Fuente: La Vanguardia de fecha 18 de mayo de 2022 enlace
La Agrupación Sanitaria Española (ASAES) ha presentado junto con profesionales sanitarios de Madrid 423 demandas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para recurrir la impugnación de las ofertas públicas de empleo de sanidad (OPES), por la “inseguridad jurídica” que produce esta convocatoria.
Madrid, 18 may (EFE).- La Agrupación Sanitaria Española (ASAES) ha presentado junto con profesionales sanitarios de Madrid 423 demandas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para recurrir la impugnación de las ofertas públicas de empleo de sanidad (OPES), por la “inseguridad jurídica” que produce esta convocatoria.Siete minutos para estar al día. Y todo el tiempo que quieras para saber más. No te pierdas Las claves del día en tu mail cada mañana
Los demandantes dicen en un comunicado que la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que desarrolla el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, se encuentra en un avanzado estado de tramitación, por lo que tendrían que excluir de la convocatoria las plazas que deberían aplicarse según la Ley 20/21 para la reducción de la temporalidad.
“Si no se suspenden las OPES se podrá dar la situación de que alguien se prepare para acceder a una plaza y que esa plaza se saque de la convocatoria por haber sido declarada la fijeza por sentencia en un procedimiento judicial o por no ser necesario un examen oposición para su adjudicación según la Ley de reducción de la temporalidad”, señalan la ASAES y los sanitarios.
Recuerdan que todos aquellos que “se encuentran sufriendo la temporalidad”, ahora se ven “sometidos” a la incertidumbre de desconocer que pasará con sus plazas, lo que se produce porque la Ley de reducción de la temporalidad establece condiciones más ventajosas para obtener una plaza fija que las propuestas por las convocatorias publicadas los días 14, 15, 16 y 17 de diciembre pasado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Piden excluir las plazas que puedan obtenerse tras acogerse a la Ley para la reducción de la temporalidad, además de las de quienes han sometido a juicio la fijeza de su plaza, por lo que las convocatorias deben suspenderse hasta que la ley entre en vigor y los procedimientos judiciales se resuelvan.
Finalmente, recuerdan que ASAES está agrupando a todos los sanitarios para realizar impugnaciones colectivas y paralizar este “sinsentido” que debía haberse producido de oficio, es decir, la propia Comunidad de Madrid debería haber procedido a la suspensión de la OPE a la espera de la Ley, sin mayor trámite, “en vez de obligar a todos los aspirantes al inicio de un procedimiento judicial”.