Es urgente un cambio radical que conceda justicia a un colectivo al que la Administración viene maltratando desde hace ya demasiados años
No. Ni se te ocurra decir eso. Nadie te va a regalar nada. De hecho, nadie, nunca, ha regalado nada al profesorado interino. No fue un regalo que empezaseis a cobrar la antigüedad, ni los sexenios. Fueron un montón de sentencias mediante las que los tribunales constataban que se os estaba discriminando.
Tampoco que algunos de vosotros dejarais de ser despedidos durante el verano, cargando sobre el fondo para el subsidio de desempleo los sueldos que debería pagar la Administración. Fueron los tribunales y la lucha sindical los que mejoraron un poco la cosa. El sistema de consolidación al que has concurrido tampoco es gratuito, es una forma burda que ha adoptado la Administración para intentar responder a las contundentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
De este tenor era mi réplica a una amiga interina que se debatía entre la ilusión de poder convertirse, por fin, en funcionaria de carrera y la duda de si en el fondo se merecía esa plaza soñada. El sistema de contratación de profesorado interino –en el resto de Administraciones, también ocurre, pero en Educación tiene unas características que lo hacen especialmente artificioso– es una anomalía fundada en el abuso de la contratación temporal y en la discriminación, que solo puede explicarse desde la prepotencia e insensibilidad que muestra la Administración en cuanto empleadora.
El acceso a una plaza interina debe regirse por los principios de ‘igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad’ según el Estatuto Básico del Empleado Público. Es una garantía constitucional que nos ampara en cuanto ciudadanos y trabajadores. El acceso a una plaza de funcionario de carrera ha de hacerse mediante la superación de un concurso-oposición. En principio todo impecable. Sin embargo, siendo un marco garantista, se ha convertido en la justificación para consolidar un sistema que perpetúa la concatenación de trabajo temporal, la discriminación y el menosprecio de más de un tercio del profesorado de la enseñanza pública.
Las administraciones educativas no han querido asumir que las plazas ocupadas por interinos han de tener un carácter temporal, solo justificado por razones de necesidad y urgencia. Eso explica que las convocatorias para cubrir plazas de funcionarios de carrera se hayan postergado, reducido u olvidado. Por ello hay interinos que llevan cinco, diez, quince, veinte, hasta treinta años como tal. Muchas veces ocupando la misma plaza.
Lo que viene denominándose oposición –que realmente es un concurso-oposición– ha pervertido su objeto como mero mecanismo de contratación, de selección de personal, para convertirse en una suerte de convalidación de los exámenes de acceso a la titulación. Así, quien no supere la oposición no merece ser considerado verdaderamente docente, aunque tenga años de experiencia y todos los títulos del mundo. «Vergüenza me daría no haber superado una oposición en veinte años», leía en un comentario en este mismo diario. Así, ese profesional que lleva años educando alumnado, que se ha estado formando, al que año tras año se vuelve a contratar, porque es necesario y porque lo ha hecho bien en su desempeño laboral, llega, incluso, a dudar de su competencia laboral aunque cuando se compara con sus compañeros funcionarios, la verdad, no encuentra razones que lo justifiquen.
Ahora, cuando el Tribunal Europeo ha condenado esta práctica española, todas las certidumbres en las que se basaba este sistema han saltado por los aires. El blindaje del Estado para abusar de sus empleados se manifiesta contrario al derecho europeo. Y cosas que hace unos años parecían imposibles se han hecho realidad. Es posible ser funcionario de carrera sin superar una oposición. Se convoca un procedimiento de consolidación de empleo mediante el cual algunos interinos, ya este mismo curso, lo han iniciado como funcionarios de carrera sin oposición (concurso-oposición) de por medio.
Sin embargo, lo que debería haber sido el modo en que el Estado reconociese el abuso y reparase el daño causado a un personal sometido a un régimen laboral penoso, se ha convertido en una muestra más de la nula consideración que este ha recibido por parte de la Administración. Las bases que regularon el proceso que, puesto que la causa que lo provoca es el abuso en la contratación temporal, debieran haberse fundamentado en los años de experiencia, han incluido unos méritos tan insidiosos que, por ejemplo, alguien que llevase treinta años ocupando la misma plaza, sin que nunca se convocase oposición para ella, se haya podido quedar fuera.
El número de plazas convocadas ha sido ridículo. Tanto que las jubilaciones, las pasadas y las pendientes, han enjugado el efecto consolidador de la medida. De nuevo quienes se han quedado fuera de la misma pueden caer en la trampa mental de pensar que no, esta vez tampoco, se lo merecían. Condición de la víctima que aún justifica su propia condición de víctima.
Es urgente un cambio radical que conceda justicia y reparación para un colectivo al que la Administración, un poco todos, viene maltratando desde hace ya demasiados años.
Es urgente que esas personas que han visto injustamente minusvalorado su trabajo levanten la cara, miren de igual a igual a sus compañeros funcionarios y exijan lo que se les debe. Ahí deberían estar, canalizando su fuerza, los sindicatos que, por cierto, han jugado un papel lamentable en toda esta historia.
Fuente: larioja.com