Juan Luis Lorenzo Bragado, Juan Avello y Jaime Borras presentan los programas con los que aspiran a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias
Los tres candidatosa presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias han presentado esta semana sus programas de actuación, en los que coinciden en priorizar la descongestión de los juzgados, la homogeneización de criterios entre magistrados y dar un impulso a los medios materiales y tecnológicos para afianzar el nuevo modelo organizativo. Juan Luis Lorenzo Bragado opta a revalidar el cargo después de cinco años y se enfrentará en los comicios al juez decano de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Avello, y al magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Jaime Borrás.
Los aspirantes comparecerán el próximo miércoles, 29 de abril, por vía telemática ante la comisión de calificación del Consejo General del Poder Judicial para defender sus propuestas, que serán retransmitidas en abierto. Después, el órgano de gobierno de los jueces analizará todos los proyectos para elegir en pleno al magistrado que asumirá el puesto desde 2026 hasta 2031.
Los comicios arrancan en un contexto marcado por el impacto de la ley de eficiencia de la justicia, también conocida como ley Bolaños, y por la reorganización de la planta judicial con la entrada en funcionamiento de los tribunales de instancia. Además, quien asuma el cargo deberá hacer frente a la situación especial de Canarias, que concentra, por séptimo año consecutivo, la tasa de litigiosidad más alta del país. Esta circunstancia lastra el ritmo de las resoluciones judiciales y genera una mayor carga de trabajo acumulada, como reflejan los datos del año pasado, con un aumento del 7% de la pendencia.
Bragado: nueva organización y menos pendencia
Juan Luis Lorenzo Bragado afirma que su candidatura «nace del convencimiento» de que su continuidad como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es «la opción más adecuada para garantizar la buena gobernanza judicial» en los próximos cinco años. «Quien conoce el territorio, a la comunidad judicial y a los operadores jurídicos, quien ha gestionado situaciones complejas y ha construido relaciones de confianza institucional, está en mejor posición para acompañar la transformación que el sistema judicial ha emprendido», argumenta.
El candidato indica que la convocatoria llega en un momento «especialmente exigente» debido a que se produce tras la implantación del mayor calado organizativo en décadas, con la entrada en vigor de la ley de eficiencia de la justicia y la puesta en marcha de los tribunales de instancia. En este sentido, asegura que ya «ha iniciado el camino» con la adopción de los acuerdos necesarios y un diálogo fluido a través de los cauces institucionales.
Las iniciativas presentadas pretenden garantizar el acceso efectivo a la tutela judicial, con especial atención a las islas no capitalinas, integrar las herramientas tecnológicas, atender a quienes necesitan una protección reforzada, colaborar con las administraciones, dar impulso a la formación y defender la independencia judicial.
El proyecto de Bragado pone el foco en reducir el «déficit estructural» de la planta judicial en el Archipiélago mediante un impulso a las propuestas de demarcación pendientes y la optimización de la política de medidas de refuerzo, con el fin de «garantizar la respuesta judicial en tiempo razonable a la ciudadanía». De la misma forma, propone un plan de infraestructuras judiciales que priorice las situaciones más urgentes de Santa Cruz de Tenerife, Puerto del Rosario, Granadilla de Abona, Puerto de La Cruz-La Orotava, San Bartolomé de Tirajana y los diferentes partidos de La Palma.
Borrás: un impulso a la coordinación y atención a las islas no capitalinas
El magistrado Jaime Borrás señala en su propuesta que «muchos de los problemas que afectan al sistema judicial en Canarias no responden únicamente a la falta de medios, sino también a cuestiones organizativas, de coordinación y de gestión». Prioriza, en un territorio marcado por la insularidad y la existencia de distintas sedes judiciales, un refuerzo de los mecanismos de coordinación, una mejora de la organización interna y avanzar en soluciones prácticas para dar una «respuesta más ágil y eficaz a la ciudadanía».
El magistrado cita como principales deficiencias la existencia de diferentes cargas de trabajo entre órganos y jurisdicciones, los niveles de pendencia superiores a los deseables que se mantienen en determinados ámbitos, que no siempre existen mecanismos estables de coordinación entre órganos, las carencias materiales y tecnológicas en algunas sedes y que la implantación del expediente judicial electrónico no está plenamente consolidada.
Para solucionarlo, plantea hacer un seguimiento de las cargas de trabajo y los tiempos de respuesta de los distintos órganos judiciales para promover, en aquellos casos en que se detecten situaciones de sobrecarga, la adopción de medidas de refuerzo. Además, apuesta por mantener una «relación fluida» con el CGPJ y con las administraciones competentes y promover una línea de colaboración con la universidad para acercar la función judicial a la ciudadanía a través del alumnado.
Otra de las claves de la propuesta consiste en mejorar la coordinación y unificar criterios en aspectos organizativos y procesales mediante espacios de intercambio, sin perjuicio de la independencia judicial. Por otra parte, se compromete a mejorar los medios materiales, en materia de infraestructuras y espacios de trabajo, y a impulsar la mejora de los de los sistemas de gestión procesal y del expediente judicial electrónico.
Avello, medidas para disminuir los pleitos y promover una justicia inclusiva
El magistrado Juan Avello configura un plan que tiene en cuenta la incidencia de la alta litigiosidad en los juzgados canarios e incluye una serie de medidas «encaminadas, en primer lugar, a la reducción del ingreso de asuntos«. «Se pretende describir y analizar la situación actual de la justicia en Canarias ofreciendo un diagnóstico de los problemas y su origen, para poder ofrecer un programa de actuación realista y encaminado a la mejora de la prestación del servicio», recoge.
El juez decano de la capital grancanaria propone para solucionar estas dificultades que se potencie el servicio de mediación familiar y se extienda a todas las jurisdicciones, además de expandir los métodos alternativos de solución de conflictos a las diferentes regiones. En cuanto a los asuntos penales, propone impulsar la mediación en casos de delitos leves y apostar por la justicia restaurativa, además de cerrar acuerdos marco con grandes superficies para la derivación de pequeños hurtos.
El programa también incluye medidas para favorecer la inclusión y la protección de los más vulnerables, con la extensión del modelo de asesoramiento a personas con discapacidad a todo el territorio y la creación de un turno de oficio especializado.
Para hacer frente al cambio de la planta judicial, plantea elaborar mapas de organigrama y ubicación de los servicios comunes por cada partido judicial, crear modelos y códigos para el reparto de asuntos, formar equipos volantes de funcionarios para los partidos judiciales con mayor congestión e impulsar un órgano de seguimiento específico.
Avello proyecta, para la mejora de las condiciones laborales de los jueces, la elaboración de planes de sustitución voluntaria y un seguimiento específico de los refuerzos propuestos y no concedidos. Asimismo, se compromete a impulsar la prevención de riesgos laborales y la salud laboral de la carrera judicial y a designar a un magistrado coordinador como interlocutor.
Fuente: laprovincia.es 23.04.2026
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