- La subida aprobada será de entre 440 y 450 euros mensuales para jueces y fiscales y de 430 para los letrados.
- Los funcionarios de Justicia no han logrado acordar un aumento tras meses de protesta que culminaron en julio.
- Hacienda ya trabaja en los Presupuestos de 2024, que confía en aprobar en enero si Sánchez logra la investidura.
Meses después de pactar subidas salariales con los letrados de la Administración de Justicia -primero- y con jueces y fiscales -después-, el Gobierno ha dado luz verde a la ejecución de los incrementos en el Consejo de Ministros de este martes. Lo ha anunciado en rueda de prensa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha aclarado que los aumentos retributivos se implementarán “de forma progresiva, en diferentes hitos a finales de este año y a mediados del que viene para completar el acuerdo al completo a partir de julio de 2024”.
Para jueces y fiscales se ha decretado la actualización del complemento de destino por representación, con una subida de entre 440 y 450 euros mensuales. A los letrados se les aplicará un “complemento específico transitorio” de 430 euros mensuales con efectos retroactivos desde enero de 2023.
Con este anuncio, el Ejecutivo pone fin a buena parte del pulso que ha mantenido con los trabajadores de la Administración de Justicia desde principios de año, cuando los letrados judiciales convocaron una huelga que duró dos meses y terminó con el compromiso del Gobierno a aumentar los salarios.
Sin embargo, queda por resolver el conflicto con los funcionarios de Justicia, que convocaron su propia huelga pero no alcanzaron su objetivo: la subida salarial que reclamaban (de una cuantía menor) no se les ha concedido, pero los sindicatos cancelaron las protestas tras la convocatoria de elecciones generales. Tras conocerse la decisión del Consejo de Ministros, el sindicato CSIF, uno de los que formaron el comité sindical de los funcionarios de Justicia, ha anunciado que recurrirá la subida salarial acordada con los letrados.
Según ha comunicado CSIF, el aumento vulnera el derecho fundamental de negociación colectiva porque el acuerdo previo a la subida no pasó por la Mesa de negociación. “CSIF y el resto de sindicatos no vamos a pasar por alto la pésima gestión del conflicto por parte del Ministerio que dirige Pilar Llop y el clasismo, agravio y desprecio mostrados hacia el 93% de la Administración de Justicia“.
Luis Calero, representante de Justicia en Comisiones Obreras y también miembro del comité sindical, asegura a 20minutos que los funcionarios exigirán “inmediatamente” que se les ofrezca un trato igualitario y que posiblemente se retomará la huelga “en cuanto haya un nuevo Gobierno”.
El acuerdo con los letrados de la Administración de Justicia incluía una subida de entre 430 y 450 euros mensuales y la promesa de una reforma estatutaria que todavía no se ha puesto en marcha. Un detalle que las asociaciones de letrados han recordado a través de un comunicado publicado este mismo martes.
“Quedan aún por cumplir el resto de medidas del acuerdo y que exigimos que se hagan efectivas sin dilación: aprobación de un nuevo Estatuto Orgánico del cuerpo de letrados, aprobación del decreto regulador de nuestro régimen de sustituciones y desarrollo del actual sistema de retribuciones variables”, sentencia el comunicado que firman la Unión Progresista de Letrados, la Asociación Independiente de Letrados y el Colegio Nacional de Letrados.
Las asociaciones de jueces y fiscales lograron firmar un acuerdo el pasado 23 de mayo tras amenazar con convocar una huelga que finalmente no se produjo. Mientras que la subida salarial del cuerpo de letrados debió implantarse a partir del mes de julio, la de jueces y fiscales estaba prevista para el mes de octubre, por lo que sus demandas se han visto satisfechas en el plazo indicado.
El acuerdo, que el Gobierno calificó de “histórico”, incluye mejoras retributivas por valor de 46,7 millones de euros y una ampliación de plantilla de 200 plazas que se debe implementar entre este año y el siguiente. El Ejecutivo se comprometió además a constituir grupos de trabajos permanentes para mantener un “diálogo continuado” con las asociaciones y una comisión de seguimiento para certificar la correcta aplicación del acuerdo.
Seis asociaciones judiciales han publicado un comunicado en el que se congratulan de el paso dado por el Gobierno. Sin embargo, apuntan que hay varias medidas “de capital importancia” para el acuerdo que aún no se han implementado. Desde un “espíritu constructivo”, han señalado que seguirán reclamando el cumplimiento íntegro de lo acordado.
Ahora que las mejoras salariales de letrados, jueces y fiscales se han producido, quedan algunos cabos por atar para acabar con la conflictividad en la Administración de Justicia. No solo en lo referente a los funcionarios, el Gobierno debe lidiar también con la carga de trabajo extraordinaria que generaron las huelgas durante la primera mitad de año.
Los dos meses de huelga de los letrados judiciales (algo menos de 4.000 trabajadores) provocaron la paralización de 400.000 juicios, según las asociaciones. Los funcionarios de Justicia, que representan el 93% de la plantilla de la Administración, estiman que se suspendieron más de medio millón de juicios y más de un millón de actuaciones judiciales a causa de su huelga.