La salida de Rosa María Virolés complica la situación de la Sala Cuarta, que debería contar con 13 jueces y se queda con siete
La jubilación de la magistrada del Tribunal Supremo Rosa María Virolés, de la Sala Cuarta (Social), eleva a partir de este martes a 22 las plazas vacantes del alto tribunal, de las 79 en total que debería sumar entre sus cinco salas. La salida de Virolés agrava así la situación de la sala Cuarta, a la que la ley de Demarcación y Planta Judicial asigna un presidente y 12 magistrados y que ahora se queda solo con siete miembros en total. Virolés era, además, presidenta en funciones de la sala desde que, a finales de 2022, se jubiló María Luisa Segoviano, que posteriormente fue nombrada magistrada del Tribunal Constitucional. A partir de ahora, la presidencia en funciones la asumirá el magistrado Antonio Sempere.
A las 22 vacantes que ya sufre el Supremo se le sumará al menos una más antes de final de año, porque el 7 de septiembre se jubila Fernando Pignatelli, de la Sala Quinta (Militar), donde ya hay dos plazas vacías. A partir de entonces serán tres y la sala se quedará solo con cinco magistrados, los justos para formar tribunal. La Sala Primera (Civil), que debería estar compuesta por un presidente y nueve magistrados, tiene dos vacantes, las mismas que la Sala Segunda (Penal), integrada, según la ley, por un presidente y 14 jueces. La Tercera (Contencioso-Administrativo) es la que tiene más plazas vacías: 12 de 33 (un presidente y 32 magistrados), lo que ya ha obligado a reordenar sus secciones y mover jueces de una a otra para conformar tribunal.
Las vacantes del Supremo son la consecuencia más visible de la situación de bloqueo que vive el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva cuatro años y medio sin ser renovado por la resistencia del PP a llegar a un acuerdo con el PSOE. Ante esa parálisis, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en marzo de 2021 una reforma legal por la que se prohibía al CGPJ designar cargos discrecionales mientras tenga el mandato vencido. El Tribunal Supremo es el órgano más afectado por este veto, ya que todos sus magistrados son designados de forma discrecional, por lo que cada juez que se jubila, fallece o renuncia deja una silla vacía.
El deterioro del alto tribunal debido a las vacantes ha hecho saltar las alarmas de la Comisión Europea, que en su último informe sobre el Estado de Derecho de la UE, presentado el 5 de julio, advertía de que “la falta de renovación [del CGPJ] está afectando al trabajo del Tribunal Supremo y al sistema judicial en su conjunto”. En ese dictamen, como en los tres anteriores, la Comisión señala que en España es un “asunto prioritario” acabar con el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces y subraya que, al estar vacantes un 30% de las plazas del Supremo, se están dictando en este órgano 1.230 sentencias menos por año.
Pero, además de las del Supremo, hay otro medio centenar de vacantes en la cúpula judicial, es decir, en la presidencia de audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia autonómicos y una sala de la Audiencia Nacional. En estos casos, no obstante, los puestos vacantes no se traducen en sillas vacías, sino en altos cargos que siguen ejerciendo con el mandato caducado o presidencias de altos tribunales que son ocupadas de forma interina por otros magistrados.
La situación no tiene solución a corto plazo porque, en principio, requiere de un acuerdo político para renovar el CGPJ, y este no es previsible que llegue hasta que se forme nuevo Gobierno. El pacto debe implicar previsiblemente tanto al PSOE como al PP, ya que hacen falta tres quintos de los votos del Congreso y el Senado.
El PP ha prometido que, si gana las elecciones y consigue formar Gobierno, derogará la ley que impide al CGPJ en funciones efectuar nombramientos discrecionales, lo que podría suponer que el actual órgano de gobierno de los jueces pusiera en marcha los trámites para ir cubriendo vacantes antes de ser renovado. Tras la jubilación, prevista este miércoles, del presidente suplente del Consejo, Rafael Mozo, habrá en el órgano diez vocales conservadores y seis progresistas, lo que permitiría a los vocales propuestos por el PP imponer su criterio.
Mientras las vacantes persisten, el CGPJ, el propio Supremo y el Ministerio de Justicia han negociado en los últimos años medidas de refuerzo. Tras varios acuerdos, el órgano de gobierno de los jueces reprochó en junio pasado al Gobierno que haya denegado 49 medidas, de un total de 146 solicitadas, para reforzar tribunales de toda España que, según el Consejo, están cerca del colapso. Justicia alega que ha hecho un esfuerzo “considerable” para dotar de efectivos a la carrera judicial con la creación de 163 juzgados esta legislatura y 70 más previstas este año. Respecto al Supremo, según el ministerio que dirige Pilar Llop se han invertido en 2023 dos millones y medio de euros para reforzar el gabinete técnico, una medida reclamada por el alto tribunal para poder agilizar el trabajo de los magistrados.
Fuente: elpais.com