La causa general por fraude en las subvenciones también afecta a UGT y a varias asociaciones empresariales, que esperan la decisión de la Fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito de acusación contra la cúpula directiva de CCOO en Extremadura donde solicita dos años y seis meses de prisión y el pago de una multa de 500.000 euros a cada uno de los seis máximos responsables de esta organización dentro de una causa general abierta por presunto fraude en las subvenciones recibidas en el año 2013 en los cursos de formación en esta comunidad autónoma. El caso también afecta a UGT, a las dos fundaciones ligadas a estos sindicatos (FOREM Extremadura e IFES Extremadura), a la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), a la Confederación Empresarial Cacereña, a la Federación Empresarial Plasencia y a Coeba por un fraude que se elevaría en ese año a 2,4 millones euros.
Por el momento, sólo se conoce la petición a CCOO y a la Fundación FOREM, a los que se les solicita el pago de sendas multas de 700.000 euros a cada entidad y se les impida obtener subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años ni tampoco a gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante este periodo. El presunto fraude de dos entidades asociadas fue presuntamente en este caso de 489.309 euros. Ambas entidades “lograron abaratar o minorar la carga salarial que soportaban “debido a las amplias plantillas con las que por entonces contaban, financiándola indirectamente por esta irregular vía”, según la Fiscalía.
La denuncia fue presentada por la Junta de Extremadura en marzo del año 2015 cuando gobernaba José Antonio Monago y hacía referencia a las subvenciones recibidas por cursos de formación a empleados que había aprobado la Consejería de Igualdad y Empleo en 2011 dentro de las ayudas de la Fundación Tripartita ara la formación en el empleo. Sin embargo, con el cambio de gobierno en la legislatura siguiente y el regreso de Guillermo Fernández Vara a la presidencia, la administración regional renunció como perjudicada al ejercicio de acciones civiles en el procedimiento abierto. El presunto falseamiento de las condiciones consistía en una facturación fraudulenta o sobrefacturación de los cursos muy por encima de lo que realmente costaron y/o incluyendo gastos muy por encima del valor de mercado, según reza la acusación.
La cifra global facturada multiplica en algunos casos hasta por ocho el coste comprobable del curso a partir de la suma de las facturas individuales existentes de cada uno de los diferentes gastos. Anticorrupción entiende que el dinero de las subvenciones iba destinado en cambio “de forma deliberada, ilícita y concertada” al pago de las nóminas de los trabajadores de ambas entidades que pasaban importantes dificultades económicas.
LAS CANTIDADES
En concreto, y a CCOO, se le concedieron 1.830.487,70 euros, para la realización de 97 actividades formativas a las que habrían asistido un total de 2.480 alumnos entre abril de 2012 y mayo de 2103. De esta cantidad, el sindicato justificó – aunque para la Fiscalía de forma irregular- 1.770.51 euros. El escrito de acusación destaca que el 16 de abril de 2012 se produce un nuevo acuerdo entre CCOO Extremadura y FOREM (creada por el propio sindicato a efectos fiscales y que no tiene ánimo de lucro, compartiendo en sus órganos a personas comunes) para que esta fundación tendría directamente la ejecución del 70%, pudiendo subcontratar el 30% restante. La acusación de la Fiscal indica que por estos cursos CCOO recibió de la Tesorería de la Seguridad Social el 50% del importe (915.243 euros) en un primer pago y otro segundo de 457.558 euros para una cantidad total de 1.372.802 euros.
Según Anticorrupción, “de forma coordinada y concertada”, los acusados construyeron diversos mecanismos destinados a trasladar una parte de los fondos públicos recibidos para subvencionar específicamente las actividades de formación de trabajo, y bajo una apariencia formal de regularidad, derivando esas sumas a las necesidades financieras de CCOO y FOREM que en aquellos momentos se encontraban con problemas de liquidez para asumir sus responsabilidades salariales”. De hecho, subraya que llegaron a existir “préstamos no devueltos de CCOO a FOREM, con unas pérdidas reconocidas de más de 177.000 euros”.
Anticorrupción detalla que los mecanismos de desvío se basan por un lado en los gastos de docencia, por un precio superior al permitido, lo que producía una “distorsión” entre el coste real por hora y el tope de 50 euros/hora que se utilizaba de forma sistemática, lo que generó unos sobrecostes injustificados. Se imputaron así, por ejemplo, 15.680 euros de coste, pero con una “pérdida parcial del derecho al cobro de la subvención por un importe de 145.959,9 euros”. También se destaca que los “supuestos formadores” no figuraban como docentes en la base de datos de gestión de estas ayudas y no se indicaba por parte de las entidades en qué consistía la información impartida por esos trabajadores.
Tampoco se justificaron las contrataciones de personal externo que asegura que se hicieron porque no constan facturas pagadas ni documentos contables de valor probatorio, “observándose una discrepancia sustancial entre lo justificado por CCOO ante la administración autonómica y lo declarado tributariamente”, con una diferencia de 236.649,58 euros. Lo mismo ocurre con los alquileres de aulas, costes asociados -personal de apoyo, gastos financieros y de infraestructura-.
En definitiva, la Fiscalía considera que CCOO no adoptó modelo alguno de organización o gestión encaminado “a la prevención de la comisión de posibles delitos cometidos por sus responsables o empleados en el desarrollo de la actividad ni planes o medidas algunas conducentes a ello”.
Los implicados en el caso de la estructura organizativa de CCOO son Miguel Ángel Coque, en su calidad de secretario de Formación y Empleo de este sindicato; Encana Chacón, actual secretaria general en Extremadura y en aquella época secretaria de Organización y Finanzas; Jaime Javier Fenollera, director ejecutivo de FOREM Extremadura; María del Carmen Muelas, coordinadora del área de Administración y Gestión económica de esta fundación; Rocío Ballester, responsable de Recursos Humanos y Financieros de CCOO Extremadura; y Julián Carretero, en aquella época Secretario General de este sindicato en la región.
RESPUESTA DE COMISIONES OBRERAS
Tras conocer el escrito de acusación, l sindicato CCOO ha lamentado que el caso siga activo “por el empecinamiento de la Fiscalía”, ya que es un procedimiento en el que “quien pudiera haber sido perjudicado, ha comunicado que no lo ha sido” y “en el que no existe daño o perjuicio alguno que resarcir”.
En el comunicado, CCOO afirma que la propia Fiscalía reconoce que las actividades formativas vinculadas a la subvención concedida en 2011 y ejecutada entre 2012 y 2013 “fueron impartidas sin observarse irregularidades”.
Añade que el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), con el aval de la Fundación Tripartita dispuso, en una resolución firme de 3 de diciembre de 2019, no solo que la formación había sido totalmente impartida, sino que tan solo una pequeña cantidad de la justificación aportada no cumplía estrictos requisitos meramente formales, sin que ello supusiera fraude de ninguna clase.
Fuente: elmundo.es