opositores en exámen

Decenas de miles de funcionarios interinos y temporales han demandado a la Administración

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Exigen convertirse en fijos. Llevan diez, veinte o incluso treinta años encadenando contratos. Autonomías, diputaciones y ayuntamientos tienen hasta final de año para convocar plazas

En los últimos cinco años, son decenas de miles los funcionarios interinos y temporales de todo el país que han demandado a las administraciones para reclamar convertirse en fijos. Muchos de ellos que llevan diez, veinte o incluso treinta años encadenando contratos se encuentran, a la espera de que se convoquen plazas y se termine con la precariedad en el sector público, que duplica a la de la privada.

Según la Encuesta de Población Activa, de los casi 3,6 millones de empleados públicos que había en el cuarto trimestre del año pasado, un millón tenía contrato temporal (30 de cada 100). Esta elevada tasa se ve incrementada por la eventualidad en comunidades autónomas y ayuntamientos, que concentran a nueve de cada diez empleados públicos temporales.

Juzgados de Madrid
Juzgados de Madrid

Segundo país de la UE con más temporalidad

Los últimos datos de Eurostat sitúan a España como el segundo país de Europa con mayor tasa de temporalidad (18 %) – tanto pública como privada-, superada solamente por Holanda (23 %).

El abogado que coordina la acción jurídica estatal del sindicato USO, Lucas González, destaca que la precariedad se ha reducido en las empresas privadas gracias a los esfuerzos del Gobierno: tras la entrada en vigor de la reforma laboral, la temporalidad en el sector privado se ha reducido hasta el 13,2 %.

“Es absurdo que el gobierno, que está haciendo leyes para que los trabajadores tengan un empleo fijo y estable, en su propia casa tengan que contratar temporalmente”, dice Lucas González a Confidencial Digital.

“Hoy en día es mucho más fácil ser temporal como funcionario que como personal de una empresa”, afirma.

Colapso en los juzgados y presión de la UE

En los últimos cinco años se ha ido produciendo un goteo constante de demandas de trabajadores de las administraciones que reclaman que les hagan fijos, tanto los funcionarios interinos como los de régimen laboral.

Los abogados de sindicatos y de despachos particulares pidieron a los jueces que elevaran esos casos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y lograron que se pronunciara.

El alto tribunal determinó que, conforme a la normativa comunitaria, las administraciones también tienen que luchar por la consolidación del empleo en todos los trabajadores, y que la temporalidad debe ser mínima.

Entre las mil demandas presentadas por USO aproximadamente y las de los despachos particulares, que llegan a las 3.000 o 4.000 cada uno, “se ha logrado saturar el sistema judicial y el Gobierno se ha visto obligado a promulgar la ley 20/2021”, explica Lucas González.

Cabe destacar la acción solidaria de algunos sindicatos, como USO, que, ante el elevado precio de los abogados privados (que pueden ascender hasta los 2.000 euros), han puesto a disposición sus servicios jurídicos gratuitamente para sus afiliados. Actualmente, USO mantiene su campaña “Reclamaciones de Contrataciones en Fraude de Ley”

Hasta el 31 de diciembre para convocar plazas

La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público es una norma que el Gobierno aprobó la pasada legislatura con el fin de reducir al 8% la tasa de temporalidad y estabilizar interinos. Este proceso busca ocupar las plazas con personal fijo, y hay de plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

No obstante, muchas comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos no han convocado plazas todavía. Y es cada administración la que decide qué manera llevar a cabo estos procesos de estabilización.

El portavoz de FAC USO, Iker González, ha explicado a Confidencial Digital que el tribunal de justicia europeo no determinó cómo se debía reducir la temporalidad, y que la ley 2021 tampoco ha llegado a desarrollar unas bases comunes.

Cada comunidad autónoma lo lleva a cabo como quiere, en función de los acuerdos que se hayan establecido en las mesas sectoriales”, ha añadido.

Éxito en las reclamaciones para ser indefinido no fijo

De las más de diez mil demandas presentadas de plaza fija en todo el territorio nacional, en torno a cuatro mil se han presentado en la Comunidad de Madrid, según datos de USO.

El portavoz y el abogado de USO relatan que han tenido muchas sentencias de éxito a la hora de reclamar el indefinido no fijo, ya que los jueces reconocen que se ha cometido un “fraude de ley” con las personas que llevan encadenando contratos durante décadas. Así que recurren a esta figura reciente hasta que se convoque una plaza y se les dé la opción de concursar.

Una trabajadora de La Moncloa

Uno de los más recientes es el caso de una trabajadora de La Moncloa que llevaba más de veinte años encadenando contratos en el puesto de consejera técnica. El despacho de Parrado Asesores logró que se le reconociera como indefinida no fija, y además una antigüedad desde el 3 de noviembre de 2003.

Los sindicatos piden convocatorias por concurso

A raíz de que no se hayan establecido unas bases comunes para toda la Administración, muchas plazas se están convocando mediante concurso-oposición, en los que, además de ser un concurso de méritos, también se debe pasar un examen.

En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la gran mayoría de los procesos se tramitan a través de esta modalidad.

Tanto la normativa para funcionarios como para personal laboral, explica el portavoz de USO, Iker González, determina que uno de los sistemas electivos para acceder a la función pública es el concurso. Desde el sindicato se ha pedido que se implemente este sistema, puesto que es el más adecuado y justo para las personas que llevan décadas trabajando en la administración sin un puesto fijo y sin haber podido acceder a ella porque tampoco se han convocado plazas.

Cerca de la jubilación

Esos trabajadores, que están cerca de la edad de jubilación, se encuentran con que deben competir con jóvenes que acaban de terminar una carrera. “¿Cómo le dices a una persona que lleva treinta años en un puesto de trabajo que si no pasa un examen no es apta?”, pregunta González.

“La persona que está trabajando no es la culpable de estar como está, sino la administración”, añade.

En esta línea, el Sindicato Unión de los Trabajadores (SUT) ha llevado a los tribunales la orden de la Comunidad de Madrid sobre los procesos de estabilización. El portavoz, Benito Laiz, ha denunciado que, en vez de convocar un concurso para los fijos discontinuos, lo hacen público, lo que ha provocado que cientos de trabajadores se queden sin empleo.

El 26 de enero se había señalado el juicio para tratar esta cuestión en el Juzgado de lo Social nº 32 de Madrid. ECD acudió a la vista, pero la jueza suspendió el procedimiento por considerar que no era un asunto de su competencia.

El letrado del sindicato argumentó que hace dos años, en el juzgado contencioso-administrativo les habían remitido al social por lo mismo. Finalmente, la magistrada anunció que iba a esperar que el juzgado social Nº5 de la ciudad, que está tramitando una demanda similar, plantee la cuestión prejudicial al tribunal europeo.

Aun así, les informó de que en la jurisdicción contencioso-administrativa existen sentencias desestimatorias al respecto.

A pesar de la decepción, Laiz asegura que seguirán luchando: “Vamos a recurrir lo que haga falta”.

Fuente: elconfidencialdigital.com 11.02.2024

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