Fuente: 20 minutos de fecha 28 diciembre 2021 enlace
Yolanda Díaz asegura que supone un “cambio de paradigma” para “pasar página a la precariedad en España”.La vicepresidenta, reacia a los cambios que piden ERC, PNV o Bildu: “La vocación es respetar el tenor de lo acordado”.Coto a los temporales, prevalencia del convenio sectorial o ERTE permanentes: así es la nueva reforma laboral.
La reforma laboral ya es una realidad. El Consejo de Ministros de este martes, previsiblemente el último del año, aprobó el real decreto que llevará al BOE el acuerdo alcanzado la semana pasada por Gobierno, patronal y sindicatos para reformar los contratos temporales o la subcontratación, reequilibrar la negociación colectiva o establecer un mecanismo permanente de ERTE. La nueva normativa entrará en vigor el 1 de enero, a excepción de la parte relativa a la temporalidad, para la que las empresas tendrán un periodo de tres meses para adaptarse.
Así lo explicó este martes la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que participó junto al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá; el titular de Agricultura, Luis Planas; y la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. Díaz definió la reforma como un “cambio de paradigma” para “pasar página a la precariedad en España”, y aseguró que “es el primer acuerdo en más de 40 años que cambia la tendencia de pérdida y recorte de derechos y devaluación salarial sin precedentes que ha sufrido nuestro país”.
La vicepresidenta celebró que la reforma sea fruto de un pacto con sindicatos y patronal, y aseguró que servirá para solucionar la “anomalía” española: la alta tasa de temporalidad del mercado laboral de nuestro país. La nueva normativa, recordó, presumirá que todos los contratos son indefinidos a excepción de “un único tipo de contrato temporal muy restringido”, que las empresas podrán utilizar únicamente si acreditan tres causas: sustituciones de empleados ausentes, aumentos imprevistos de la demanda o la producción y aumentos previstos de la actividad acotados en el tiempo.
Eso implica, insistió en varias ocasiones Díaz, que desaparecen contratos como el de obra y servicio, la principal puerta de entrada al fraude y la precariedad, sostuvo la vicepresidenta. Tal y como explicó, a partir del 1 de enero las empresas contarán con un plazo de tres meses para adecuar estos contratos temporales a la nueva normativa, y en el caso de los contratos por obra y servicio podrán mantener los que se encuentren ya en vigor por un periodo máximo de seis meses.
La vicepresidenta también recordó que la reforma laboral incluye un nuevo sistema de sanciones más duro para quienes utilicen los contratos temporales de manera fraudulenta. Antes, a una empresa solo podía sancionársela con un máximo de 8.000 euros si utilizaba la temporalidad en fraude de ley, fueran uno o 1.000 los contratos temporales irregulares que mantenía. Ahora, explicó Díaz, las sanciones serán por cada trabajador, y cada una de ellas -no el total- tendrá una cuantía máxima de 10.000 euros, lo que podría suponer multas totales mucho más cuantiosas.
En todo momento, la vicepresidenta quiso dar un tono solemne a la presentación de la reforma laboral y aseguró que este martes “es uno de los días más importantes de esta legislatura y del Gobierno de España” porque se aprueba “la primera reforma” en muchos años “en el ámbito de la UE” que “recupera derechos y fuerza” para los trabajadores. Y quiso acordarse, especialmente, del colectivo de los jóvenes y el de las mujeres, de quienes dijo que en muchos casos “no han conocido un contrato que no sea basura en su vida” y a los que aseguró que esta nueva normativa “da esperanza”.
Reacia a hacer cambios en el Congreso
La efusividad de Díaz contrasta con la frialdad con la que han recibido la reforma laboral ERC, PNV y EH Bildu, los habituales socios parlamentarios del Gobierno, que llevan días asegurando de que votarán contra el texto si el Ejecutivo se empeña en mantener su actual formulación. Este mismo martes, de hecho, las tres formaciones aprovecharon el pleno del Congreso en el que se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado para reiterar su descontento. “Han empezado la casa por el tejado, se han dedicado muchas horas a interpelar, a negociar con la patronal, y cero horas a negociar con ERC”, criticó el portavoz republicano Gabriel Rufián, mientras su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, insistió en que “no es una derogación de la reforma laboral, ni siquiera parcial”.
Aizpurua aseguró que su grupo pedirá que la norma se tramite como proyecto de ley, lo que permitirá a los grupos parlamentarios presentar enmiendas en el Congreso. PSOE y Unidas Podemos no descartan tener que asumir este precio a cambio de que el decreto aprobado este martes en Consejo de Ministros sea convalidado el mes que viene en la Cámara Baja. Pero Díaz, en la misma línea que el PSOE el lunes, se mostró reacia a que los grupos introduzcan cambios en el acuerdo con patronal y sindicatos, incluso aunque se abra esa posibilidad.
“Este Gobierno no se levanta de las mesas, va a dialogar con todo el mundo, y sobre todo con las fuerzas que le dan apoyo”, prometió la vicepresidenta, que sin embargo señaló que “la vocación” del Ejecutivo es que la norma “permanezca como está y se respete el tenor de lo que las partes han acordado”. “Lo más fácil hubiera sido un acuerdo biapartito, o que hubiera legislado el Gobierno de España en solitario, pero no hemos estado nueve meses para eso”, argumentó Díaz, que rechazó que las medidas contempladas en la reforma laboral sean “humo”. “Al final, aunque uno no consiga todas sus posiciones”, es preferible que la norma laboral entre en vigor con acuerdo, defendió.