A partir de enero también podrán acogerse al decreto que regula la carrera
Carlos Spuch tiene 48 años y lleva toda su vida laboral encadenando contratos precarios o por obra, pese a que es uno de los neurobiólogos más destacados de Galicia. Trabaja en la Fundación de Investigación Sanitaria Galicia Sur, que engloba las áreas de Vigo, Ourense y Pontevedra, y ahora se le presenta la oportunidad no solo de estabilizarse, sino también de adquirir un estatus profesional y salarial de acuerdo con sus méritos y experiencia. Es la puerta que se le abre, a él y a muchos otros investigadores gallegos, con el decreto impulsado por la Axencia Galega de Innovación (Gain) que regula la carrera profesional de los investigadores establecidos y sénior, a los que convierte en fijos tras pasar un concurso de méritos y someterse a una nueva evaluación al cabo de cinco años.
Pero para poder acogerse al decreto, que se espera que esté aprobado antes del verano, tiene que estar dentro de sistema público. Y no lo están ni él ni los cerca de 500 investigadores, técnicos y personal administrativo que trabajan en las tres fundaciones biomédicas de Galicia, que reciben financiación pública, pero que son de gestión privada. «Nos han dicho —explica Spuch— que quieren pasarnos al sistema público, pero ahora mismo no lo estamos».
En la misma situación se encuentra Juan Vallejo, presidente del comité de empresa de la Fundación Profesor Novoa Santos del Inibic de A Coruña. «Sé que la intención es introducirnos en el sector público, pero no sabemos mucho más, porque la información es opaca».
El proceso se inició a finales del pasado año con la ley de acompañamiento de los presupuestos y quedó recogida en el Diario Oficial de Galicia. Pero, ¿está el proceso en marcha? Sí lo está y la medida podría entrar en vigor en enero del próximo año. Es la respuesta de Antonio Fernández Campa, gerente de la Agencia de Conocimiento en Salud (ACIS) de la Consellería de Sanidade.
Pero el proceso es complejo. Lo que se está haciendo ahora es adaptar los estatutos para que los centros de investigación biomédica o sanitaria adquieran el carácter de «fundaciones del sector público autonómico».
«Se está trabajando en modificar los estatutos de las fundaciones y la idea es tener el documento antes de agosto para que pueda ser aprobado en el Consello da Xunta», apunta Fernández Campa. Pero esto no supone una aprobación con efecto inmediato.
Quedan de por medio «una serie de temas contables y presupuestarios, por lo que lo razonable es que entre en vigor con el nuevo ejercicio presupuestario», añade el gerente de ACIS. O, lo que es lo mismo, si nada se tuerce en enero las fundaciones biomédicas pasarán a ser públicas, con lo que «todo el personal tendrá la consideración de empleado público de la salud».
No serán muchos, sin embargo, los que podrán acogerse a las categorías de la carrera investigadora que regula el decreto de Gain, ya que se corresponderían con los puestos más altos. «La mayor parte del personal investigador de las fundaciones, un 51-52 %, son investigadores predoctorales y luego también tenemos a mucho personal técnico de apoyo».
Estos no serán los beneficiarios de inmediato del nuevo decreto, pero sí podrán acogerse a él en el futuro a medida que vaya avanzando en su carrera profesional. Una opción que solo está reservada a los científicos y técnicos que trabajan en el sistema público.
«El decreto —señala Campa— les afectará a partir del momento en que las fundaciones, que ahora son de interés gallego, se conviertan en públicas. Son dos procesos paralelos y no sabemos aún cuál se aprobará primero, si el decreto de Gain o la conversión de las fundaciones». Todo apunta a que será el primero.
«Lo que importa es lo que recoja el DOG, pero la norma tiene buena pinta»
El decreto que prepara la Axencia Galega de Innovación para regular la carrera profesional de los investigadores que dependen de los centros de la Xunta ha superado ya la fase de alegación pública y se están estudiando las reclamaciones, algunas incorporadas ya en un último borrador. Pero aún se espera llegar a nuevos acuerdos con científicos y técnicos con el objetivo de obtener el máximo consenso.
De principio, la normativa, y a la espera de resolver flecos pendientes, convence a los investigadores. «Lo que importa es lo que quede recogido en el DOG, pero tiene buena pinta. Yo se lo compro», apunta en tono coloquial Carlos Espuch.
Juan Vallejo también valora positivamente la futura normativa, pero considera que se ha quedado corta. «Debería incluir también —dice— a los investigadores predoctorales y posdoctorales. Han organizado la cúspide, que resulta más barato que organizar las bases, que son muchos más». La Xunta no incluyó a los R1 y R2 porque sus contratos ya dependen y están regulados por la Ley de Ciencia, de carácter nacional, pero este argumento no convence a Vallejo.
Más positivo en su valoración es Antonio Fernández Campa, quien destaca el carácter pionero de la normativa en España, ya que ninguna comunidad ha presentado un proyecto similar que regule a los científicos de todas las áreas de investigación que dependan de su competencia. Y ahí radica también su dificultad. «El decreto es complejo porque es pionero. No hay precedentes de la regulación de los investigadores en ninguna normativa autonómica previa», asegura.
Fuente: lavozdegalicia.es