- La vía judicial sigue abierta y el caso que inspiró la sentencia del TJUE acabará previsiblemente en el Supremo.
- Unas 800.000 personas podrían estar en esta situación, según el abogado de la causa.
- El TJUE da un tirón de orejas a España y sentencia que miles de trabajadores interinos podrían convertirse en fijos.
El pasado jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) asestó un considerable rapapolvo a España por el trato que dispensa a los trabajadores interinos de las administraciones públicas. El tribunal de Luxemburgo sentenció que la legislación española no sanciona con suficiente dureza a la administración cuando abusa de la temporalidad, con estos trabajadores, una situación bastante común en el sector público español. Pero lo que se llevó toda la atención fue que el TJUE abrió la puerta a que transformar a estos empleados en fijos pueda considerarse una solución a este problema. Sin embargo, el camino que les espera a los cientos de miles de españoles que están en esta situación a partir de ahora no será corto ni les garantiza la fijeza al final del recorrido.
Este periódico se ha puesto en contacto con Javier Araúz, el abogado que ha llevado el caso de los tres trabajadores afectados sobre el que ha resuelto el TJUE y con un profesor universitario en derecho del Trabajo, para analizar qué les espera a partir de ahora a estos trabajadores.
Para Araúz, letrado en el despacho Araúz & Belda, la decisión del TJUE es clara. “Hemos conseguido ir borrando todas las excusas que ponían las autoridades españolas, tanto judiciales como administrativas, para evitar hacerlos fijos [a los interinos]”, sostiene. “Para no hacerlos fijos se buscaba cualquier excusa. El indefinido no fijo, que tienen derecho a indemnización en el momento del cese —lo cual no es verdad— o la convocatoria de procesos selectivos, concursos de méritos… todas estas puertas se cierran con esta sentencia, que es un varapalo”, agrega Araúz en conversación con 20minutos.
No lo ve tan sencillo Alfonso Esteban, profesor de derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). “Yo creo que va a haber muchas matizaciones a lo que ha dicho el TJUE porque es una respuesta a unas cuestiones prejudiciales. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tiene que dictar sentencia y seguramente esto termine en el Supremo. Todavía espera un recorrido amplio”, sostiene Esteban.
El caso sobre el que se ha pronunciado el TJUE es el de tres empleados públicos laborales —es decir, sin plaza de funcionario— que acumulan tres décadas de relaciones temporales con la administración y que se dirime ahora en el TSJM. Ante las dudas sobre la interpretación que debía hacerse de la legislación, el tribunal elevó el asunto a Luxemburgo. Resueltas las cuestiones prejudiciales, el TJSM deberá ahora dictar sentencia, que puede acabar recurrida en el Supremo. El alto tribunal, a su vez, puede volver a elevar el asunto al TJUE. Todo un rompecabezas judicial.
¿De dónde viene el fraude?
El asunto de los interinos fraudulentos es complejo y técnico, lo que dificulta seguir el hilo. En el sector privado, cuando se detecta temporalidad excesiva o fraudulenta, el castigo para las empresas es convertir esos contratos en indefinidos. Sin embargo, en el sector público no es tan sencillo. El empleo público está sometido a criterios de mérito y capacidad y otorgar plaza de funcionario a un trabajador interino aunque acumule décadas de relación laboral con la administración podría contravenir la Constitución. Así lo ha entendido hasta ahora el Tribunal Supremo.
Para resarcir de algún modo a esos temporales fraudulentos se creó la figura del trabajador “indefinido no fijo”. Estos asalariados, en la práctica solo pueden ser cesados si la plaza que cubren (aunque no poseen) sale a concurso y no logran obtenerla. Si esto sucede, se se les aplica una indemnización para compensarles. Pues bien, ahora el TJUE considera que ni la conversión a indefinido no fijo, ni sacar esa plaza a concurso, ni la indemnización de 20 días por año trabajado son sanción suficiente para la administración ante estos casos de abuso. Y abre la puerta a que otorgarles el estatus de “fijo” sea una solución.
¿Cuál es el siguiente paso?
Los trabajadores interinos que consideren que están en situación fraudulenta deberán recurrir si quieren hacerse con su plaza. “Además, deben hacerlo ya, si no reclamas no obtienes un derecho”, señala Javier Araúz. Para el abogado que ha llevado la causa al TJUE, el siguiente paso debería ser que las instituciones públicas y los tribunales apliquen esta decisión y todos los afectados se conviertan en fijos. En cualquier caso, el letrado cree que sería recomendable que el Gobierno aprobara una ley en la que se recogiese esa obligación de declarar la fijeza. Araúz está pendiente, además, de un segundo caso en manos del TJUE, cuya sentencia podría ser “más profunda y contundente”.
Sin embargo, como ya se ha dicho, la fijeza no es la única solución. Araúz concede que el Gobierno podría dictar una ley que fije una sanción distinta, como podría ser una indemnización automática. No obstante, lo ve poco viable por la cuantía “muy elevada” que supondría para las arcas públicas.
Por su parte, Alfonso Esteban, apunta a que aunque seguramente muchos trabajadores recurrirán a la justicia, se encontrarán con procesos largos. “En la jurisdicción social, lo que antes eran dos meses ahora son dos años de espera”, señala. De igual modo, sostiene que los procesos de estabilización del empleo público temporal que ha acometido el Gobierno en los últimos años limitarán el impacto de la sentencia del TJUE. Según trasladaban fuentes del ministerio de Función Pública la semana pasada, el Ejecutivo ya habría consolidado 250.000 plazas temporales de las 300.000 comprometidas con Bruselas en el plan de recuperación.
¿Cuántos afectados hay?
Otra de las cuestiones que tampoco está clara es el alcance que tiene la sentencia del TJUE. Araúz, abogado de la causa, defiende que en España hay unos 800.000 trabajadores interinos en situación de fraude. Es decir, estaríamos hablando de uno de cada cuatro empleados públicos del país. El cálculo del letrado incluye también a funcionarios y personal estatutario, no solo al personal laboral de las administraciones públicas al entender que el pronunciamiento de la sentencia se les puede aplicar también. En este punto discrepa Alfonso Esteban, quien considera que el alcance de la sentencia se limita solo al personal laboral, que es el que entra dentro del acuerdo marco.
El abogado de la causa defiende que los interinos están repartidos por toda la administración pública, pero hay casos muy llamativos como el de los trabajadores de la administración de justicia -donde estima un 40% de interinos- o la sanidad, donde pueden superan el 50%.
Fuente: 20minutos.es