La Administración tendrá que estabilizar de oficio a los temporales en tres meses
Junts ha aprovechado la reactivación de la tramitación en el Congreso de los Diputados de la ley que regular los lobbies para colar un cambio en el Estatuto Básico de los Empleados Públicos (EBEP) con el objetivo hacer fijos a los interinos y a los trabajadores públicos que sumen más de dos años con contratos temporales y una modificación para controlar a los funcionarios locales con habilitación estatal.
El Gobierno reactivó esta ley este verano, guardada en un cajón desde inicios de año, después de que se conociera la imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, por propiciar reformas normativas entre 2014 y 2018 para beneficiar a empresas gasistas que hacían pagos a su despacho, Equipo Económico.
Sin embargo, Junts ha aprovechado la ley para incluir una serie de enmiendas que nada tiene que ver con su objetivo, según refleja la norma publicada este lunes en el Boletín del Congreso. El partido propone una nueva disposición en el EBEP para que un empleado público temporal o interino que se encuentre ocupando un puesto de trabajo «respecto al cual se hayan superado los límites legales temporales del nombramiento o contratación, o haya encadenado contratos de duración determinada sin causa justificada, encontrándose por ello en situación objetiva de abuso en la temporalidad, será estabilizado en el puesto de trabajo que ocupa en concepto de funcionario, laboral o estatutario fijo a extinguir».
Además, una vez aprobada la ley de lobbies, la Administración tendrá que estabilizar de oficio a todos los trabajadores que se encuentren en esta situación en un plazo de tres meses.
Asimismo, también se estabilizará a todos aquellos trabajadores que cumplan los requisitos y tengan un procedimiento abierto en vía administrativa o judicial reclamando fijeza, como a aquellos que aunque no sumen en su nuevo puesto más de dos años con contrato temporal, hayan concatenado distintos contratos en un plazo que no sume más de los seis meses.
El partido justifica que con este cambio se cumple con las dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de febrero y junio de 2024 que obliga a la Administración a estabilizar a estos empleados como una sanción adecuada para reparar el abuso cometido.
Control de los funcionarios locales
El partido también ha aprovechado la norma para arrogarse el control de los funcionarios de los ayuntamientos con habilitación de carácter nacional. Estos empleados tienen habilitación estatal con el objetivo de garantizar la independencia de su labor aunque estén metidos dentro de una corporación local. Afecta a secretarios, interventores y tesoreros.
El Gobierno acordó con Junts el pasado mes de mayo el traspaso de las competencias sobre estos funcionarios sin que se materializara en ninguna norma.
Ahora, el partido aprovecha la ley de lobbies para incluir en la enmienda número 52 una modificación de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. El cambio supone que Cataluña asumirá todas las competencias sobre los funcionarios de la Administración local con habilitación nacional.
El texto señala que se incluirá la facultad de selección, la aprobación de la oferta pública de empleo para cubrir vacantes existentes en su ámbito territorial, convocar para su territorio los procesos de selección para las plazas vacantes o nombramiento del personal funcionario.
Junst justifica que la medida «aclara» las facultades de Cataluña de acuerdo con los principios autonómicos, de descentralización y de autonomía local y señala que ya gestionó con éxito estas competencias entre 2009 y 2013.
Fuente: eleconomista.es 22.09.2025
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