Fuente: El Dia. enlace
El Consejo de Ministros prevé aprobar hoy una convocatoria un 8,5% mayor que la del año pasado pero que no contempla puestos para estabilizar al personal eventual
El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros de hoy la oferta de empleo público (OEP) de este ejercicio 2021. Esta irá para el conjunto de la Administración General del Estado (AGE), incluyendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y sacará a oposición un total de 30.455 plazas. En los próximos meses Función Pública irá concretando el calendario de oposiciones para que los candidatos se postulen a las mismas.
Desde el Gobierno califican la OEP del 2021 como la «más grande de la historia». Es un 8,5% mayor que la del año pasado si bien no supera en términos absolutos la del 2019, que ya fue bautizada en su día bajo el mismo epíteto. La cifra entonces, sumando las plazas de estabilización incluidas (en esta no hay oferta de este tipo), fue de 33.793 plazas. En la actual oferta el número de plazas de acceso libre y promoción son superiores. Es decir, es la más grande de la historia si se no se suman los procesos de estabilización de interinos.
Del total de 30.455 plazas anunciadas, 23.491 son propiamente de funcionarios de la AGE y el resto forman parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Dentro de las plazas de la AGE, 13.982 son de acceso libre (es decir, supondrán la incorporación de nuevos empleados públicos) y las 9.509 plazas restantes son de promoción interna (es decir, sirven para que funcionarios ya con plaza puedan ascender). No habrá en esta convocatoria plazas para la estabilización del personal eventual, según detallan desde Función Pública, dados los reducidos niveles de temporalidad existentes en la AGE (cercanos al 8%), en contraposición a los altos niveles que sí existen en otras esferas, como la educación o la sanidad (cercanos al 40% y gestionados desde las comunidades autónomas).
Los sindicatos avisan que la cifra es aún escasa para revertir el envejecimiento de la plantilla
Sin acuerdo sindical
Los sindicatos más representativos de la Función Pública –CSIF, CCOO y UGT– no han sido consultados en relación a esta última cifra y la oferta pública saldrá sin su visto bueno. La intención del Ejecutivo es citarlos a lo largo de esta semana para informarles de los detalles ya publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No obstante, las centrales ya adelantan que, pese a la mejora, continúan viendo escasa la cifra planteada para revertir el proceso de envejecimiento de las plantillas de la Administración General y la pérdida de efectivos durante la última década.
Actualmente hay 2,7 millones de trabajadores en la plantilla de la AGE, una esfera desde la que se gestionan los ministerios e instituciones como el SEPE o la Tesorería General de la Seguridad Social. El progresivo envejecimiento de las plantillas es un problema que se arrastra desde hace años, debido a unas ofertas públicas de empleo limitadas, y actualmente la media de edad de los trabajadores se encuentra en los 51,6 años, según datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Lo que implica que, según cálculos de la propia Administración, a lo largo de la próxima década más de la mitad de los actuales efectivos se jubilarán.
La falta de dimensión de las ofertas de empleo públicas en los últimos años ha provocado una pérdida de efectivos en los servicios gestionados por la Administración estatal, según reconoce un informe interno elaborado por el antiguo Ministerio de Política Territorial y Función Pública (después de la última remodelación de Gobierno, estas competencias las ha asumido Hacienda). «La evolución de efectivos de enero 2010 a enero 2020 refleja una pérdida neta de un 22% a lo largo de ese periodo», reza dicho informe. Una realidad que ha provocado, entre otros, problemas de gestión en algunos cuerpos durante la actual crisis del covid como ocurrió en el SEPE para asumir la avalancha de ertes –se tuvieron que incorporar a 3.000 interinos que están finalizando contrato progresivamente hasta septiembre– o en la Seguridad Social para tramitar el nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV).