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Antifraude de la UE investiga a España por sospechas en la mala gestión de los fondos

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Un documento de la OLAF posterior al 23-J admite que abrió un proceso al Gobierno y rechaza informar a los afectados

a Oficina Europea Antifraude (OLAF) ha confirmado, a través de un documento oficial fechado el 27 de julio al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que ha abierto un proceso de investigación por la gestión de los fondos europeos Next Generation, que está realizando el Gobierno de Pedro Sánchez. Concretamente, se está actuando sobre los aproximadamente 500 millones que se podrían haber concedido al proyecto de Biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla, una iniciativa impulsada por un grupo empresarial de Castilla y León, integrado por Biorrefinería Multifuncional Barcial S.L., Desarrollos Bioenergéticos La Robla S.L., EA Bio Multifuncionall Buñuel Navarra S.L. y EA Multifunctional Biorefineries Green Holding Company S.L.

Este documento confirma al grupo de empresarios que no le puede facilitar los escritos que le reclama, en base a la normativa europea, como es la respuesta del Gobierno español a la petición de información que hizo la OLAF en su día, porque «habida cuenta del marco regulador antes mencionado, el Tribunal General consideró que el acceso público a los documentos de investigación de la OLAF sería especialmente perjudicial para la capacidad de la OLAF para llevar a cabo su misión, en aras del interés público. Como se explica en la respuesta a su solicitud inicial, este asunto fue desestimado en la fase de selección, que es una parte intrínseca del proceso de investigación».

Los impulsores de esta iniciativa llevan denunciando, tanto ante organismos comunitarios como la OLAF y la Fiscalía, como españoles, ministerios de Transición Ecológica, Industria y Hacienda, una «presunta trama corrupta». Sus acusaciones se concretan en que «es posible que se hayan solicitado subvenciones para un modelo industrial de mi propiedad (proyectos de biorrefinería protegido por patentes), o del mismo sector y en fraude, por parte de alguna compañía perteneciente al grupo o holding de Acciona» como así figura en el escrito de denuncia ante la Fiscalía europea, presentado el 11 de octubre de 2022 y que fue ampliado el 21 de abril de este año. Con anterioridad, el portavoz de este grupo empresarial, Vicente Merino, ya había denunciado el caso, en enero de 2022, a la Fiscalía Anticorrupción en España y el 7 de diciembre de 2021 ante el Juzgado número 6 de Zamora.

Reglamento europeo

El documento que los denunciantes han recibido ahora tiene gran importancia, según señaló a THE OBJECTIVE Vicente Merino, ya que confirma que la primera solicitud de información de la OLAF que desveló este periódico, ha continuado en un proceso investigador, a raíz de los documentos enviados por el Gobierno español. Hay que recordar que el origen de este caso se sitúa en el 22 de noviembre de 2022, cuando la OLAF solicita al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude del Ministerio de Hacienda información sobre «posibles irregularidades en el marco del proyecto de la Biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla». Este organismo europeo le daba al Gobierno español de plazo hasta el 15 de diciembre de 2022 para remitir esta información y «analizar si abre una investigación».

Precisamente son esos documentos enviados por el Gobierno español a los que los denunciantes quieren acceder. Su intensa búsqueda ha tenido sus frutos, ya que confirman, siempre según el portavoz de los empresarios, que hay caso. Para realizar esta afirmación se aferran a algunos de los párrafos de la respuesta de la OLAF a sus reiterados requerimientos de información. El más significativo podría ser este: «Al ser el documento que solicita un escrito dirigido a la OLAF por el Servicio Español de Coordinación de la Lucha contra el Fraude, su divulgación pondría en peligro esos intereses, al perjudicar posiblemente la cooperación de la OLAF con otras autoridades públicas».

Además, la OLAF también señala que «el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/20135, que regula la actividad administrativa de la OLAF, establece una obligación de confidencialidad respecto de cualquier información en el contexto de las investigaciones. Más concretamente, la OLAF está legalmente obligada a tratar la información transmitida u obtenida en el curso de una investigación, respetando la confidencialidad y el secreto profesional».

Finalmente, la OLAF ofrece otro argumento para rechazar la entrega de información como es el hecho de que «no existe un interés público superior que justifique la divulgación del documento solicitado». Este extremo es muy cuestionado por los afectados, ya que «se ha expuesto que el fondo del asunto es un presunto fraude al presupuesto de la UE y presuntos delitos públicos, entre ellos contra la propiedad industrial y malversación por parte del Gobierno de España».

Fuente: theobjetive.com

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