Casi un millón de temporales, miles de ceses y 625 millones de euros en riesgo retratan el fracaso del Gobierno ante Bruselas
Hay una enorme contradicción que España ya no puede seguir escondiendo detrás de tecnicismos administrativos. El Gobierno del PSOE, que se presenta como el más social de la historia, es también el Gobierno bajo cuyo mandato, de una parte, se ha mantenido y se mantiene a casi un millón de empleados públicos temporales en precariedad laboral, y de otra, se han producido miles de ceses y despidos de empleados públicos que llevaban años sosteniendo los servicios públicos.
El Gobierno del PSOE, que dice ser «el más social de la historia», permite ceses y despidos masivos de trabajadores públicos temporales y tolera precariedades laborales abusivas y desproporcionadas. Esto es lo que ha ocurrido y está ocurriendo por unos procesos de estabilización mal diseñados, mal ejecutados y jurídicamente insuficientes.
El Gobierno liderado por el PSOE prometió acabar con la temporalidad en el empleo público. La realidad es que España mantiene, según los datos manejados a partir de la última EPA de julio de 2025, a 999.738 empleados públicos temporales sobre una plantilla total de 3.107.195 trabajadores. Es decir, casi una tercera parte del empleo público continúa en régimen de temporalidad: un 32,2%, más de cuatro veces por encima del 8% comprometido por este Gobierno ante la Unión Europea para finales de 2024.
Europa lo ha advertido por enésima vez. La Directiva 1999/70/CE y su Acuerdo Marco prohíben el abuso en la contratación temporal sucesiva. El TJUE ha reiterado que los Estados deben sancionar a la Administraciones empleadores responsables de estos abusos y compensar adecuadamente a las víctimas de los mismos. Y la Comisión Europea ha requerido a España para que actúe frente a la temporalidad abusiva antes del 29 de junio de 2026.
La Ley 20/2021 se presentó como la gran solución, pero ha terminado siendo un fracaso legislativo. No resolvió el problema de fondo, no reparó adecuadamente a las víctimas y no acabó con la temporalidad estructural. Se vendió como una ley para estabilizar el empleo público, pero estabilizó plazas, no personas. Una plaza es una abstracción administrativa; una persona con veinte o treinta años en el mismo puesto es una realidad laboral.
Según estimaciones elaboradas a partir de datos oficiales y sindicales, solo los procesos derivados de la Ley 20/2021 pudieron dejar sin empleo a entre 67.000 y 90.000 empleados públicos temporales, sin contar los ceses vinculados a ofertas de estabilización anteriores. El Gobierno que también dice ser el más transparente de la historia, nunca ha publicado un registro oficial de interinos cesados por estos procesos. Esa ausencia de datos no es un detalle técnico: es opacidad.
El problema no empezó con la Ley 20/2021. Las ofertas de estabilización derivadas de las leyes presupuestarias de 2017 y 2018 ya abrieron procesos en los que muchos interinos con larguísimas antigüedades fueron cesados sin indemnización. Personas con diez, veinte, treinta o incluso más años de servicio fueron expulsadas como si su trayectoria no tuviera ningún valor, con pedida de un capital humano de enorme valor por tratarse de trabajadores públicos que acumulan muchos años de experiencia y cuya pérdida golpea la capacidad de gestión y el día a día de muchos organismos al desprenderse de los trabajadores más experimentados y cualificados.
El Gobierno «más social de la historia» debe dejar de mirar para otro lado. Tampoco pueden hacerlo las comunidades autónomas gobernadas por otros partidos, incluido el Partido Popular, que también son corresponsables de esta lamentable situación, al ejecutar o permitir ceses sin solución real de estabilizar. Pero la responsabilidad legislativa principal corresponde al Gobierno de España y a los partidos que lo sustentan, liderados por el PSOE. Si el problema es estructural, la respuesta debe ser estatal, legislativa y eficaz.
La dimensión social agrava aún más la contradicción. La mayoría de los afectados por situaciones de abuso son mujeres. En sanidad, la precariedad alcanza el 47%; en la enseñanza no universitaria se sitúa en torno al 31%; y hay centros donde llega al 100% de la plantilla. ¿Puede llamarse social un Gobierno que tolera esta situación?
A todo ello se suma una consecuencia económica directa. La falta de medidas eficaces puede comprometer más de 625 millones de euros de fondos europeos. Recursos que deberían servir para mejorar infraestructuras, reforzar servicios públicos o crear empleo, quedan en riesgo por la incapacidad del Gobierno «más social de la historia» para cumplir ante Bruselas, proteger a sus trabajadores públicos y evitar la precariedad laboral en el sector público.
Lo que hace falta es una ley de punto final: seria, eficaz y conforme al Derecho europeo. Una ley que reconozca el abuso, repare a las víctimas, sancione a las Administraciones incumplidoras y garantice estabilidad a quienes llevan años demostrando capacidad e idoneidad en funciones estructurales. No se trata de regalar plazas, sino de responder de forma proporcionada a un abuso cometido por la Administración. Todos estos empleados accedieron mediante procesos públicos, abiertos y sujetos a igualdad, mérito y capacidad. Han trabajado con responsabilidad durante años en puestos estructurales, mientras el Estado incumplía sus obligaciones.
El Gobierno del PSOE que dice ser el «más social de la historia» debe decidir si quiere cumplir con Europa o seguir acumulando reproches del TJUE. Si quiere combatir la precariedad laboral o administrarla. Si quiere proteger a sus trabajadores públicos o proceder a su despido masivo. Si quiere garantizar estabilidad en el empleo público a quienes sostienen los servicios públicos o quiere seguir tratándolos como trabajadores de segunda. Acabar con esta lacra de la precariedad laboral pública no es una opción política, es una absoluta obligación jurídica, social, moral y democrática. Basta ya.
Fuente: elconfidencial.com 18.06.2026
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