Por normativa de la Unión Europea, su situación cambiará en 2024
Una enorme cantidad de plazas , en diferentes lugares de la administración , las ocupan trabajadores y trabajadoras interinos . Buena parte de ellos están en la enseñanza, es decir, profesores y profesoras en varios centros de titularidad pública . Este colectivo puede estar en esta condición de interinidad un máximo de 3 años, ya que en junio de 2021, el Tribunal Supremo acordó que un funcionario interino se convierta en indefinido no fijo si su vacante dura más de ese plazo.
Sin embargo, hasta ahora la práctica de la renovación de contratos ha sido una constante. Un correo electrónico firmado por cientos de maestros y amas de denuncia que llevan “años seguidos trabajando como docente”, lo que consideran una ” irregularidad aberrante y paradójica “, porque “el contrato temporal no se podía prolongar” y ante eso había la posibilidad de “pasar a ser fijo o debía enviarme al paro”.
Los interinos exponen que, pese a que la práctica habitual es la renovación del contrato (sea por seguir en el mismo centro u otro), sienten una “sensación de inestabilidad”. Los maestros denuncian que “el problema es más grave de lo que podría parecer: es la Administración quien es la responsable”, exponiendo que en Cataluña hay cerca de 30.000 personas en esta situación , de forma que el Departamento de Enseñanza se encuentra “en una las posiciones líderes del ranking de las distintas administraciones del Estado que más han contratado fraudulentamente”.
De hecho, los firmantes denuncian que “la propia Administración que vela por que la contratación en la empresa privada no sea fraudulenta, contradictoriamente, ha estado contratando durante 20 años (todavía hoy) de forma tramposa y premeditada”.
CAMBIO EN LA LEGISLACIÓN EUROPEA
Sin embargo, esta manera de hacer tiene los días contados. Y es que en el 2024, por una normativa de la Unión Europea , cuya solución consideran “híbrida”. En primer lugar, se convocó un concurso de méritos con un número arbitrario de plazas (basado en el postulado de convocar aquellas plazas estructurales que lleven cubriéndose temporalmente durante un período mínimo de 6 años). A continuación, se convocó un concurso de oposición (llamado extraordinario) para el resto de plazas, que han acabado siendo la mayoría.
Ante esta situación, los interinos catalanes denuncian que se encuentran ante “un problema de doble vía de acceso a la función pública, ya que deben estar pendientes de dos procesos totalmente diferenciados y que son de acceso general para toda la población”. Esto hace, a su juicio, que vean como su posibilidad de estabilización laboral “peligra por un alud de solicitudes de participación en ambos procesos, que aceptan la participación de personal de otras comunidades autónomas, aparte de personal funcionario que quiera cambiar de especialidad”. Denuncian que esto es “un fraude de ley porque la experiencia no barema todo lo que podría”.
LAS DEMANDAS
Aunque la situación, como denuncian, es de excepcionalidad, los firmantes del correo dicen que existe “margen para rectificar el proceso para que sea más justo para los casos de abuso de temporalidad”. Y es que exponen que “la puntuación de los méritos en cuanto a la experiencia no llega ni al 50% del total posible (aunque la Secretaría de Estado de Administración Pública recomendaba el 90%)”.
Por eso, consideran que “teniendo la posibilidad de traspasar todas las plazas al concurso de méritos para conseguir que las víctimas del abuso de temporalidad sean reconocidas, teniendo la posibilidad de solucionar el doble problema que supone la contratación fraudulenta y la necesidad de cubrir tantas plazas con personal cualificado de la manera más sensata y justa, teniendo la posibilidad de retrasar el proceso de oposición para asegurar que ninguna plaza del concurso de méritos quede desierta y teniendo laposibilidad de aprobar un pacto de estabilidad que asegure que el personal en abuso de temporalidad tendrá opción de seguir trabajando después de los dos procesos extraordinarios”.
Concluyen el escrito pidiendo a las “autoridades pertinentes” a que tomen las medidas necesarias para que los “miles de afectados vemos reconocida nuestra labor en la función pública y que de una vez por todas” y de este modo “se’ nos dignifique y repare nuestra situación contratándonos de forma legal a través de un concurso de méritos con suficientes plazas y, así, podamos seguir trabajando como hemos hecho durante todos estos años”.
Fuente: CatalunyaPress