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Diez investigadores de apoyo de la Estación de Toralla ganan juicios a la UVigo por cobrar la mitad

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La primera victoria ya fue confirmada con el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que vio probado el fraude de ley y la precariedad de los contratos de los técnicos de apoyo a los grupos de investigación

Un total de diez técnicos de apoyo a la investigación de la Estación de Ciencias Marinas de Toralla han ganado sus respectivos juicios en los juzgados de lo social contra la Universidad de Vigo para reclamarle una indemnización por sus contratos precarios en fraude de ley en los que cobraban la mitad que el resto de la plantilla asentada. El primero de ellos ya ha tenido a mediados de septiembre la confirmación favorable por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que concedió una indemnización de 55.600 euros a un ingeniero de apoyo que llevaba 13 años encadenando contratos temporales.

El laboralista Fabián Valero, de Zeres Abogados, ganó casos similares en la Universidad de Santiago, en el Instituto de Medicina Legal Luis Concheiro. «Se ve que las universidades gallegas, todo lo que es en el ámbito de investigación y apoyo, tienen un serio problema de precariedad e ilegalidad», dice Valero.

El abogado explica cómo funciona el supuesto modus operandi de la UVigo. Siempre según su versión, para dar soporte a los centros de investigación más señeros, como la Estación de Ciencias Marinas de Toralla o AttlanTIC, la Universidad crea equipos de investigación formados normalmente por funcionarios e investigadores en torno a los cuales se contrata personal de apoyo (alumnos, profesores o contratados) para hacer labores administrativas y, como han demostrado al menos diez sentencias en primera instancia, en condiciones precarias.

Valero señala que los grupos de investigación están formados por funcionarios e investigadores, que son personal laboral, al que se le aplica la normativa de la función pública o bien el convenio colectivo de la UVigo. «El problema es lo que hay después de formar estos equipos, pues hay una diferencia entre los investigadores principales y los que trabajan con ellos (alumnos, profesores, contratados) con contratos de personal de apoyo a la investigación.

Esta plantilla de apoyo ayuda en tareas administrativas, en el caso de Toralla, se encargan de la difusión y comunicación de acciones de los investigadores, captan subvenciones, hacen funciones de mantenimiento de equipos de investigación, de gestión o financiación o se encargan de atender a extranjeros que vienen a dar formación o colaborar con la UVigo. «Hacen funciones transversales en el ámbito de la Administración, la financiación y la facturación», indica.

«A toda esta gente, lo que hacen es contratarla mediante contratos temporales por obra y fuera de los convenios y cobran la mitad», dice Fabián Valero. Pone como ejemplo que en el convenio un funcionario o personal pas (personal de administración y servicios) «cobra aproximadamente un 40 % más que el personal de apoyo y este hace el mismo trabajo que un funcionario de Universidad o el personal laboral».

Merma de derechos

El letrado afirma que la UVigo «les hace contratos vinculados a la financiación externa o a proyectos de investigación, financiación europea y con condiciones de trabajo muchísimo más precarias, tanto por la temporalidad como por el problema vinculado a que no se les aplica el convenio colectivo, cobran menos y tienen una notable merma de derechos laborales en otras áreas». Ante esta situación, Fabián Valero se congratula de que «nos hayan dado la razón, ya tenemos la primera confirmación del TSJ».

Una reciente sentencia, del 13 de septiembre, la Sala de lo Social del TSXG ve probado que la Universidad de Vigo cometió fraude de ley al encadenar 21 contratos durante trece años a un ingeniero que trabajaba como técnico de apoyo a la investigación marina y al que despidió en el 2022 camuflándolo como fin de contrato. Su empleo era tan precario que él tenía que presentarse a sucesivas convocatorias de trabajo y en el 2012 logró la mejor puntuación en una. Ahora, la UVigo debe readmitirlo o pagarle una indemnización de 55.679 euros. El TSXG ve «fraudulenta» la contratación por no trabajar para un proyecto concreto.

Fuente: lavozdegalicia.es

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