La Asociación Unificada de Militares Españoles argumenta que las intensas jornadas quiebran la conciliación familiar y la deficiente gestión de la unidad obliga a un sobreesfuerzo que no está bien remunerado
«Cuando existe abuso, precariedad laboral y la percepción de una retribución es inferior al trabajo realizado podemos estar hablando de explotación laboral», afirma el informe realizado por la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) sobre las condiciones laborales de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Tras remitir sus quejas al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la asociación de militares estudia otras medidas como la celebración de una manifestación o acudir al Defensor del Pueblo para denunciar el «abuso laboral».
Según el teniente Jorge Bravo, secretario de comunicación de AUME, «el desorbitado número de horas trabajadas en exceso muestran la falta de personal» en la UME, en la Base Militar Jaime I en Bétera, o bien «la gran carga de trabajo que se impone a la unidad sin tener en cuenta su número de componentes».
Para Bravo, la falta de una adecuada gestión de personal «da como resultado la quiebra del derecho del militar», y obliga a un sobreesfuerzo del personal de la UME, ya que tienen que adaptar jornadas y horarios que quiebran la conciliación personal, familiar y profesional.
«Aunque se puede entender la ineficacia de un horario en condiciones de imprevisibilidad, lo que no se puede admitir es la inexistencia de una regulación de tiempo máximo de trabajo continuado durante la intervención, como así ocurre en la UME», afirma el portavoz de la asociación de militares.
«Tienen una disponibilidad permanente y trabajan un número de horas al año que duplican las del resto de trabajadores públicos. Esto suele ocurrir cuando se confunde a las personas con números», añade Bravo. Como ejemplo pone la jornada establecida como norma general para los funcionarios públicos, 1.642 horas anuales, frente a las de militares de la UME, que realizan 2.248 y hasta 3.248 horas en un año.
Además de la peligrosidad y penosidad, la actividad laboral de los miembros de la UME está sometida a la imprevisibilidad de las emergencias, lo que conlleva el alto grado de disponibilidad y su espacio laboral «invade entonces el ámbito personal, familiar y social», explica el brigada Iván Alcántara, secretario de organización de AUME.
También señala que las retribuciones son insuficientes a pesar de que están por encima de las que cobran la mayoría de los miembros de las unidades de las Fuerzas Armadas. «Las retribuciones especiales están ligadas a la discrecionalidad del mando y no constituye una remuneración garantizada», precisa Alcántara.
Aunque los portavoces de la asociación de militares son conscientes de que la UME tiene que priorizar el cumplimiento de la misión ante una emergencia, también reclaman «la prevención de riesgos y satisfacer las necesidades de descanso, higiene y alimentación, siendo estos elementos necesarios para abordar la misión en las mejores condiciones».
El excesivo número de horas trabajadas y la falta de una buena organización de las situaciones de actividad y descanso «entran en conflicto con numerosa normativa referente a descansos, jornadas y prevención de riesgos, pero fundamentalmente choca con el equilibrio que ha de existir entre los deberes y los derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas», señala el informe.
Con respecto a las horas de descanso durante las emergencias, los militares suelen dormir en gimnasios o locales no habilitados para tal uso, tiendas de campaña o a la intemperie bajo vehículos o cobertizos. Sin embargo, otros miembros de los servicios de emergencia descansan en sus bases con dormitorios, y además tienen horarios más acordes con la eficacia y la normativa sobre prevención de riesgos.
«No se entiende que trabajadores que realizan la misma función, dependiendo de su procedencia (ámbito militar o ámbito civil), tengan unas condiciones de trabajo distintas y un reconocimiento (que implique una atención adecuada) desigual, llevando a los militares a la desatención por parte de aquellos que tienen la obligación de velar por sus derechos», asevera el informe.
Fuente: lasprovincias.es