Estos cupos, ya implantados en Aragón y Cataluña, únicamente exigen que la persona firme una “Declaración responsable” basada en la autodeterminación.
A pesar de que la propia ley Trans impulsada por Irene Montero ya deja la puerta abierta a la reserva de puestos de trabajo para este colectivo, la autodenominada Federación Plataforma Trans reclama a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que imponga este tipo de cupos antes de que termine la legislatura. Así lo ha solicitado su presidenta, Mar Cambrollé, durante su participación en un acto de Sumar -el proyecto político de Díaz- en pro de los derechos LGTBI.
“Sin trabajo no hay dignidad”, ha defendido durante su intervención, en la que ha subrayado que la exclusión laboral de las personas de este colectivo “es una lacra a la que hay que poner fin”. En este sentido, Cambrollé ha llamado a la vicepresidenta y ministra de Trabajo a seguir los pasos de Aragón o Cataluña, donde estos cupos ya están implementados.
Se da la circunstancia, sin embargo, de que en ambas comunidades la medida ha suscitado una gran polémica, ya que lo único que se exige para acceder a los puestos reservados es una “Declaración responsable” basada en la autodeterminación. Es decir, no es necesario acreditar que se está en proceso de hormonación y/o cirugía ni que ningún facultativo acredite nada.
La polémica en Cataluña
Precisamente la semana pasada, la asociación L´Escola A.C, que preside Núria González, impugnaba hasta tres convocatorias en Cataluña que contemplan un total de 24 plazas de empleo público: 12 en el Ayuntamiento de Badalona, 6 en Mataró y otras 6 en el Consejo Comarcal del Maresme (Barcelona). Todas ellas destinadas a personas que se autodeterminen trans.
“Un sentimiento no puede determinar el acceso a un trabajo“, denunciaba en sus redes sociales la propia Núria González, que ya ha presentado sendas denuncias ante Inspección de Trabajo, al considerar que dichas convocatorias son “nulas de pleno derecho”. A su juicio, la reserva de plazas sin ningún otro requisito que esa Declaración responsable genera “inseguridad jurídica” e incumple la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, “por no respetar los principios de capacidad, mérito e igualdad”. En este sentido, la presidenta de L´Escola insistía en la picaresca que pueden suscitar estos cupos al no poder confirmar si alguien miente, algo que incluso podría acabar perjudicando al propio colectivo trans.
Sus argumentos son exactamente los mismos que pusieron sobre la mesa aquellas organizaciones críticas con la normativa aragonesa y coinciden con las advertencias que las feministas realizaron ante la tramitación de la nueva ley de Irene Montero. “Yo no me puedo autodeterminar española sin nacer en España o tramitar una nacionalidad, y yo no me puedo autodeterminar persona con discapacidad y pasar a tener sus mismos derechos“, denunciaba en Libertad Digital la Confluencia Movimiento Feminista.
Aragón, la pionera
La comunidad de Aragón fue pionera a la hora de implementar estos cupos para personas trans. El socialista Javier Lambán impulsó ya en 2018 una ley que establece que “en las ofertas de empleo público realizadas por las Administraciones públicas aragonesas, se reservará un cupo no inferior al uno por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas transexuales”. Desde entonces, según los datos del propio Gobierno autonómico, más de 40 personas se habrían beneficiado de esta medida.
La convocatoria más polémica fue la publicada en el Boletín Oficial de Aragón el 3 de julio de 2020, destinada a cubrir 83 plazas del Cuerpo Ejecutivo de la Administración. Lo que desató la indignación de los ciudadanos fue que mientras que no se reservaba ninguna plaza para personas con discapacidad —incumpliendo así la Ley 1/2013 de 29 de noviembre, General de derechos de las personas con discapacidad— sí se reservaban dos para transexuales, el doble, incluso, de lo que establecía la propia normativa aragonesa.
Fuente: libertaddigital.com