Interinos: ¿Cuándo debe indemnizar el Estado si un tribunal vulnera el Derecho de la UE?

El TJUE ha precisado cuándo un Estado miembro debe indemnizar a un ciudadano por una sentencia firme contraria al Derecho de la Unión Europea. Repasamos los requisitos y lo que suponen para los interinos en abuso de temporalidad.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó el 8 de septiembre de 2026 dos sentencias, en los asuntos C-163/24 y C-293/24, sobre la responsabilidad de los Estados miembros cuando quien vulnera el Derecho de la Unión es un tribunal nacional que resuelve en última instancia. En España, ese papel corresponde normalmente al Tribunal Supremo.

Según el Tribunal, la persona perjudicada tiene derecho a una indemnización cuando concurren tres requisitos:

  1. La norma europea infringida debe estar destinada a conferir derechos a los particulares.
  2. La infracción debe ser suficientemente caracterizada, es decir, grave y manifiesta.
  3. Debe existir una relación de causalidad directa entre la infracción y el daño sufrido.

Los tres requisitos son acumulativos: si falta uno, no hay indemnización. El Tribunal subraya que se aplican también cuando la infracción procede de una resolución contra la que ya no cabe recurso judicial interno.

No basta con que el tribunal se niegue a preguntar a Luxemburgo

Las sentencias, dictadas el 8 de septiembre de 2026, aclaran el papel de la cuestión prejudicial, según el comunicado de prensa n.º 120/26 del TJUE. Los tribunales de última instancia están obligados a plantearla cuando tienen dudas sobre la interpretación del Derecho de la Unión.

Sin embargo, incumplir esa obligación no genera por sí solo la responsabilidad del Estado. Debe ir acompañado de la infracción de otra norma europea destinada a conferir derechos a los particulares.

Aun así, la omisión no es irrelevante. Cuando es culposa, puede contribuir a determinar que la infracción es suficientemente grave.

El caso rumano: una norma que no protege al ciudadano

En el asunto C-163/24, un agricultor rumano pidió en 2007 una ayuda agrícola para 264,71 hectáreas. Tras un control, la Administración consideró subvencionables solo 180,62 hectáreas y denegó la solicitud.

En 2012, el Tribunal de Apelación de Bucarest rechazó plantear una cuestión prejudicial sobre el reglamento europeo aplicable. El agricultor demandó entonces al Estado rumano.

El TJUE descarta la responsabilidad. La norma sobre identificación de superficies agrícolas solo busca proteger los intereses financieros de la Unión y no confiere derechos al solicitante de la ayuda. Falla, por tanto, el primer requisito.

El caso portugués: trabajadores despedidos y un Tribunal Supremo que no preguntó

El asunto C-293/24 afecta a trabajadores de la aerolínea portuguesa Air Atlantis, despedidos tras su disolución en 1993. Sostenían que TAP había asumido parte de la actividad y que, al existir una transmisión de empresa, debían ser incorporados a ella.

En 2009, el Tribunal Supremo portugués desestimó su demanda sin plantear cuestión prejudicial. En 2015, el TJUE declaró que sí hubo transmisión de empresa y que el Supremo debió haber preguntado.

Pese a ello, los tribunales portugueses siguieron rechazando la reclamación de daños. Alegaban que el TJUE se apoyaba en jurisprudencia posterior a 2009.

Ahora el TJUE constata que la Directiva sobre transmisiones de empresas sí confiere derechos a los trabajadores. Sobre la gravedad de la infracción, señala tres elementos decisivos:

  1. La solución ya estaba en la jurisprudencia anterior a 2009. La sentencia portuguesa acumulaba varios errores de interpretación del Derecho de la Unión.
  2. El Supremo se apartó de esa jurisprudencia sin preguntar. Lo hizo pese a estar obligado a plantear la cuestión prejudicial.
  3. Había una cuestión prejudicial pendiente sobre el mismo enfoque. El Supremo no podía ignorarlo, lo que apunta al carácter inexcusable de la infracción.

Con ello, el TJUE indica que la sentencia de 2009 parece incurrir en una infracción suficientemente caracterizada. La comprobación final, y la de la relación de causalidad con los daños, corresponde al tribunal nacional.

¿Y los interinos? Qué cambia para el abuso de temporalidad

Las sentencias no tratan sobre empleo público temporal, pero sus criterios se aplican a cualquier infracción del Derecho de la Unión cometida por un tribunal de última instancia. Eso incluye las resoluciones firmes sobre abuso de temporalidad.

Primer requisito: una norma que confiera derechos. La norma en juego es la cláusula 5 del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE, que busca prevenir y sancionar el abuso de contratos temporales sucesivos. Es una norma de protección de los trabajadores, como la Directiva de transmisiones de empresas del caso portugués, y no una norma de protección de las finanzas de la Unión, como la del caso rumano. Hay, por tanto, un argumento sólido para entender cumplido este requisito, aunque el TJUE no lo ha declarado expresamente respecto de la cláusula 5.

Segundo requisito: una infracción suficientemente caracterizada. Aquí pesa la existencia de jurisprudencia clara. En la sentencia Obadal, de 14 de abril de 2026 (C-418/24), la Gran Sala consideró que las medidas españolas no parecen sancionar debidamente el abuso:

  • La conversión en indefinido no fijo, porque mantiene la precariedad.
  • Las indemnizaciones al cese sujetas a un doble límite máximo.
  • Los procesos selectivos que valoran la experiencia de todos los temporales, y no solo la de quienes sufrieron el abuso.

A partir de ahí, los tres indicios del caso portugués son trasladables. Un tribunal de última instancia que se aparte de esa doctrina, sin plantear cuestión prejudicial y sin motivar su negativa, se expone a que su resolución se considere una infracción grave.

Tercer requisito: daño y causalidad. Es el más exigente. El interino debe probar un perjuicio concreto y que deriva directamente de la resolución judicial, no solo del abuso previo de la Administración.

Lo que esta vía no ofrece

  • No reabre el pleito ni da la fijeza. La acción de responsabilidad solo permite obtener una indemnización; la sentencia firme sigue en pie.
  • No basta con que el tribunal se negara a preguntar al TJUE. Como en el caso rumano, hace falta además la infracción de una norma que confiera derechos.
  • No es automática. El propio Tribunal Supremo planteó la cuestión que dio lugar a Obadal y fijó doctrina después. Según la nota del CGPJ sobre la sentencia del Pleno de la Sala Social de 11 de mayo de 2026, el abuso no convierte al trabajador en fijo, salvo que hubiera superado un proceso selectivo sin obtener plaza. La respuesta general es una indemnización calculada con los criterios del TJUE y la remisión a la Inspección de Trabajo.

Recomendaciones para interinos con pleitos en curso

  1. Invocar expresamente la cláusula 5 y la sentencia Obadal en la demanda y en los recursos.
  2. Solicitar por escrito la cuestión prejudicial ante el tribunal que resuelva en última instancia, y dejar constancia de la respuesta.
  3. Documentar el daño: duración del abuso, número de nombramientos, ausencia de convocatorias y perjuicios profesionales o económicos acreditables.
  4. Consultar con un letrado el cauce y los plazos de la reclamación por error judicial en España, antes de dar por perdido un asunto con sentencia firme.

Qué significa para quien reclama

  • Identificar la norma europea vulnerada. Debe reconocer derechos individuales, no solo proteger un interés público general.
  • Acreditar la gravedad de la infracción. Pesa que existiera jurisprudencia clara del TJUE y que el tribunal se apartara de ella.
  • Pedir la cuestión prejudicial durante el pleito. La negativa no da derecho a indemnización por sí sola, pero puede servir como indicio de infracción grave.
  • Probar el daño y su conexión directa con la infracción. Esa valoración la hace el juez nacional.

Las normas europeas de protección de los trabajadores, como la Directiva de transmisiones de empresas, superan el primer requisito. El TJUE no resuelve el litigio: fija los criterios y deja la decisión final al juez nacional.

Plataforma de Interinos España

20.11.2026 Redacción.

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Ramón J.

Interino desde 2009 discontinuamente pero con nombramientos de más de 4 años de duración... intentando sacar unas oposiciones o conseguir una estabilización un día de estos... 😎

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