaron un total de 44.787 plazas, de las que 34.151 plazas correspondían a la oferta ordinaria y otras 10.636 a la oferta de estabilización de personal interino, que esta vez deberá competir con el resto del funcionariado.
Durante su exposición, la titular de Hacienda no dejó de confrontar su modelo con el del pasado Gobierno del Partido Popular. A doce días para la celebración de las elecciones generales del próximo 23-J, la ministra justificó la nueva oferta de empleo público en la necesidad de fortalecer una plantilla “resentida por los recortes y tasa de reposición cero del PP”, dijo. En concreto, Montero aseguró que entre los años 2012 y 2018 -bajo la presidencia de Mariano Rajoy- se perdieron más de 124.454 empleos públicos, desde la llegada de Sánchez a La Moncloa -añadió- se han creado 169.734. “Este balance pone a cada uno en su prioridad”, afirmó.
Del total de plazas convocadas, unas 29.818 plazas corresponden a la Administración General del Estado y de ellas, 19.900 son de nuevo ingreso. Para la Administración de Justicia se destinarán 1.907 plazas, de las que 1.215 son de nuevo ingreso. Para el Cuerpo Nacional de Policía se abren 2.833 plazas, de las que 2.600 son de nuevo ingreso, mientras que para la Guardia Civil se habilitan 2.875 plazas, 2.520 de nuevo ingreso.
También se incluyen otras 1.025 plazas que corresponden a la Seguridad Social para gestionar el ingreso mínimo vital (IMV), 500 plazas en la escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional que fundamentalmente desarrollan su trabajo en la Administración local, y otras 2.500 plazas más para entidades gestoras de la Seguridad Social que faciliten la atención presencial. “Necesitamos incrementar estos efectivos”, dijo Montero.
Fuente: eleconomista.es