Roberto Macías asegura en el proceso de la Audiencia de Sevilla que la organización se financió con un «fondo de reptiles» a través de facturas falsas e infladas imputadas a la Junta de Andalucía
Jornada de máxima expectación en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra la antigua cúpula de UGT Andalucía por supuesta financiación ilegal del sindicato a través de catorce subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía para cursos de formación entre 2009 y 2013. Este martes ha declarado el extrabajador de la UGT Andalucía Roberto Alejandro Macías, que está condenado en firme a un año de prisión por «filtrar» a diversos medios de comunicación «información reservada y sensible» sobre la supuesta trama de las «facturas simuladas» de UGT Andalucía. Y, como cabía esperar, su testimonio no ha dejado títere con cabeza.
En el interrogatorio realizado por la Fiscalía Anticorrupción, Macías ha detallado que el sindicato ideó un sistema de botes con las compras que cargaba a las ayudas públicas utilizando para ello facturas «falsas e infladas» exigidas a sus proveedores de confianza. Este ejercicio de «maquillaje» contable, que fue perfeccionando año a año, proporcionaba un saldo o «excedente» para financiar actividades propias del sindicato, ha resaltado.
El testigo estuvo trabajando como administrativo en el departamento de compras de la UGT Andalucía desde el año 2008 hasta su despido en noviembre de 2012. Previamente, había estado unos cinco meses en nómina de Soralpe, la empresa propiedad al 100% del sindicato que éste empleaba para el alquiler de las aulas y locales de su titularidad en las que se impartían los cursos subvencionados.
El administrativo ha expuesto cómo funcionaba el supuesto mecanismo de defraudación. «Por correo electrónico [desde el departamento de compras del sindicato] se solicitaba a determinados proveedores que emitieran facturas por un servicio que no se había dado o que se había dado por un importe inferior. Eso pasaba a ese bote que podía ser un fondo de reptiles», ha ilustrado al tribunal. Más adelante, ha abundado en esta idea a preguntas de las defensas de los acusados y ha afirmado con rotundidad que hubo «una defraudación generalizada de fondos públicos» a través de los denominados botes y las comisiones que el sindicato obtenía «ilícitamente».
¿Cómo se articulaba este sistema de doble contabilidad? El sindicato computaba de manera diferenciada las facturas y los llamados «albaranes de bote o de entrega». «Con esos albaranes, el sindicato compraba todos los bienes y servicios que no eran objeto de la subvención», ha remarcado. Este «excedente» permitía al sindicato comprar merchandising, banderolas o destornilladores, «todo lo necesario para la actividad sindical», ha especificado este trabajador, que se ha presentado como el «último mono» de la organización, un subordinado sin capacidad de decisión.
En este proceso se sientan en el banquillo exdirigentes de la organización y diez proveedores por el desvío de 40,7 millones de euros de fondos públicos. La Audiencia está juzgando al ex secretario general de la UGT-A Francisco Fernández Sevilla, al ex tesorero sindical Federico Fresneda y a otros tres ex dirigentes de la antigua ejecutiva del sindicato: María Charpín, secretaria de gestión económica durante la etapa investigada; Dolores Sánchez Montaño, responsable del departamento de compras; y Enrique Goicoechea Salazar, consejero delegado y administrador de la empresa del sindicato Soralpe, designado por la comisión ejecutiva del sindicato.
«Preocupación» por las facturas falsas
El extrabajador, que ha comparecido como testigo en el proceso que celebra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, ha negado que tenga «ninguna enemistad» hacia los dirigentes del sindicato en el que estuvo trabajando y que lo acabaron cesando. Su principal «interés» es que «si ha habido fondos públicos defraudados, que los andaluces lo recuperen», ha puntualizado.
Macías ha señalado al exsecretario de Administración y Finanzas de la UGT Andalucía Federico Fresneda como el ideólogo de este sistema de financiación a través de las subvenciones. El fiscal solicita para él siete años de prisión y una multa de 50 millones de euros e idéntica pena para Fernández Sevilla.
«Cuidado con las facturas falsas»
En mayo de 2006, Fresneda mantuvo una reunión con secretarios de Organización del sindicato en las provincias, según recoge un acta de dicho encuentro que ha mencionado en el juicio y que fue elaborado por Dolores Sánchez Montaño. En dicha reunión, ha relatado que «Fresneda manifiesta su preocupación porque se falseaban facturas y había que tener mucho cuidado. Y lo repite hasta en dos ocasiones», ha llamado la atención.
De este modo, el sistema inicial de control de los saldos creados con proveedores mediante unas tablas de Excel se sustituye por una aplicación informática denominada Spyro, encargada a una empresa externa, en la que se cataloga dichos excedentes con el llamativo nombre de «bote». A través de dicho programa, que contaba con un manual de instrucciones que se facilita a los trabajadores de la central, «el perfeccionamiento del fraude permite generar informes inmediatos» que se pasaban «de manera automática» a Federico Fresneda para que éste conociera la situación actualizada de los citados saldos, ha indicado el testigo al fiscal.
Como «el bote de un bar»
En su comparecencia, el administrativo despedido por la UGT en noviembre de 2012 ha recordado que estuvo presente en una reunión con la empresa encargada de realizar la citada aplicación informática para llevar la contabilidad del sindicato. En el encuentro se pone de manifiesto «en plan de cachondeo» que el fondo que manejaba con determinados proveedores «es lo más parecido al bote de un bar». «Ahí es donde se le llama bote», afirma.
Roberto Macías ha constatado que el sindicato «se está enriqueciendo» gracias a las subvenciones públicas a través de lo botes y porque determinadas facturas que aporta a la Junta de Andalucía para justificar ayudas no contemplan el descuento por ‘rappel’ que hacían los proveedores de confianza a petición de los mandos del sindicato. Con el tiempo, a partir del año 2010, asegura que el administrador y consejero delegado de Soralpe, Enrique Emilio Goicoechea, se puso en contacto con él para darle la instrucción de pasar a denominar dicho ‘rappel’ como «comisión».
El testigo ha asentido cuando el fiscal le ha preguntado si considera que hubo un supuesto «enriquecimiento» del sindicato «con cargo a los fondos públicos». Dicha alusión ha motivado una protesta del letrado que representa a la UGT-A, presente en el proceso como responsable civil subsidiario, que ha alegado que durante su testimonio el extrabajador no había hablado expresamente de dinero público para la formación.
En su declaración, Macías ha detallado, a preguntas del letrado de Fresneda, que los proveedores necesariamente debían ser «de confianza», porque «se prestaban a estos chanchullos». Con anterioridad había empleado este término cuando puso de manifiesto que dos proveedores, Chavsa y Siosa, emitían facturas relacionadas con el alquiler de aulas para la UGT-A con cargo al Plan Orienta subvencionado por la Administración autonómica y concebido para luchar contra el paro a través de servicios de asesoramiento para que los desempleados encuentren trabajo. «Al tratarse de facturas que van al bote, entiendo que ahí hay un chanchullo», subraya.
Cuando fue juzgado por filtrar a la prensa facturas de la UGT sobre viajes de los dirigentes sindicales, gastos con la VISA Oro, fondos en los bancos o el Libro Mayor del sindicato, Macías esgrimió que distribuyó los documentos porque «quería protegerme de las represalias de una organización criminal» con tintes «mafiosos». En el juicio, las defensas le recordaron dichas aseveraciones, entre ellas el letrado que representa al sindicato, José María Calero, quien a modo de broma le comentó que «habla el abogado de la organización criminal».
«Habla el abogado de la organización criminal»
En la recta final de su comparecencia, Calero le preguntó a Macías si había cobrado «por filtrar información a la prensa» sobre las supuestas facturas falsas del sindicato. El testigo le soltó: «El ladrón se piensa que todos son de su condición». La respuesta provocó el murmullo en la bancada de los abogados de la defensa, algunos de los cuales censuraron sus comentarios al considerarlos «impropios». Sin embargo, no lo apreció así el presidente del tribunal, Ángel Márquez, que estimó correcta su contestación atendiendo a la pregunta formulada.
Macías fue juzgado y condenado en primera instancia por «divulgar directamente en los medios de comunicación la información reservada» del sindicato, en lugar de utilizar «los canales internos y externos de denuncia», según determinó en una sentencia la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla. La Sala apreció como circunstancia atenuante el retraso de esta investigación y rebajó a la mitad la condena de dos años de prisión impuesta por el juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla en mayo de 2020.
Las informaciones publicadas por la prensa y la investigación judicial sobre las supuestas facturas falsas causaron un auténtico terremoto en la central que obligó a dimitir al líder regional y hoy acusado, Francisco Fernández Sevilla, en el año 2013. El citado exdirigente, cuatro ex responsables más del sindicato y diez proveedores, se sientan en el banquillo por «defraudar» 40,7 millones en ayudas concedidas por la Junta en la etapa del PSOE. Están acusados de un delito continuado de fraude de subvenciones y otro de falsedad documental. La Fiscalía pide 26 años de cárcel para ellos y 200 millones de multa.
Fuente: sevilla.abc.es