Fuente: Diario16 de fecha 5 de noviembre 2021 enlace
El análisis de la actividad de los europarlamentarios socialistas rebela cómo, durante la primera etapa de Pedro Sánchez, mientras estuvieron en la oposición, el PSOE estaba del lado de los interinos. Sin embargo, una vez alcanzado el gobierno, se olvidaron y aprobaron un decreto que no cumple con lo indicado por las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE
La clase política española sólo se posiciona a favor o en contra de las justas reivindicaciones del colectivo de trabajadores públicos en situación abusiva de temporalidad cuando están en la oposición. En cuanto llegan al Gobierno, todo lo hecho o lo dicho se olvida y actúan en contra de los intereses legítimos de los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras interinas. Esto, tal y como publicamos en Diario16, ocurre en los partidos de derecha que pretenden, a través de una campaña de marketing político, porque no sienten como suyas las reivindicaciones del colectivo de interinos, que no tiene otro fin que el de debilitar al gobierno de Pedro Sánchez.
Sin embargo, esa actitud obscena no es exclusiva del Partido Popular o de Ciudadanos, sino que en la izquierda también aplican aquello de «prometer hasta meter y, una vez metido, nada de lo prometido». Hoy analizaremos al PSOE de Pedro Sánchez, el secretario general que, recientemente, como Saulo camino de Damasco, fue cegado por la luz del dios González y «vio cosas que vosotros no creeríais».
Al igual que el PP y Cs en los últimos meses, los eurodiputados socialistas también se dirigieron a la Comisión Europea haciendo referencia al maltrato sistemático que el Estado español infligía (e inflige) a los interinos.
EN 2016, cuando Pedro Sánchez intentaba ser presidente del Gobierno al precio que hiciera falta, incluso pactando con Albert Rivera, los eurodiputados socialistas españoles registraron dos cuestiones dirigidas a la Comisión Europea.
En la primera de ellas, firmada por Sergio Gutiérrez en la que se indicaba que la sentencia del TJUE de 2016 «considera que la legislación española es discriminatoria con los trabajadores temporales interinos debido a que no reconoce una indemnización equivalente a la de los trabajadores fijos por la extinción de su relación laboral» y preguntaba a la Comisión si iba a exigir a España el cumplimiento de las resoluciones de los tribunales europeos. Es decir, el mismo discurso que ahora utiliza el PP.
También en el año 2016 todos los eurodiputados socialistas españoles remitieron la misma pregunta a la Comisión relacionada con la situación de los interinos. Esta vez estaba firmada por Sergio Gutiérrez Prieto, Pepe Blanco, Clara Eugenia Aguilera García, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Enrique Guerrero Salom, Javi López, Iratxe García Pérez, Soledad Cabezón Ruiz, Juan Fernando López Aguilar, Elena Valenciano, Eider Gardiazabal Rubial, Inés Ayala Sender, Jonás Fernández y Ramón Jáuregui.
Evidentemente, esto también fue un movimiento de marketing político para intentar trasladar a los interinos que el PSOE de Pedro Sánchez estaba con ellos, que estaba luchando por ellos en el Parlamento Europeo.
Los hechos han demostrado que esa preocupación no era más que otra muestra de falsedad. La clase política española no piensa jamás en el pueblo y, en realidad, les da igual tal o cual colectivo. Sin embargo, cuando están en la oposición todo son promesas, estrategias, reuniones y movimientos para hacer ver que se lucha por tal o cual causa.
Así actuó el PSOE de Pedro Sánchez, con los interinos y con otros muchos que hoy se lamentan amargamente de haber creído las promesas del actual presidente del Gobierno, tan proclive a prometer y a no cumplir.
Vulneración de la sentencia del TJUE
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de los interinos dictada el 19 de marzo de 2021 le dio una oportunidad única para cumplir con los compromisos adquiridos en el pasado hacia este colectivo de trabajadores y trabajadoras maltratado por la Administración Pública.
El Real Decreto del Gobierno de Sánchez, ya conocido como el «Icetazo» incluía una serie de reformas encaminadas, presuntamente, a restablecer la situación de abuso laboral que sufre el sector de los trabajadores públicos temporales. Sin embargo, lo que podría haber sido una buena noticia, en realidad, no lo fue, puesto que, según un análisis realizado por expertos juristas, lo aprobado por el Ejecutivo de Sánchez vulnera la literalidad de las sentencias del TJUE.
En primer lugar, el Real Decreto omite toda referencia a la sentencia del TJUE de 19 de marzo en cuanto niega que los procesos de estabilización sean medidas sancionadoras ni de prevención del abuso laboral. Además, obvia toda referencia a que 20 días de indemnización no son una medida de prevención ni sanción, según se indica en la jurisprudencia.
Dos décadas para transponer una Directiva europea
Por otro lado, querer justificar, como hizo el Gobierno de Pedro Sánchez, la no transposición de una Directiva europea durante 20 años en razones presupuestarias y de dilación de procesos no fue otra cosa que ir en contra de lo señalado en la sentencia del TJUE del 3 de junio.
Otro aspecto es que esa no transposición de las Directivas europeas no conlleva sanción alguna. Esto ha tenido graves consecuencias para los interinos, puesto que durante dos décadas han sufrido el abuso de la temporalidad por parte de las administraciones públicas españolas. Además, los 20 días de indemnización no se dice que se apliquen a los procesos de estabilización iniciados, por ejemplo, en 2017.
También resultaba absolutamente sorprendente que se justificara esta norma en un Real Decreto alegando urgencia cuando la transposición de la Directiva se debía haber realizado hace 20 años.
En consecuencia, según indicaron los juristas consultados por Diario16, el Real Decreto supuso una vulneración a la literalidad de las sentencias del TJUE «diciendo lo que no dicen, con afirmaciones como que el tribunal está de acuerdo con que en nuestro derecho no cabe estabilidad sin proceso selectivo y omitiendo lo que no interesa. Que no existe medida y, como muestra, está lo que ahora se están dictando. Es relevante que dediquen 5 hojas para justificar lo correcto del instrumento utilizado en la figura de Real Decreto», afirmaron las fuentes consultadas.