Una sentencia señala que obtener una plaza fija después no elimina necesariamente el derecho a ser indemnizado
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) abre la puerta a que los empleados públicos que hayan sufrido una situación prolongada de temporalidad abusiva puedan reclamar hasta 10.000 euros por cada periodo completo de tres años en esa situación. El criterio, aunque procede de la Justicia gallega, puede tener repercusión en futuras reclamaciones de trabajadores públicos de otras comunidades, incluidas Canarias.
La Sala de lo Social del TSXG ha establecido este criterio en dos recientes resoluciones en las que reconoce 10.000 euros por daños morales a dos trabajadores que permanecieron más de 15 y 22 años, respectivamente, en una situación de temporalidad considerada abusiva.
La importancia de las sentencias va más allá de las cantidades concedidas en estos dos casos. El tribunal considera que la compensación destinada a reparar el abuso puede calcularse tomando como referencia la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) y establece un parámetro temporal vinculado al artículo 70.1 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
De acuerdo con este criterio, por cada periodo completo de tres años de abuso podría corresponder un nuevo importe de hasta 10.000 euros, aunque la cuantía deberá graduarse en función de las circunstancias concretas de cada trabajador y de los daños que pueda acreditar.
Conseguir una plaza fija no borra el perjuicio
Otro de los aspectos relevantes de las sentencias es que la posterior estabilización del trabajador no elimina necesariamente su derecho a reclamar por el abuso sufrido durante los años anteriores.
El TSXG parte de la doctrina reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Supremo, que exige que las medidas adoptadas frente al abuso de la contratación temporal sean efectivas y permitan ofrecer una respuesta adecuada al perjuicio ocasionado.
En este sentido, el tribunal diferencia entre poner fin a la situación de temporalidad y reparar el daño provocado durante el periodo en el que se produjo el abuso. La obtención posterior de una plaza estable puede tenerse en cuenta para valorar la cuantía del daño moral, pero no supone por sí sola que desaparezca el perjuicio anterior.
Consecuencias
El criterio resulta especialmente relevante para los empleados públicos que han encadenado durante años contratos o nombramientos temporales antes de lograr, en su caso, la estabilidad.
Desde Unive Abogados destacan el posible alcance de estas resoluciones para futuras reclamaciones, especialmente por establecer un parámetro temporal que permite relacionar la duración del abuso con la indemnización.
Las sentencias también acuerdan remitir testimonio a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que valore la posible apertura de los correspondientes procedimientos sancionadores contra las Administraciones implicadas.
El criterio del TSXG refuerza así las consecuencias económicas que puede tener el mantenimiento durante años de empleados públicos en situaciones de temporalidad abusiva, aunque deberá ser confirmado y perfilado por futuros pronunciamientos judiciales.
Fuente: www.canarias7.es 01.09.2026
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