El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un ambicioso anteproyecto diseñado por Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
El Gobierno acaba de dar luz verde a un anteproyecto de ley que promete renovar de arriba abajo el acceso a la carrera judicial con una transformación prácticamente integral. El texto aprobado en el seno del Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso ElPlural.com, contempla una democratización del ingreso y la permanencia en la carrera a través de resortes tales como el blindaje por ley del sistema de becas para opositores, así como la posibilidad de preparar las oposiciones en un organismo público, como el Centro de Estudios Jurídicos. Justifican que el articulado, que aguarda el trámite de los órganos consultivos antes de recorrer el camino parlamentario, profundiza en la regulación de una ley que debe ser adaptada a las necesidades de las carreras.
El anteproyecto que emana del ministerio comandado por Félix Bolaños contempla un registro público para los preparadores de las oposiciones. En este sentido, prevé que deberán solicitar una autorización en todos los escenarios para ejercer tal actividad, garantizando la convocatoria de plazas para lo que se conoce como el cuarto turno, que a la postre permite un acceso a la carrera judicial meritocrático y basado en la experiencia, sin necesidad de estudiar una oposición. Un texto que, en consecuencia, se cimenta sobre los siguientes pilares: fomentar la igualdad de oportunidades, impulsar la “excelencia” y “pluralizar” órganos judiciales que se eligen mediante sufragio directo de los propios magistrados.
Espíritu democratizador
Un ambicioso articulado que transformará de manera radical el acceso a una carrera judicial que hasta el momento se antojaba poco democrática, más próximo a estándares de otra época. Partiendo de la base del ingreso por oposición, que requiere de tiempo y dinero; dos aspectos fundamentales que no pueden ser satisfechos por muchas familias y que, a la postre, suponen un techo de cristal para quienes gozan de menos poder adquisitivo. Y es que para afrontar tal carrera de fondo se requieren entre ocho y diez horas diarias de estudio, lo que limita a muchos estudiantes al impedirles recurrir al mercado laboral para abrir una vía de ingresos para sufragar cinco años de estudio.
A ello se le añaden inconvenientes derivados del sistema actual, como el techo de 200 euros mensuales que puede percibir un preparador privado, independientemente del precio de los manuales y materiales. En suma, según estadísticas de la última promoción, un 98,71% de los nuevos jueces contaron con el apoyo económico de sus padres durante el tiempo de preparación; pero lo llamativo es que, de ese porcentaje, casi un 65% no había trabajado previamente.
Lo que prevé el anteproyecto para parchear esta situación para por la consagración del sistema de becas para la preparación del acceso a las carreras Judicial y Fiscal, así como a la Abogacía del Estado y el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. En este sentido, contempla que la cuantía destinada a tal efecto jamás podrá bajar de la barrera que supone el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un cómputo anual. Se concederán cada ejercicio y se podrían prorrogar hasta un máximo de cuatro años.
Por otra parte, se erradicaría el monopolio de la preparación privada a través del reconocimiento del Centro de Estudios Jurídicos como organismo público de preparación de la oposición para acceder a cualesquiera de las carreras mencionadas. Por otro lado, se exigirá la concesión de compatibilidades a jueces y magistrados para la preparación de los cursos, charlas y conferencias. Asimismo, el Consejo General del Poder Judicial deberá mantener un registro público de quienes figuren también como preparadores de las oposiciones.
Giro radical al modelo de examen
El articulado busca, además, darle una vuelta de tuerca a los sistemas de ingreso a través de la ramificación de vías. El objetivo, según expone el documento al que ha tenido acceso ElPlural.com, pasaría por la adecuación de los procedimientos de acceso a la realidad académica que emanan del sistema de adquisición y demostración de competencias, conocimientos y habilidades de la función. Para fundamentar tal intención se actualizan los procesos de selección para acceder a la carrera judicial.
En primer término, la vía de la oposición libre pierde la prueba oral en favor de una escrita y de carácter anónimo que contemplará un caso práctico. De tal modo, se buscarán en el estudiante otras aptitudes al margen de las memorísticas, mientras se consigue la reducción del tiempo medio de preparación.
Se abordan, asimismo, la reestructuración del denominado cuarto turno, que permite el acceso de profesionales de otras ramas del Derecho mediante el concurso de méritos. Es decir, sin someterse a una oposición. Se establece, por tanto, que las convocatorias serán anuales y simultáneas a la oposición libre, con el fin de blindar una cuarta parte de las plazas sea a través de esta fórmula, cumpliendo así con la legalidad vigente y revirtiendo el escaso 9,33% de magistrados que se valen de esta alternativa. El proceso de acceso también sufre variaciones, con una primera prueba escrita eliminatoria y también anónima como fase preliminar a la calificación de méritos entre quienes han acreditado “solidez y rigor técnicos exigibles”. También se aborda la creación de una suerte de cuarto turno para la carrera fiscal.
Fin a la temporalidad y otras mejoras orgánicas
Con el anteproyecto de Justicia se regulará un proceso extraordinario de consolidación de empleo temporal para las carreras judicial y fiscal, bajo el precepto de cumplimentar el mandato de la Comisión Europea de erradicar la temporalidad del sector público. Un proceso selectivo que, según figura en el documento, se compondrá de una convocatoria para la carrera judicial por la categoría de juez y otro para el acceso a la fiscal como abogado fiscal a través de un modelo de concurso oposición al estilo del cuarto turno.
El articulado prevé otra clase de mejoras orgánicas de la carrera profesional, como una modificación de los procesos de especialización en el ámbito mercantil y de violencia sobre la mujer. Como también se robustecen modelos de promoción al sustituir el sistema anterior, sujeto exclusivamente a la existencia de vacantes, a un arquetipo supeditado a la antigüedad y con carácter automático. Además, se aborda la prohibición de cualquier tipo de patrocinio o subvención privada para aquellas asociaciones profesionales que ya perciben una cuantía pública destinada a su manutención.
Dentro de esta ambiciosa reforma se busca un giro en lo que respecta a la elección de salas de gobierno de tribunales superiores de justicia que pone sobre la mesa un sistema de candidaturas individuales en la que el elector podría votar a un único candidato, con lo que acabaría con el voto delegado que impera en el modelo actual, además de fomentar la presencialidad. Así, se elimina un modelo que favorece a los sectores conservadores de la judicatura, dado que permite a cada elector votar a tantos candidatos como puestos deben cubrirse.
Por último, se regulará la Comisión de Ética Judicial, organismo independiente del Poder Judicial que asesora a los magistrados en términos de conflictos de intereses u cuestiones derivadas. El anteproyecto prevé un modelo de actuación mediante el cuál cuatro de sus nueve integrantes sean elegidos por las Cortes, suprimiendo el actual sistema que hace que todos ellos emanen de los propios jueces y, por tanto, propicia que miembros y excomponentes de asociaciones de carácter conservador colonicen sus puestos de responsabilidad.
Fuente: elplural.com 21.01.2025