Más de la mitad del empleo que el Gobierno se vanagloria de haber creado durante la legislatura corresponde al sector público.
Pese a ello, Moncloa aprobó ayer la mayor oferta de nuevas plazas de funcionarios. En concreto, 27.246 a las que se añaden las destinadas a la promoción interna. En total, todas ellas suman 39.574 nuevos puestos, un 15,8% más de los impulsados a lo largo de 2022.
Esto vuelve a dejar patente que la prioridad del Ejecutivo ha sido engordar el empleo en las administraciones más que en las empresas. Ello pese a la menor productividad que tradicionalmente presente el sector público frente al privado.
Pero más grave aún es el hecho de que el Ejecutivo apruebe esta medida a poco más de una semana de unas elecciones en las que las encuestas no son favorables para los intereses del PSOE. Una maniobra incomprensible que apunta al interés de Moncloa por buscar una salida laboral al ejército de asesores y cargos políticos que ha ido acumulando en la legislatura. Una sospecha que se ve aún más corroborada por el hecho de que el Gobierno cerró un acuerdo con los sindicatos CSIF y UGT que establece que una parte de las plazas (al menos el 30%) esté destinada a promoción interna.
Esto abre la puerta a que los interinos puedan acceder a buena parte de los 12.328 puestos disponibles. El Ejecutivo justifica la decisión asegurando que sirve para reforzar departamentos estratégicos de la Administración. Además, va en línea con el objetivo de reducir la temporalidad del sector público. Pero eso no basta para argumentar un escandaloso coladero que desprofesionaliza la función pública y que ratifica la idea de que se pone en marcha para facilitar las contrataciones a dedo.
Fuente: eleconomista.es