La resolución judicial de un juzgado de Elche, anulando el proceso de consolidación que la corporación ilicitana puso en marcha para ‘dejar fijos’ a sus temporales, anulando las bases donde el trabajo prestado en el ayuntamiento se valoraba cuatro veces más que el mismo trabajo en otras administraciones, pone de manifiesto lo que algunos veníamos advirtiendo, que la nueva ley, haría trabajadores de primera y de segunda categoría.
Ha habido y habrá ayuntamientos que con las mismas bases, no solo han culminado con éxito su proceso, ya que nadie las impugnó, y la administración competente para personarse, hace dejación de sus funciones en nombre de decisiones políticas.
Pero lo ocurrido en Elche es solo la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en multitud de convocatorias que han sido impugnadas, y es que con la normativa en la mano, tiene difícil encaje algunas bases que se están publicando, porque una cosa es consolidar plazas y otra muy distinta, consolidar personas.
Tarde o temprano, tendrá que ser el Supremo quien dicte jurisprudencia, aunque a la velocidad que va la justicia, por fortuna para miles de interinos y para desgracias de miles de interinos, todo dependerá del juez o jueza que te toque en la terna.
Así que tenemos ex temporales ya convertidos en fijos que están todavía celebrando un proceso que les dio estabilidad, mientras otros se miran entre ellos diciendo: ‘era todo demasiado bonito para que fuera verdad’.
Lo más grave, es que son los propios poderes públicos, los que están creando trabajadores temporales de primera, de segunda y hasta de tercera, como son los trabajadores por programas, que siguen en un limbo jurídico que como dice una gran periodista de este medio, que por nadie pase.
Autor: Miguel Hernández Valverde
Fuente: La Opinión de Murcia