Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia han mostrado en las XVIII Jornadas de Presidencias que se han celebrado en la isla de La Palma su preocupación por la situación general de la Justicia, con graves problemas de eficiencia y de organización.
Han explicado a través de un comunicado que “el sistema actual de la Justicia está totalmente superado y deteriorado y urge una profunda reforma del mismo, casi podríamos hablar de refundarlo” por su “diseño constitucional, el encaje institucional de su órgano de gobierno (CGPJ), su politización, real o aparente y, cómo no, los déficits organizativos y estructurales que lastran desde hace décadas”.
Asimismo han añadido que, a esto, se le suman dos acontecimientos que ponen a la Justicia en riesgo de parálisis o colapso, que son los retos pendientes de año tras año y la grave situación de conflictividad por las huelgas y el deterioro del servicio público”.
Por ello, han insistido en la necesidad de las reformas pendientes como los proyectos legislativos de mejora organizativa, procesal y digital y la crisis institucional del CGPJ, con el colapso en los nombramientos judiciales.
Porque tal y como explican en el escrito, “los proyectos de ley de Eficiencia Organizativa, Procesal y Digital se han visto nuevamente frustrados en su tramitación parlamentaria, impidiendo materializar, entre otras medidas, fórmulas de gestión y organización más eficientes (todo lo relativo al funcionamiento colegiado de los juzgados y tribunales), así como medidas de agilización procesal, tecnológicas y de medios complementarios de resolución de conflictos”.
FALTA DE CONSENSO POLÍTICO
Han echado la culpa de esta situación a los responsables políticos por dejar transcurrir a la situación a lo largo de varias reformas significativas “frustrando reformas necesarias en el sistema judicial por la falta de consenso político y visión de Estado”.
Asimismo, han destacado su preocupación por la gravedad de la situación de conflictividad actual, con importante suspensión de juicios y el gran perjuicio que esto supone a los ciudadanos.
“Por todo ello, urgimos al necesario encuentro y diálogo entre las partes interesadas para encontrar una salida al conflicto, que permita cuanto antes volver a la normalidad en el trabajo en nuestros juzgados y tribunales”, han resaltado.
También han reclamado “la imperiosa necesidad de adecuar la planta judicial al volumen e incremento de litigiosidad existente en nuestro país como forma de superar la actual lentitud de la justicia”.
IMPRESCINDIBLE EL INCREMENTO DE LA PLANTA DE JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL
Han consideran también imprescindible el incremento de la planta de jueces de adscripción territorial para contrarrestar las excesivas cargas de trabajo que arrastran muchos juzgados y tribunales, una vez constatada la política restrictiva en la creación de nuevos órganos.
En cuanto a la planificación y coordinación en la actividad gubernativa, creen “absolutamente necesario que el próximo CGPJ” inicie su mandato “con un ejercicio de planificación que resulte en un plan estratégico que explicite los compromisos de cada mandato y posibilite la adecuada rendición de cuentas ante la ciudadanía”.
“Dicha planificación plurianual, convenientemente actualizada mediante planes anuales, sectoriales o temáticos, deberá orientar, ordenar y dar coherencia a la actuación del CGPJ, al tiempo que permitirá alinear a dichos planes la operativa de las Salas de Gobierno, presidencias y decanatos”.
MEDIDAS DE APOYO
Han “propugnado la modificación del sistema de medidas de selección para puestos de servicio y asesoramiento en los órganos constitucionales, Gobierno, y Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, debiendo crearse el número de plazas orgánicas suficientes, sin acudir al sistema de comisiones de servicios que privan a los Tribunales Superiores de Justicia de los limitados medios personales con los que cuentan”.
Respecto a la creación de servicios de mediación intrajudicial han relatado que “ante el retraso que el decaimiento de la tramitación legislativa del Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal supone en la prevista implantación de servicios de medios adecuados de solución de controversias” consideran importante “insistir en la urgente necesidad de acometer el diseño y efectiva implantación de servicios de mediación intrajudicial que amplíen la carta de servicios que se ofrecen por el sistema de Justicia”.
Por último, han pedido al CGPJ que solicite al Ministerio de Justicia que valore poner fin a la situación de crisis sanitaria a los efectos de lo dispuesto en la disposición transitoria 2.a de la citada Ley 3/2020; o ,en su defecto, el CGPJ proceda a adoptar las medidas de adaptación a la situación sanitaria existente en la actualidad.
Fuente: CONFILEGAL