Colectivos de interinos piden a Bruselas llevar a España ante el TJUE por el abuso de temporalidad

Más de 50 organizaciones de interinos piden a Bruselas sancionar a España por el abuso de temporalidad y alertan del riesgo de perder 626,6 millones en fondos UE.

La Coalición Líneas Rojas Innegociables contra el abuso de la temporalidad en el empleo público, que agrupa a más de medio centenar de asociaciones, ha reclamado este miércoles a la Comisión Europea que reactive el procedimiento de infracción contra España y lo eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), incluyendo una petición de sanción económica.

Este frente de organizaciones insta a Bruselas a rechazar la prórroga hasta marzo de 2027 solicitada por el Gobierno para cumplir sus compromisos de reducción de la temporalidad en las Administraciones y a exigir una solución que incluya reparación para el personal sometido durante años al abuso de contratos temporales.

Para dar respaldo a estas demandas, el colectivo ha convocado una concentración para mañana jueves, 24 de septiembre, a las 11.00 horas, ante la sede de la Representación de la Comisión Europea en el Paseo de la Castellana de Madrid.

La movilización se celebrará de forma paralela a una reunión sobre empleo público temporal entre el Ministerio de Función Pública, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), según ha informado la coalición en una nota.

Desde la plataforma subrayan que acudir a la Comisión Europea es su “último recurso” tras once años de conflicto sin una respuesta eficaz por parte de las instituciones españolas.

Las organizaciones denuncian que el Ejecutivo sigue sin aprobar un marco legal que garantice la reparación a quienes han sufrido abuso de temporalidad, obligando a miles de empleados públicos a acudir a los tribunales y a asumir en algunos casos condenas en costas.

Asimismo, sostienen que los procesos extraordinarios de estabilización no han compensado adecuadamente a las personas afectadas, y responsabilizan de esta situación a los sindicatos CCOO, UGT y CSIF por su participación en los acuerdos que dieron origen a dichas medidas.

Riesgo de pérdida definitiva de fondos europeos

La plataforma de interinos alerta también de que España se arriesga a la pérdida definitiva, y no sólo al bloqueo temporal, de 626,6 millones de euros asociados al hito 144 del Plan de Recuperación, que exige una normativa eficaz con sanciones disuasorias y medidas frente al abuso de la temporalidad en el sector público.

La coalición recuerda que el plazo vinculado a dicho hito expiró el pasado 31 de agosto sin que se alcanzara el nivel de cumplimiento exigido por las instituciones comunitarias.

Por ello, pide a la Comisión que mantenga la suspensión de estos recursos hasta que España se alinee con las exigencias europeas. Añade que el pasado 29 de junio concluyó el plazo del dictamen motivado emitido por Bruselas sin que el Gobierno adoptara correcciones suficientes, motivo por el que rechazan nuevos aplazamientos y han solicitado una reunión urgente con la Comisión Europea para exponer directamente sus propuestas.

En junio, las organizaciones de personal público temporal integradas en esta coalición registraron en el Congreso de los Diputados un documento con sus “líneas rojas innegociables”, dirigido al Grupo Parlamentario Socialista, en el que detallan las condiciones mínimas que, a su juicio, debe cumplir cualquier reforma legislativa que pretenda resolver el abuso de temporalidad en el sector público español.

Entre esos requisitos figuran la inclusión de todos los colectivos afectados, la reparación efectiva de quienes han sufrido el abuso, la fijación de una sanción real para las Administraciones incumplidoras y la garantía de que la temporalidad abusiva no vuelva a consolidarse como práctica estructural.

El Gobierno pide más plazo tras la sentencia del Supremo

El Ejecutivo ha solicitado a la Comisión Europea una ampliación del plazo, hasta marzo de 2027, para impulsar las reformas necesarias que erradiquen el abuso en la contratación temporal en el empleo público, según un comunicado difundido este lunes por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

El departamento que encabeza Óscar López justifica su petición a Bruselas en que en los últimos meses se han dictado sentencias, como la del pasado 11 de mayo del Tribunal Supremo, que han introducido elementos nuevos sobre el tratamiento de la indemnización “que hay que analizar”, además de la necesidad de determinar con precisión cuántos empleados temporales se encuentran en situación de abuso en el conjunto de las administraciones.

El 29 de abril, la Comisión Europea concedió a España un plazo de tres meses —que concluyó el 29 de junio— para aplicar correctamente la normativa comunitaria sobre temporalidad en el sector público y corregir las deficiencias detectadas en dos expedientes, relativos a la discriminación de trabajadores temporales y al uso abusivo de estos contratos, advirtiendo de que, en caso contrario, podría remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El Gobierno reclamó más tiempo a Bruselas, hasta marzo de 2027, para cumplir con sus compromisos de reducción de la temporalidad en el empleo público, alegando, entre otros motivos, la sentencia del Supremo hecha pública en mayo, en la que el Alto Tribunal descartaba transformar automáticamente en fijos a todos los empleados en abuso de temporalidad y limitaba esa posibilidad a quienes hubieran superado un proceso selectivo sin obtener plaza, al tiempo que fijaba un sistema de indemnizaciones para los trabajadores afectados.

En concreto, el Supremo estableció en dicho fallo que, cuando se extinga una relación laboral abusiva, el trabajador tendrá derecho a dos compensaciones diferentes y compatibles entre sí: la indemnización extintiva (en una cuantía “no exigua” en el caso de relaciones laborales anormalmente largas) y otra compensatoria por el abuso de temporalidad, que debe contemplar daños morales y materiales (las ventajas económicas que el interesado habría podido reclamar de no haberse producido el abuso).

Para los daños morales y de cara a los litigios que se planteen en el futuro, el Alto Tribunal fijó una indemnización mínima, tomando como referencia los criterios de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) para la vulneración de los contratos temporales, que prevé multas, en su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.

La imposición de una indemnización superior a esta cuantía mínima presuntiva exigirá que el trabajador acredite de forma concreta el perjuicio sufrido, por lo que la carga de la prueba recaerá sobre él, según el fallo.

Fuente: democrata.es 23.09.2026

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Ramón J.

Interino desde 2009 discontinuamente pero con nombramientos de más de 4 años de duración... intentando sacar unas oposiciones o conseguir una estabilización un día de estos... 😎

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