Unos mil interinos que trabajan en la Junta de Andalucía, algunos de ellos desde hace más de dos décadas, se quedarán en el calle próximamente, como consecuencia del proceso de estabilización de empleo público desplegado por la Administración andaluza. Pero el colectivo no se resigna y ha lanzado varios SOS. No quieren que quede ni una sola puerta a la que no hayan llamado. Y se han dirigido a la Comisión Europa, a la Casa Real y también a los tribunales. El objetivo es consolidar sus plazas y no verse sin empleo tras, años y años, renovando puestos en la Junta, muchas veces en «fraude de ley», según denuncian.
El colectivo de interinos se encuentra en una encrucijada. La Junta se ha visto obligada a mover ficha y a estabilizar al colectivo, empujada por la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. El objetivo de esta ley es situar la tasa de «temporalidad estructural» -interinos de larga duración- por debajo del 8% en el conjunto de administraciones españolas. Esta ley trata de transponer la directiva europea 1999/70. Y lo hace con 22 años de retraso.
La directiva europea impide que se concatenen contratos temporales indefinidamente. En el sector privado se cumple a rajatabla, pero no es así en el sector público, como alerta el abogado Javier Araúz que está asesorando al colectivo de interinos y ha impulsado infinidad de pleitos sobre este asunto.
Para cumplir con la ley nacional, el Gobierno andaluz lanzó un BOJA extraordinario el 30 de diciembre de 2022 con los procesos para estabilizar casi 25.000 plazas que llevaban varios años ocupadas por interinos. Del total de plazas convocadas, 14.818 corresponden al Servicio Andaluz de Salud (SAS), 2.960 a Educación, 3.700 a entidades instrumentales y otras categorías de la Junta.
La Ley estatal 20/2021 obliga a las administraciones a convocar procesos selectivos para estabilizar plazas estructurales ocupadas temporalmente de forma ininterrumpida durante al menos los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020. Esta ley marca que todas las convocatorias de empleo público deben estar publicadas antes del 31 de diciembre de 2022.
En este proceso, los interinos con larga trayectoria en la administración sí cuentan con ventajas y logran estabilizar su plaza casi de forma automática. Pero los más de 1.000 interinos que se van a quedar en la calle próximamente no forman parte de este proceso extraordinario. De ahí que también denuncien el «agravio comparativo» que sufren con otros interinos que trabajan en la Junta.
UN PROBLEMA QUE DATA DE 2017
La estabilización de las plazas que ocupan los más de 1.000 interinos que se van a quedar en la calle comenzó antes de que entrara en vigor la Ley para reducir la temporalidad. Se hizo en el marco de la resolución de los procesos de estabilización y consolidación de las Ofertas de Empleo Público de los años 2017 y 2019.
Este proceso fue ampliamente contestado por los representantes de los trabajadores. Cinco sindicatos -CSIF, UGT, CCOO, ISA (Iniciativa Sindical Andaluza) y Ustea- se concentraron el 30 de marzo ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, para protestar por el «cese indiscriminado» de interinos que iba a provocar esa convocatoria.
Los cinco sindicatos denunciaron las triquiñuelas de la Junta con esas plazas y advirtió de que se convocaron justo antes de la entrada en vigor de la Ley sobre la temporalidad para «ahorrarse las indemnizaciones que corresponderían al personal temporal que cese» tras la entrada en vigor de esta legislación.
Los procesos de empleo público se dilatan en el tiempo. Los 1.000 interinos que se van a quedar en la calle están inmersos en las Ofertas de 2017 y 2019, pero éstas todavía no están resueltas. Ni mucho menos. Finalizan cuando el funcionario que ha logrado la plaza toma posesión, desplazando, en algunos casos, al interino.
Ramón García es portavoz de un grupo de interinos que lleva décadas trabajando en la Junta en la tramitación de fondos europeos. En representación del colectivo, ha dirigido cartas a la Casa Real y a la Comisión Europea, como explica a EL MUNDO. Él lleva 14 años como interino y, después de tantos años, ve peligrar su puesto de trabajo, pese a haber aprobado varias oposiciones, pero sin plaza. En la carta remitida al Rey, se queja de que, a pesar del «imperativo legal» para estabilizar al colectivo porque cumple los «requisitos exigidos», la Junta sigue sin «acatar la justicia comunitaria», que ya ha fallado a favor de interinos con larga trayectoria en la administración.
Denuncia, además, que, mientras los interinos que trabajan en fondos europeos están con un pie en la calle, los trabajadores del entramado de agencias y entes de la conocida como administración paralela sí van a consolidar sus plazas. «Nuestra sorpresa pasó a transformarse en indignación», cuando el BOJA de finales de diciembre del año pasado dejó «clara» la intención de «estabilizar a todas las agencias que integran la Junta», algunas de ellas investigadas por los tribunales, como la extinta Faffe, con causa abierta en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, indica el interino en su carta al Rey.
El SOS de los interinos también ha llegado a Bruselas. «Hemos contactado con diversas instituciones europeas, entre ellas la Comisión Europea», para que «sean nuestros representantes políticos en Andalucía de forma personal los que carguen» con las posibles sanciones previstas por no estabilizar a los interinos de larga duración, explica el portavoz del colectivo.
Fuente: elmundo.es