El ex administrativo del sindicato declara como testigo en el juicio contra la ex cúpula de UGT-A que comienza este lunes
Roberto Macías, el ex empleado de UGT-A que destapó la presunta trama diseñada por el sindicato para saquear subvenciones de la Junta de Andalucía destinadas a los cursos para parados, vuelve al lugar donde estuvo trabajando cuatro años hace ya más de una década. Lo hace en las vísperas del juicio que debe celebrar este lunes la Audiencia de Sevilla por el desvío de 40,7 millones de euros en subvenciones de la Junta, en la etapa de los anteriores gobierno andaluces del PSOE.
Se sientan en el banquillo 15 acusados: cinco ex dirigentes sindicales vinculados a la antigua cúpula de UGT-A y diez representantes de las empresas que hacían de proveedoras del sindicato. Ellos colaboraron en la confección de facturas falsas, necesarias para perpetrar el fraude y engañar a la Junta de Andalucía.
La antigua sede regional de la federación andaluza de UGT en Sevilla, la que ordenó registrar la juez Alaya y donde se cometió, presuntamente, un fraude millonario a las arcas públicas, es hoy un edificio de apartamentos turísticos de lujo de tres plantas con piscina en la terraza. Para hacer la foto a Roberto Macías en 2016 en la entrada de la sede sindical, EL MUNDO tuvo que esperar a que se hiciera de noche y no quedara nadie en el edificio. Macías se convirtió en un apestado para la central sindical, después de que destapara la presunta trama.
Ahora, nada perturba la foto. Donde hace más de una década se cocinaba, presuntamente, el desvío de subvenciones, hoy sólo hay trasiego de turistas cargados de maletas que entran y salen del edificio de apartamentos.
EL JUICIO
Pero aunque la sede regional de UGT-A haya cambiado y no quede ni rastro de las prácticas presuntamente corruptas de antaño, su huella no se ha borrado. El presunto saqueo a las arcas públicas cometido por el sindicato vuelve a la actualidad y será diseccionado en el juicio que comienza este lunes. Está previsto que se prolongue hasta junio, dado el importante número de acusados, testigos, peritos, policías y guardias civiles que deben testificar.
«Al fin llegó la hora de que UGT-A se siente en el banquillo y devuelva el dinero público» que utilizó para financiarse de forma irregular, proclama, entre aliviado y preocupado, Roberto Macías, que declarará como testigo en el juicio contra la antigua cúpula sindical andaluza y sus proveedores de confianza. Lo han citado para el próximo 6 de febrero.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena global de 26 años de cárcel y 200 millones de euros de multa por delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil para cuatro ex responsables de la federación andaluza de UGT. Francisco Fernández Sevilla, el ex secretario general de UGT-A que se vio forzado a dimitir por el escándalo en diciembre de 2013, se enfrenta a una petición del fiscal de 7 años de cárcel.
Idéntica pena de 7 años ha exigido para Federico Fresneda, tesorero del sindicato durante 15 años entre 1998 y 2013; otros 7 años de prisión para María Charpín, secretaria de gestión económica durante la etapa investigada y ex vocal de la comisión de garantías de UGT Confederal; y 5 años de cárcel para Lola Sánchez, responsable del departamento de compras. En total, los 26 años.
A estos cuatro ex responsables de la central sindical, se suma Enrique Goicoechea Salazar, administrador y consejero delegado de la empresa del sindicato Soralpe, un cargo nombrado por la comisión ejecutiva de UGT-A. Este procesado también se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 7 años de prisión y a una multa de 50 millones.
Sobre el sindicato podría recaer una posible condena de 290,7 millones, ya que la Fiscalía ha pedido que sea responsable civil subsidiario de todo el supuesto fraude, que se eleva a 40,7 millones, y «responsable solidario» de los 250 millones en multas que solicita en total para los cinco ex dirigentes del sindicato y Soralpe. UGT-A insiste en que no hay delito alguno en este caso.
Roberto Macías confía en que «los ex dirigentes de UGT-A no se vayan de rositas», aunque recuerda que ya hay uno que se ha librado. Se trata de Manuel Pastrana, secretario general de UGT-A desde 1998 a 2013, a quien el juez instructor atribuyó -a su «decisión directa»- que se implantara una central de compras en 2006 que tuvo «especial relevancia» en los mecanismos para desviar subvenciones: el rápel y el controvertido bote. Pastrana figuró como imputado, pero nunca llegó a declarar ante el juez y se archivó la causa contra él por la enfermedad que padece.
El ex administrativo del sindicato contrapone la situación de los acusados del fraude millonario de UGT con la suya propia. Tras destapar el fraude, el sindicato lo denunció por copiar miles de archivos de su contabilidad interna, la Policía registró su casa y fue condenado a un año de cárcel por revelación de secretos. Ahora está pendiente del recurso que ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional y de que el juzgado decida si admite o no la suspensión de su condena para evitar la prisión. Al ser una pena inferior a los dos años y no tener antecedentes, lo normal es que se le conceda.
«A mí me han aplicado la justicia del robagallinas, a UGT, la de los poderosos», lamenta el ex administrativo del sindicato, que recuerda cómo la investigación judicial sobre la trama sindical estuvo varios años paralizada en el juzgado a falta de la pericial que debía fijar la cantidad defraudada. Los años transcurridos pueden hacer que haya delitos que prescriban o que los jueces aprecien «dilaciones indebidas», que reducirían las condenas. Si es que, finalmente, las hay.
El día que se celebre el juicio contra los ex dirigentes de UGT-A será un día importante para Macías. «Llevo más de una década pidiendo justicia y que UGT pague», subraya Macías, que está deseando prestar declaración como testigo. «Como los condenados a morir, que desean que llegue esa fecha, yo también anhelo que llegue ya el día del juicio».
Él es un testigo clave de la presunta trama. Trabajó como administrativo en la sede en Sevilla de UGT-A desde el 5 de diciembre de 2008 hasta que fue despedido el 30 de noviembre de 2012. Estaba adscrito a la Central de Compras, donde se coordinaban y centralizaban los pedidos, compras, facturación y gestión del gasto del sindicato. Es decir, la cocina del fraude. Su vinculación con UGT-A es anterior, ya que en 2006 fue contratado por la empresa del sindicato Soralpe. Precisamente el periodo temporal que abarca el presunto fraude que se verá en el juicio es el que va desde 2009 a 2013.
«Fui testigo de las prácticas irregulares e ilícitas que implantó UGT de forma sistemática para desviar subvenciones», asegura Macías, quien recibía «órdenes directas» del tesorero Fresneda.
La Fiscalía Anticorrupción también lo ve así en el relato de los hechos que ha plasmado en su escrito de acusación. Sobre el bote y el rápel, que iba engordando con las facturas simuladas, el fiscal señala que «tal fue su osadía» [de una responsable de UGT-A] que el manual de contabilidad que manejaba el sindicato «llegó a poner ejemplos con un proveedor real de los que facturaban falsamente» para que los empleados del sindicato supieran cómo «manejar y contabilizar» esos recibos.
La instrucción judicial de este caso tuvo algunas lagunas. A los retrasos se unió que nadie tomó medidas cuando UGT-A vendió su sede, ahora reconvertida en apartamentos turísticos. Con ella podía haber hecho frente a las sanciones económicas que pudieran caerle. Roberto Macías avisó al juez instructor. Pero nunca obtuvo respuesta. ¿Quedó impune un alzamiento de bienes?
ASÍ DESTAPÓ EL MUNDO EL ‘CASO UGT-A’
Las revelaciones periodísticas de EL MUNDO fueron claves para que la Justicia comenzara a investigar a la federación andaluza de UGT. Este diario destapó que el sindicato se estaba financiando de forma irregular con subvenciones de la Junta de Andalucía. Fue la primera información que publicó el 30 de julio de 2013 con el siguiente titular:«UGT se gastó en la publicidad de una huelga dinero de una ayuda para formación a parados». Esa exclusiva provocó que la Fiscalía Superior de Andalucía moviera ficha y ordenara a la Policía que investigara este asunto. Luego llegaron las juergas en la Feria de Abril con dinero público y los maletines falsificados en Asia que el sindicato repartió en uno de sus congresos. La investigación judicial avaló las pesquisas de este diario.
Fuente: elmundo.es