Fuente: CGT educación de fecha 25 de abril de 2022 enlace
En 1997, en CGT ya defendíamos la doble vía para el acceso a la función pública. Las bolsas de interinidades tenían a tantas personas que no hacía falta ser muy avispado para darse cuenta de que se estaba utilizando a estas plantillas para cubrir puesto estructurales y no solo sustituciones.
Ningún otro sindicato se unió a nuestra lucha. Nos llamaban locos, decían que un concurso de méritos para acceder al funcionariado era imposible, a pesar de que se recoge en la Constitución. ¿No sería miedo a perder los ingresos del dinero que cada año miles de opositores y opositoras se dejan en cursos de formación? 25 años después, por fin se demuestra que teníamos razón. Que sí se podía.
Sin embargo, al contrario del resto de sindicatos desmemoriados que, ahora sí, han corrido a ponerse la medalla, en CGT no estamos satisfechas con el contenido del real decreto. Te explicamos nuestros motivos.
– No estabiliza a las personas, sino las plazas. Nuestro lema lleva años siendo “quienes están se quedan”, pero en el real decreto queda claro que no se pretende estabilizar a las personas, sino las plazas. Se corre el riesgo de que salgan a concurso plazas que llevan años ocupadas por personas interinas contratadas en fraude de ley y que sean ganadas por personas que trabajaban en centros privados o concertados, por ejemplo.
– No se tienen en cuenta los procesos aprobados antes de 2012.
– No se sanciona el abuso de ley que la Administración lleva años cometiendo, así que nada indica que no vaya a seguir cometiéndolo en el futuro.
– ¿Qué ocurre con las plazas de estabilización? Como decíamos arriba, CGT lleva reclamando un doble sistema de acceso a la función pública desde el siglo pasado. Exigimos que se estabilice a todas aquellas personas que llevan 3 años o más contratadas en fraude de ley. Es decir, a todas las personas que han estado ocupando plazas estructurales durante tres años. ¿Dónde está la trampa? En cómo se interprete plaza estructural, plazas a las que alude la nueva normativa (ley 20/2021, y real decreto 270/ 2022). La ley hace referencia a las plazas que sufrieron mermas por las políticas de austeridad de 2012 a 2015, años en los que la tasa de reposición docente se redujo al 10%. La normativa fija, para las plazas de concurso, un tiempo de ocupación ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 2016; y de 3 años anteriores al 31 de diciembre de 2020 para el concurso oposición con pruebas no eliminatorias. Si embargo, el cálculo de plazas que tienen que ser ofertadas por estas modalidades de acceso no es transparente. La Administración tiene la obligación de informarnos de cómo ha hecho el cálculo para este tipo de plazas, desglosadas según sus modalidades de acceso y especificar los criterios que se han tenido en cuenta para calcularlas. Urge que aclare a qué sistema de acceso irán asociadas las plazas que aparecen en el borrador de Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración Educativa de la Junta de Andalucía.
¿Qué pide CGT?
– Que se elimine la segunda vía intermedia (concurso oposición con pruebas no eliminatorias) y se mantenga el concurso para estabilizar a todas las personas (con nombres y apellidos) que llevan, al menos, 3 años ocupando una plaza estructural. Es decir, que llevan ocupando vacantes desde el 1 de enero de 2019 (de enero de 2016 a diciembre de 2021 no hay 5 años, por más que lo repitan una y otra vez).
– Que se tengan en cuenta todos los procedimientos selectivos aprobados desde que exista registro de los mismos. No solamente los superados hasta 2012.
– Que se aumente la puntuación del baremo otorgada a la experiencia previa y se elimine el límite de tiempo.
– Que se permita el acceso por concurso solamente a las personas interinas contratadas en fraude de ley.
Exigimos además que se nos facilite toda la información necesaria para el desempeño de nuestra labor sindical. Llevamos meses solicitando datos al Portal de Transparencia para poder establecer una relación de todas las plazas reales que tienen que salir por cada uno de los sistemas, solicitud que a día de hoy sigue sin respuesta. Actualmente, con las cifras de plazas ofertadas que han presentado, podemos afirmar que la Administración andaluza está amortizando (suprimiendo) plazas estructurales a base de cerrar unidades y suprimir puestos en la plantilla docente como ya denunciamos que estaba sucediendo en infantil y primaria, y reserva la mayoría para el acceso por concurso oposición con pruebas eliminatorias. Basta comprobar la tasa de interinidad en las vacantes del cuerpo 597 a junio de 2020 (ya en el 8% que marca la ley) y el ridículo número de plazas de estabilización que se ofertan de este cuerpo. Es lo que va a suceder con la educación secundaria en los próximos cursos y el motivo por el que no se ofertan las plazas estructurales reales.
La intención es clara: reducir la interinidad eliminando las plazas, no estabilizar a todas las personas en abuso de temporalidad, adelgazar las plantillas a base de cerrar unidades y exprimir las ratios, y seguir convocando oposiciones libres con las cifras irreales de la tasa de reposición. Todo ello para intercambiar a unas personas por otras y reducir los gastos de trienios y sexenios. Todo lo contrario a los objetivos de estabilización que promueve la ley.
Ante este engaño y juego de trileros de la Junta de Andalucía, la única salida que nos queda es la unión de toda la comunidad escolar y todos los sindicatos en la lucha por la defensa de la educación pública, con dos objetivos fundamentales que van unidos de la mano y son inseparables:
- una bajada de ratios generalizada que permita la mejora de la atención educativa.
- la estabilización de todo profesorado interino actualmente en activo para garantizar su continuidad laboral y el caudal de conocimiento y experiencia acumulados a lo largo de estos años, que va a garantizar el futuro y la calidad de nuestra educación pública.