José Luis Escrivá prepara la mayor reforma de la función pública en la reciente historia democrática de nuestro país. Y será inminente. El ministro de Transformación Digital, que en esta legislatura ha adoptado las competencias sobre los recursos humanos del aparato burocrático, ultima una batería legislativa para revolucionar la Administración General del Estado (AGE), que adoptará criterios más profesionales, similares, en algunos casos, a los que utiliza la empresa privada. El paquete se concretará en tres leyes que se aprobarán durante este año, según figura en el Plan anual normativo 2024, al que ha tenido El Confidencial.
El documento, a través del cual los diferentes ministerios remiten sus propuestas normativas para el curso vigente, pone negro sobre blanco la hoja de ruta explicada por el propio Escrivá en su comparecencia en el Congreso el pasado 31 de enero. El espíritu es el mismo que expresó entonces, pero ahora se conocen las herramientas. Y, sobre todo, los plazos. Escrivá quiere hacerlo (casi) todo este mismo año, y centralizará la mayor parte de su reforma en una norma cuyo encabezado constituye, por sí mismo, una declaración de intenciones: Ley para la Transformación de la Administración Pública.
Transformación Digital propondrá un profundo lavado de cara que complemente la organización tradicional de la Administración General del Estado por departamentos (ministerios, direcciones generales, subdirecciones generales, etc.) con otra por funciones y procesos. Es un sistema que ya funciona en los centros educativos más exitosos, que se organizan por proyectos en lugar de por asignaturas, y en la mayoría de empresas, que cuentan con equipos interdisciplinares para abordar los diferentes desafíos. Sin embargo, hasta ahora no tenía predicamento en un sector público demasiado rígido, donde los diferentes ministerios funcionan, a menudo, como organismos independientes, abundan las duplicidades y las rivalidades frenan el desarrollo de las políticas públicas y dificultan la interlocución con la ciudadanía.
La profesionalización que propugna Escrivá también contemplará “la exigencia de actuar con arreglo a planificación y dirección por objetivos, el fomento del empleo de los servicios comunes y la construcción de reservas de capacidad operativa con el fin de hacer la organización más resiliente ante los impactos externos”, según recoge en Plan anual normativo 2024. En definitiva: remar todos en la misma dirección, con una mayor flexibilidad para adaptarse a situaciones de crisis como la de la pandemia —que evidenció profundas carencias— y un mayor papel de la evaluación para asegurar el cumplimiento de las metas. En ese sentido, Transformación Digital también desarrollará durante este año el Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, que será aprobado por real decreto. Sin embargo, el propio Escrivá aclaró que este organismo estará adscrito finalmente al Ministerio de Economía, como se explica con detalle en este artículo.
La propuesta del ministro supone una nueva orientación teórica alejada de los criterios burocráticos de inspiración francesa, que todavía predominan en el sistema continental de las principales potencias europeas, como la propia Francia o Alemania. Algunas ideas de la Nueva Gestión Pública (NGP), predominante en el mundo anglosajón desde hace décadas, están presentes en el esbozo de la ley al que ha tenido acceso este periódico. La orientación a resultados es el mejor ejemplo.
Se acabó la Administración que funciona por inercia, eso que los politólogos llaman path dependence, y que se acaba traduciendo en una resistencia al cambio. Escrivá quiere que el siempre se ha hecho así deje paso a un método de prueba y error. “La ley introduce en el ámbito de la Administración pública elementos que favorecen la innovación, a través de cláusulas de creación de espacios controlados de pruebas regulatorias y tecnológicas, con el fin de habilitar la realización controlada y delimitada de pruebas que permitan aportar innovaciones de base tecnológica y regulatoria que puedan dar lugar a nuevas regulaciones, aplicaciones, procesos o productos, y contribuir con ello a una profunda transformación de la Administración pública”, reza el documento. De llevarse a cabo, herramientas como los programas-piloto serán cada vez más frecuentes a la hora de comprobar la efectividad de las políticas públicas y encontrar las mejores soluciones.
Adiós a la cita previa
El objetivo es que los usuarios no estén al servicio del aparato burocrático, sino, al contrario, para hacer “plenamente efectivo” su derecho a relacionarse con el Estado, “elemento que legitima la propia razón de ser de las administraciones públicas”, añade el texto. Esta visión, que también rima con la concepción del ciudadano como cliente que siempre tiene la razón —propia de la NGP—, se traducirá en un hito de gran calado para la vida de mucha gente: el final de la cita previa obligatoria, entre otros obstáculos “altamente disfuncionales” que no detalla el documento. Escrivá ya prometió en el Congreso eliminarla, pese a que como ministro de Seguridad Social siempre había negado los problemas con esta herramienta. Finalmente, este cambio irá asociado a la nueva norma y no a la modificación del artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, como había asegurado el propio ministro en un principio.
El ministro quiere acabar con dos puntos débiles: la falta de transparencia y de evaluación
En esta nueva AGE al servicio de la ciudadanía, la transparencia jugará un papel fundamental. Igual que ocurre con la evaluación, se trata de uno de los puntos débiles de la gestión pública en España, pese al espectacular avance de los últimos años gracias a la ley de 2013 y la incorporación a la Alianza para el Gobierno Abierto en 2011. España presidirá en el curso 2024/2025 este organismo multilateral, y albergará la Cumbre Mundial de Gobierno Abierto en 2025. El Gobierno aspira a ejercer el liderazgo en este ámbito a través de una nueva Ley de Administración Abierta, que garantizará que los sistemas documentales “estén concebidos de forma transparente desde el diseño, de modo que pueda aprovecharse todo el potencial de la sociedad de la información y la inteligencia artificial en acercar la Administración pública al conjunto de la ciudadanía”.
Transformación Digital remarca que esta es la senda dibujada por el Informe de la Comisión Europea sobre el Mecanismo de Estado de Derecho, que insta a consolidar los avances en nuestro país en materia de integridad, transparencia y participación en los asuntos públicos. El documento de 2023 daba una de cal y otra de arena: celebraba la mayor eficiencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pero lamentaba que aún no se hubiese implantado una estrategia anticorrupción —España es uno de los cinco países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que no dispone de ella, según un reciente informe de la propia OCDE— y que las reglas sobre los conflictos de interés de los altos cargos aún no estén suficientemente claras.
Estatuto del Directivo Público
Precisamente, la tercera gran ley que plantea Escrivá es el llamado Estatuto del Directivo Público, que permitirá delimitar esta figura, ya contemplada en el artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público, pero que hasta ahora no había tenido desarrollo. Una vez más, se pretende asemejar la gestión pública a los mejores criterios profesionales que ya existen en la alta dirección privada, como hacen los “modelos de madurez” que rigen en nuestro entorno, destaca el Plan anual normativo 2024.
La nueva ley definirá este figura como el “elemento fundamental de engarce entre la dimensión estratégica de la definición de políticas públicas, situada en la esfera de atribución del Gobierno, y la dimensión operativa de las capacidades administrativas, situada en la organización administrativa”, y detallará su personalidad jurídica propia, a partir de los criterios ya existentes: designación basada en los principios de mérito, capacidad, idoneidad y mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia, evaluación con arreglo a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que le hayan sido fijados.
En la AGE, afectará a los directores generales y altos cargos asimilados a ellos, que tendrán, asegura el texto,”un conjunto de derechos y deberes articulados en torno al contrato de gestión y un alto estándar de exigencia de integridad”. Se trata, probablemente, de la mayor revolución entre todas las revoluciones, que los expertos en gestión pública llevaban tiempo reclamando. Por fin, aclarará el lugar que ocupan quienes siempre nadaban entre dos aguas: la política y la funcionarial. El ministro ha llegado a decir que no descarta que el Estado fiche en el sector privado a este tipo de perfiles, como ya se hace en otros países de nuestro entorno, como el Reino Unido, que incluso publica las ofertas en la red social LinkedIn.
El paquete se completará con un real decreto para regular el teletrabajo en la AGE, un fleco que quedó pendiente tras el decaimiento de la Ley de Función Pública por el adelanto electoral para las generales de julio de 2023, y la aprobación del Estatuto de la Agencia Estatal Instituto Nacional de la Administración Pública. Además, el ministro ha anunciado que sustituirá la tasa de reposición por otro mecanismo más flexible para adaptar las vacantes a las nuevas necesidades.
Todas estas normas darán continuidad a los primeros pasos que ya ha dado Escrivá en los pocos meses que llevamos de legislatura. Tras el fracaso de la Ley de Función Pública, el Gobierno aprobó en diciembre un real decreto con varias de las reformas que incluía esa norma, en línea con las comprometidas en el plan de recuperación para recibir los fondos europeos. La más importante de ellas era la evaluación por desempeño de los funcionarios, que ahora se revela como el aperitivo de una transformación mucho más profunda.
Fuente: elconfidencial.com 02.04.2024