Las oposiciones deberán estar finalizadas antes de dos años y no podrá haber más de cuatro exámenes
El empleo público seguirá siendo uno de los motores del mercado laboral español, como lo ha sido en esta época posterior a la pandemia, y se mantendrá en máximos tras superar este año los más de 3,5 millones de funcionarios. El Consejo de Ministros aprobó este martes, en plena campaña electoral, la mayor oferta de puestos para trabajar en la Administración del Estado de la historia, cerca de 40.000 plazas, aunque deja en manos del próximo Gobierno su materialización.
Antes de que termine el año las diferentes Administraciones tendrán que haber convocado un total de 39.574 plazas, un 15,8 % más que en el 2022; y, además, tienen la obligación de haber realizado todas las oposiciones en un plazo máximo de dos años. Es más, con el fin de agilizar y modernizar los procesos, la fase de exámenes no podrá durar más de nueve meses y no se permitirán más de cuatro pruebas. Así se establece en un real decreto ley que permitirá de nuevo crear empleo neto en el sector público (las incorporaciones superarán en 8.625 las bajas por jubilación) y que goza del visto bueno de UGT y CSIF, pero no de CC.OO.
Sin embargo, el Ejecutivo no ha podido batir el récord total de plazas ofertadas del año pasado, casi 45.000, puesto que en el 2022 se incluyó también una oferta extraordinaria para estabilizar los puestos ocupados por más de 10.600 interinos que este año no se ha repetido.
El grueso de los puestos ofertados corresponden a la Administración General del Estado, para la que se prevén 29.818 plazas, de las que 19.947 son de libre ingreso (es decir, para nuevos funcionarios) y 9.871 de promoción interna (para promover los ascensos de los trabajadores).
Con el fin de desatascar el colapso que sufren las oficinas de la Seguridad Social, cada vez con más carga de trabajo y con una oleada de jubilaciones entre el personal, se ofertarán 2.500 plazas para reforzar la atención presencial en este organismo, de las cuales 1.025 serán para la gestión del ingreso mínimo vital.
Asimismo, se dedicarán de forma específica 709 para los entes públicos y 1.094 para los funcionarios de administración local con habilitación nacional. Otro número destacado son los 8.790 puestos para funcionarios del cuerpo administrativo (subgrupo C1), para los que solo se exige tener el Bachiller y que representan casi el 40 % del total.
Para la Administración de Justicia se incluyen 1.907 plazas —lo que supone la mayor oferta de los últimos siete años—, otros 2.833 puestos para el Cuerpo Nacional de Policía y 2.875 en la Guardia Civil. Además, habrá 57 para personal docente, 66 para el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) o 236 para personal estatutario de la Red Hospitalaria de la Defensa. Hay que sumar, además, las 2.141 plazas que se aprobaron el pasado mayo para las Fuerzas Armadas y la Escala de Oficiales de la Guardia Civil.
Más atención a los ciudadanos
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, destacó que la atención a la ciudadanía, la cohesión social y territorial y la innovación y digitalización son los tres ejes estratégicos de esta oferta de empleo, ya que tres de cada cuatro nuevos puestos van enfocados a alguno de estos ejes.
El mayor número corresponderán a los servicios esenciales y atención a la ciudadanía, que suponen el 44,18 % de las plazas, para lo que se incorporará personal en los servicios de atención directa; el impulso a la industria de la cultura, la sanidad y vigilancia de la salud: el fortalecimiento del sistema penitenciario y la reforma integral y modernización de la Justicia. Otro 20,97 % de la oferta está vinculada a la cohesión social y la igualdad de oportunidades, donde destacan las plazas para empleo público inclusivo. Por último, el 12,07 % restante se volcará en la digitalización y la innovación, al contemplar los puestos correspondientes a cuerpos y escalas de transformación digital e I+D+i.
Fuente: lavozdegalicia.es