Fuente : Eldiario.es de fecha 25 de septiembre 21 pincha aquí
- Cientos de personas se han manifestado este sábado en Madrid contra el decreto que limita el abuso de interinos en el sector público al considerar que peligran sus puestos de trabajo tras años en puestos estructurales en condiciones de temporalidad.
- — El Gobierno salva por un voto el decreto que limita el abuso de interinos en el sector público tras un acuerdo con ERC
Cientos de personas han marchado este sábado por Madrid para protestar por el decreto ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público, que se está tramitando actualmente, y con el que el Gobierno pretende poner fin al abuso de temporalidad de los interinos. Llegados desde varios puntos de España, los manifestantes han reclamado que se les haga fijos en sus puestos de trabajo, donde llevan años e incluso décadas.
Elena Romero tiene 63 años y lleva desde 2015 trabajando para la consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid. En cualquier empresa privada deberían haberla hecho indefinida al tercer año, pero en la pública no ocurre lo mismo. “Se le exige a la privada, pero la pública no lo cumple”, denuncia esta arquitecta, que hace referencia, como muchos de los asistentes, a la directiva europea 1999/70/CE, que ya hablaba de reducir la temporalidad en 1999. “La UE ya ha dado un tirón de orejas a España y vamos con 20 años de retraso”, explica quien considera que “quien ha incumplido la ley es la administración y quienes van a pagar” van a ser ellos, al ver peligrar sus puestos de trabajo con lo que llaman el “icetazo”.
En España, el sector público tiene una tasa de temporalidad superior al 28%, con cerca de 300.000 plazas públicas ocupadas por interinos que en realidad son estructurales, según cálculos del Gobierno. Para atajar esta problemática, el Ejecutivo, con el entonces ministro Miquel Iceta al frente de la cartera de Función Pública, alcanzó en verano un acuerdo con los sindicatos mayoritarios, UGT, CCOO y CSIF. El decreto ley que se está tramitando contempla que estas plazas sean fijas antes del 31 de diciembre de 2024 y que se reduzca la interinidad al 8%. El proceso afectará a todas las plazas de carácter estructural ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 2020.
Pero para optar a esas plazas, los interinos en abuso de temporalidad deberán aprobar una nueva oposición en la que, por primera vez en la historia de las ofertas de empleo público, se valorará la experiencia adquirida en el puesto hasta en un 40% del cómputo global. Se trata de una medida que no contenta a los empleados del sector público que llevan años en un puesto de trabajo estructural pero con la inseguridad que da no tener un empleo fijo. “Después de 16 años, me piden que demuestre mérito y capacidad”, denuncia José Luis González, que lleva todo este tiempo trabajando para la diputación de Almería.
Desde esa provincia han llegado a Madrid un grupo de trabajadores temporales de distintas administraciones para reclamar “como víctimas del abuso, que se cumpla la ley”. “La Justicia Europea dice que detectado un trabajador en abuso (ocupando un puesto estructural con un contratos temporales durante más de tres años) es indispensable la sanción, que puede ser económica para reparar a la víctima -se cesa y se paga- o mediante la estabilización del trabajador”, explica González. Y esto último es lo que exigen: que se haga fijos a todos los trabajadores interinos que lleven más de tres años en cualquier administración pública sin pasar por un proceso de oposición abierto.
“No pueden pedirme una triple jornada”
Porque su miedo, indican los interinos con los que ha hablado elDiario.es, es quedar fuera del proceso en la primera fase de la oposición, donde no se cuentan los méritos. Además, afirman estar en inferioridad de condiciones frente a aspirantes jóvenes o recién salidos de la universidad. “La fase de oposición es eliminatoria y no podemos competir con gente joven. Yo trabajo, tengo dos hijos adolescentes y no puedo ponerme a estudiar una oposición al 100%. No pueden pedirme una triple jornada”, explica Laura Requena, de 51 años y que lleva 14 en el servicio de valoración de la dependencia de la Junta de Andalucía. “Nosotros ya hemos entrado por un proceso legal, por un concurso oposición, a través de una bolsa de trabajo…”, defiende.
En su caso, no exige ser funcionaria, sino “mantener” su puesto de trabajo. Es lo que explican también Olga Pérez y María Pilar Ramírez, que han llegado a la manifestación desde Aragón con un grupo de unos 150 interinos de diferentes administraciones de la región y resumen las tres opciones que tienen sobre la mesa: que te hagan fijo después de los tres años, que te hagan fijo a extinguir -lo que implica que no eres funcionario- o que se haga un concurso extraordinario de méritos restringido a estos trabajadores. Como todos los asistentes, descartan que ese proceso de estabilización sea abierto porque “no son acordes con la realidad” y ellas ya han “accedido a la función pública”. “Tenemos que estudiar, pero otras muchas cosas para ser competitivas en nuestro trabajo”, donde llevan 17 años, “y no una oposición” que no responde al trabajo “súper específico” que llevan años realizando en el sector agrónomo.
“Trabajo en un servicio muy especializado y quien enseña todo a las personas nuevas que llegan soy yo y ahora me van a tirar a la calle”, lamenta Ana, que lleva 22 años trabajando en el Hospital la Fe de Valencia, donde no ha obtenido aún plaza fija porque los test “valoran otras cosas” que poco tienen que ver con la profesionalidad. En la manifestación que ha salido de Atocha y ha llegado hasta la calle Alcalá, pasando por el Congreso de los Diputados, ha conocido a Juana Rico, que trabaja en su mismo hospital. “Con mi edad (53 años), ya no tengo la capacidad de memorizar leyes como un joven que acaba de salir de la universidad, pero tengo la experiencia adquirida de años trabajados” dice. Además, señala que tras la pandemia se sienten “muy quemadas” y que merecen “un respeto por el trabajo, el esfuerzo y la dedicación” en lugar de “perder su puesto de trabajo”.
Para los interinos en abuso de temporalidad que no consigan una plaza definitiva en estos procesos de estabilización, Función Pública había acordado una indemnización económica de 20 días por año trabajado, en línea con la cantidad reconocida por el Supremo a los empleados públicos temporales (laborales) en fraude a los que reconoce el estatus de indefinidos no fijos. Unas indemnizaciones saldrían de las arcas del Estado y que los interinos con los que ha hablado elDiario.es estarían mejor invertidas en reforzar los servicios públicos que en echarles de sus puestos de trabajo, mientras hacerlos fijos supondría “coste cero”.
En cualquier caso, los manifestantes piden que no se les enfrente con los nuevos opositores que quieren optar por primera vez a una plaza de empleo público. “Nuestro problema no es contrario al suyo. Hay plazas de sobra porque no paran de jubilarse compañeros”, explica José Luis, que denuncia que siguen convocándose oposiciones con trabajadores en abuso. “Por un lado, que se hagan oposiciones libres y, por otro, estabilizaciones”, reclama.
La marcha ha sido convocada y apoyada por decenas de sindicatos y asociaciones de trabajadores minoritarios, que han lamentado que los mayoritarios, CCOO, UGT y CSIF se hayan adherido al texto del Gobierno, que se aprobó in extremis a principios de julio con el apoyo de ERC y ante las dudas de Unidas Podemos, que consiguieron que se tramitara como proposición de ley para poder introducir enmiendas y negociar, por ejemplo, que las pruebas no sean eliminatorias y hacer fijos a los temporales que lleven más de 10 años en su puesto. Con todo, uno de los momentos donde los abucheos y los pitos se han sentido más ha sido al pasar frente a la sede de CCOO, donde los manifestantes han acusado al sindicato de “traidor” por estar del lado “de la patronal”. “No entendemos cómo organizaciones en defensa de los trabajadores están en contra de los intereses de los trabajadores del sector público”, lamentaba Pérez, que pide “voluntad política” para resolver el conflicto porque “esta ley no soluciona el problema”.