Fuente; Canarias7 de fecha 4 de abril de 2022 enlace
El consejero se mantiene abierto al diálogo con el comité de huelga, pero asegura que ha cumplido con el acuerdo de abril.
El conflicto de la temporalidad avanza por dos frentes distintos en Canarias. Por un lado, el Gobierno sigue la guía de la norma nacional para reducir del 40% al 8% el alto índice de empleados públicos afectados por el fraude de ley por medio de la convocatoria de un concurso de méritos. Por otro, continúa negociando con el comité de huelga, que no ve válida esta solución, ya que no garantiza la fijeza de todo el personal de la Administración.
La falta de consenso ha llevado al colectivo a prolongar durante 15 meses sus protestas, alegando que el compromiso firmado por la Consejería –que sí garantizaba trabajar por la permanencia– debe cumplirse.
Sin embargo, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez reconoció en comisión parlamentaria que el Gobierno de Canarias no puede garantizar, como piden Intersindical Canarias y Co.bas, «que todo el personal temporal que esté se quede».
Respondió así a una pregunta de la diputada nacionalista Socorro Beato, quien insistía en no hablar de plazas sino de personas, ya que en numerosos ámbitos, como el sanitario, «se dan situaciones muy diversas: plazas ocupadas por varias personas, o profesionales desarrollando funciones sin plaza» en la RPT (relación de puestos de trabajo).
Beato, no obstante, celebró que el consejero vea como una «guía de recomendaciones» el borrador elaborado por el Ministerio para desarrollar la Ley de Medidas Urgentes. Si la diputada insistió en que la Comunidad Autónoma debe mantener su independencia a la hora de establecer los criterios que solucionen el problema de la temporalidad, el consejero coincidió en que se adaptarán a la realidad canaria.
Es esta, precisamente, la principal línea de trabajo que se propone el Gobierno junto con los sindicatos de la Mesa de Negociación General, donde están representadas las mayorías sindicales del archipiélago, pero que se reune al margen del comité.
«Pedimos al titular autonómico que retome el acuerdo con los sindicatos, firmado el 23 de abril del año pasado, para con lo que se habían comprometido, teniendo en cuenta sus reivindicaciones», expuso Socorro Beato.
El consejero, por su parte, insistió en que está haciendo «todo lo que está en su mano» para dar solución al problema de la temporalidad, pero también reconoció que no pueden atender a la reclamación de garantizar la fijeza. «Eso no puede ser automático», sentenció Julio Pérez.
A su juicio, el Gobierno de Canarias ha cumplido hasta el momento con el acuerdo firmado el pasado 23 de abril pese a las críticas del comité. Un acuerdo que estos sindicatos reivindican incluso por la vía legal porque ven vulnerados sus derechos y aseguran que «traerá cola» tras las declaraciones de ayer.
La consejería, de momento, mantendrá la misma línea de trabajo para establecer un marco común que prevé, además, que se extienda a todas las administraciones. Por ese motivo, señaló Pérez, se mantiene el diálogo con la Federación Canaria de Islas (Fecai) y con la Federación Canaria de Municipios (Fecam).
El comité de huelga: «No hay negociación»
Pese a que el Gobierno declara tender la mano al comité de huelga, pocas son las señales de voluntad política que dicen haber visto los representantes de los afectados por el fraude de ley.
Para comenzar, no hay prevista ninguna reunión en el horizonte, si bien IC y Co.bas reiteraron la convocatoria a la dirección general de Función Pública tras un último encuentro infructuoso que derivó en una «mesa técnica» sin contenido. Los temporales reclamaron una segunda vuelta para dialogar «en igualdad de condiciones», pero se les negó.
A su juicio, no solo se está vulnerando el derecho a la huelga –el colectivo lleva 15 meses de protestas–, sino que se van afilando las aristas que evidencian el incumplimiento del acuerdo.
Así, el comité ve ahora en las declaraciones del consejero Julio Pérez la prueba de que «se ha estado engañando a la gente».
Afirman sus representantes que entre esas evidencias está la falta aún de la relación de personas afectadas –que deberían conocerse antes de establecer los criterios para la oferta de plazas– o la previsión de un cupo de reserva para discapacidad «y puede que promoción interna» que restará a la estabilización.
«Nos van a cesar con dinero público, de forma rápida, barata y, lo peor, sin sanción», apunta la portavoz del comité, Yolanda Cívicos. «Ya no hay negociación, solo un acuerdo que cumplir».