Las Administraciones cometen errores a la hora de convocar plazas, según expertos
La estabilización de interinos va a suponer un dolor de cabeza para los tribunales. La aplicación de la Ley 20/2021, aprobada hace casi dos años, produce un conflicto de intereses entre los interinos y los opositores. Los primeros piden ocupar una plaza fija con los mismos derechos que tienen los funcionarios opositores, y estos, a su vez protestan en contra de que los interinos tengan ventaja para acceder con el proceso de estabilización de la norma. De hecho, la justicia ya se ha pronunciado al respecto. Recientemente, el Tribunal Supremo falló a favor de los interinos reconociendo que la norma de estabilización es constitucional y no ventajosa para los interinos.
La ley de estabilización de interinos pretende reducir el abuso de contratación temporal y ajustarse a las condiciones que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) implora a España. Sin embargo, lejos de la realidad, la norma está generando mucha polémica ya que ambos bandos consideran que no se está llevando a cabo un proceso de igualdad para acceder a la Administración Pública. “Habrá multitud de impugnaciones de convocatorias, y posiblemente nulidades de adjudicaciones, si es que al final del tortuoso recorrido judicial del TJUE se termina en España consolidando la posibilidad de declarar fijo a un interino sin necesidad de pasar una nueva prueba selectiva”, reconoce Pablo Bernal, socio de Everfive.
En línea paralela, José María Monedero, socio del área de derecho público y regulatorio de Dikei Abogados, añade que hasta que no se solucionen las cuestiones prejudiciales que se han elevado al TJUE, los litigios seguirán presentes en los tribunales. “No está terminado todo, no se ha dicho la última palabra. Cada día seguirá habiendo un montón de litigios, mientras haya cuestiones prejudiciales en el Tribunal de Justicia Europeo, todo puede cambiar”.
Mala gestión
La ley de estabilización obliga a las Administraciones a sacar determinadas plazas de larga duración a través de un concurso-oposición. Mediante este proceso los trabajadores que han ejercido un cargo en las administraciones públicas tienen más posibilidades de optar a la plaza, dando mayor ventaja a un colectivo que a otro. Este escenario es a menudo criticado por los opositores, ya que el concurso premia la experiencia consagrada de los interinos con un 40% de la puntuación total y eso limita la igualdad de condiciones para ocupar una plaza en la Administración.
La problemática actual deriva de que algunas administraciones están cometiendo errores a la hora de iniciar los procesos para convocar dichas plazas. Javier Reyes, experto de laboral en Ceca Magán Abogados, apunta que hay Administraciones en las que un alto porcentaje de plazas mediante concurso de méritos no han sido convocadas y eso repercute “en un problema muy grave, porque implica que las personas que participan en esos procesos tengan menos posibilidades de estabilizar una plaza, porque hay menos que salen al concurso y, por tanto, menos posibilidades para acceder”.
Otro de los problemas que asola los tribunales es la falta de asesoramiento de las Administraciones para asentar las bases que se requieren en cada oferta de empleo. Fuentes del sector de funcionarios advierten de que, en ocasiones, se incumple la norma bien por ignorancia o por falta de orientación. Los casos no solo se producen en las entidades locales, sino también en una gran cantidad de entes instrumentales. Es el caso de muchas agencias e institutos públicos de determinados sectores con participación de capital público que, señalan, no han interpretado bien la normativa.
Toda esta tesitura desencadena que una gran cantidad de casos se eleven a los tribunales. Tal y como apunta Reyes, “se están produciendo impugnaciones que en algunos supuestos irán destinadas a alegar ‘mi plaza no ha salido’ o directamente ‘en mi Administración no habéis sacado todas las plazas que tenéis que haber sacado’. También está habiendo muchas reclamaciones y numerosas consultas en relación con la incorrecta baremación de los méritos a los distintos candidatos. Y, en ese sentido, se están planteando muchísimos contenciosos que puede tener consecuencias de forma global en el proceso selectivo”.
PANORAMA ACTUAL
- En contra. El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración (COSITAL) o los inspectores de Hacienda afean las ventajas que tienen los interinos frente a los funcionarios de carrera al considerar que estos pueden ocupar un puesto en la función pública sin aprobar una oposición. Ambos concuerdan en que este escenario supone una “vulneración de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad sobre los que se asienta la Administración Pública”. A su vez, censuran la falta de interés de los interinos con contratación determinada para presentarse al concurso-oposición y ocupar un puesto fijo.
- Problemas para Justicia. La retahíla de casos que llegarán a los tribunales sobre la estabilización de puestos de interinos en la Administración de Justicia, con un resultado aún incierto para los afectados, puede poner en apuros al ministerio dirigido por Pilar LLop. Las continuas huelgas celebradas por el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia durante este año han derivado en parálisis de los tribunales, que se han visto obligados a suspender miles de juicios. Esta situación tardará alrededor de dos años en desencallarse, según los cálculos del colectivo. Las consecuencias de la conflictividad por los salarios, a la que se sumaron los funcionarios de juzgados, pueden agravarse en el caso de que la polémica por obtener una plaza fija en la Administración de Justicia empeore.
Fuente: cincodias.elpais.com