El BOA publica un acuerdo para cubrir interinamente con personal fijo los puestos que deben ser cubiertos de manera urgente en servicios como centros docentes, prevención de incendios o parques de maquinaria, dejando así vacantes en las plazas de origen.
El Gobierno de Aragón ahonda en la precarización y reducción del empleo público con un procedimiento especial para cubrir puestos de trabajo de cobertura perentoria mediante traslados express de funcionarios fijos, en lugar de mediante bolsa de interinos”.
El sindicato STEPA denuncia que esto supone dejar vacantes las plazas de origen de los trasladados, y por tanto no solucionar la falta de personal, y aumentar la mala calidad en las condiciones laborales, cuando ya el 66,5% de los empleados en la Administración General de Aragón tiene destino provisional o de sustitución.
Además, critica la complicidad de los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial para avalar una norma que perjudica a los trabajadores, trabajadoras y la ciudadanía y que se salta la legislación básica estatal.
El BOA de este miércoles 22 de marzo ha publicado un acuerdo del Gobierno de Aragón (Orden HAP/280/2023) por el que se ratifica este procedimiento especial, acordado el pasado febrero entre la Administración y las organizaciones sindicales que participan en la Mesa Sectorial: CCOO, UGT y CSIF.
Por él, se crean dos listas voluntarias de funcionarios fijos para cubrir las vacantes o ausencias de más de un mes que puedan producirse: la primera para atender el puesto en comisión de servicios, y la segunda y supletoria, mediante promoción interna temporal. Solo en caso de agotamiento de la última se acudirá al personal interino.
STEPA recalca que “si el llamamiento obedece a necesidades de urgencia y para algo temporal no tiene sentido mover a un fijo que dejará otra vacante en su puesto en propiedad”, que tendrá que ser cubierta de forma temporal y conllevará mermas en los servicios públicos y mayores cargas de trabajo”. El sindicato señala que la solución es “mejorar los sistemas de llamamientos de interinos para que ante una necesidad perentoria se cubran con agilidad”.
En conclusión se trata de un “baile de personal” que solo muestra la persecución contra los interinos e interinas en abuso de temporalidad, a las que se sigue echando a la calle sin respetar su derecho legal a estabilizar su puesto de trabajo, y que también muestra las carencias en muchos servicios básicos de atención a la ciudadanía, especialmente en el medio rural, donde las plantillas son cada vez más escasas.
Solo una persona de cada cuatro es funcionaria con plaza definitiva
Así, la orden señala expresamente que se aplicará al personal de centros y residencias de servicios sociales y juveniles, centros docentes no universitarios, guarderías del Gobierno de Aragón, oficinas de empleo, operativo de prevención y extinción de incendios y parques de maquinaria; pero también se extiende a cualquier centro de destino “en los que, con motivo de vacantes o ausencias, no estén cubiertos, al menos, el 60% de los puestos de trabajo de la misma clase de especialidad”.
STEPA subraya que este caso solo es “el enésimo ejemplo de la nefasta política laboral del Ejecutivo de Javier Lambán, que no defiende ni la calidad ni la estabilidad en el empleo púbico, lamentablemente con la complicidad de algunos sindicatos que deberían defender a los trabajadores”.
Así, el último Boletín estadístico de personal del propio Gobierno de Aragón, con datos de diciembre de 2022, revela que el índice de temporalidad en la Administración General ha crecido veinte puntos en las dos legislaturas de Lambán y ya está en la cifra récord del 55,1% de la plantilla, pese a la obligación legal de reducirlo por debajo del 8%. De la misma manera, los datos oficiales muestran que apenas uno de cada tres trabajadores ocupa su plaza definitiva en propiedad.
En concreto, de las 12.113 personas empleadas, 7.941, el 65,6% del total, tienen un destino provisional o de sustitución, cuando la plaza fija debería ser una de la norma, tanto para garantizar las condiciones laborales como la calidad del servicio.
Sin embargo, la nueva norma aprobada supone, precisamente, fomentar aún más estos destinos no definitivos. Otro dato relevante es que las mujeres sufren especialmente este problema y el porcentaje las que están en esas plazas supera el 70% de la plantilla femenina.
Igualmente grave es que con este sistema, el Gobierno de Aragón se salta el Estatuto Básico del Empleado Público, la legislación básica y superior de nivel estatal, según la cual, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombradas las personas funcionarias interinas y laborales temporales.
Vulnerando esta regla, el cuatripartito introdujo en la Ley de Presupuestos de “tapadillo” una modificación sustancial en su normativa laboral, “con la connivencia de los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial, que se han blindado para formar parte de la comisión de seguimiento de su aplicación, negando la participación del resto de formaciones”.
“El Gobierno de Aragón, con el apoyo de CCOO, UGT y CSIF está articulando el desmantelamiento de los servicios públicos y a la precarización del empleo”, ha concluido STEPA, que ha llamado a toda la plantilla de trabajo público a revertir esta situación en las elecciones sindicales del mes de mayo.
Fuente: arainfo.org