Fuente: Faro de Vigo de fecha 18 de abril de 2022 enlace
La ley que obliga a reducir la tasa de temporalidad a un máximo del 8% reconoce el derecho a percibir una compensación a los trabajadores que no superen la prueba de estabilización
La Xunta apura los plazos para activar la oferta pública de empleo destinada a estabilizar trabajadores temporales en la administración general (al margen de la sanidad, la educación y la justicia, que siguen otro proceso). Los sindicatos urgen conocer las listas de vacantes para tener una idea de cuántos trabajadores estarán afectados en una plantilla formada por unos 30.000 empleados, pero la Consellería de Facenda se resiste a poner encima de la mesa la relación del personal que debe convertirse en fijo según lo establecido en la ley estatal de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, que fija una tasa máxima del 8%. Lo que sí ha trasladado a los sindicatos la pasada semana es un borrador con los criterios comunes para aplicar esa ley y en ella se advierte a los funcionarios interinos y el personal laboral temporal que reclamen la indemnización –a la que tienen derecho– por finalizar su relación con la administración, que la Xunta suspenderá sus llamamientos en las listas de contratación temporal. Es decir, ya no contará con ellos para cubrir eventuales vacantes en el futuro.
Al proceso de estabilización será obligatorio presentarse, para lo que se habilitarán dos sistemas, un concurso oposición y un concurso de méritos en función de las fechas en que se realizaron los contratos. Y los que suspendan esta prueba tendrán derecho a una compensación económica, con carácter general, equivalente a 20 días de retribución fija por año trabajado y hasta un máximo de 12 mensualidades, ya sean funcionarios interinos o personal laboral temporal.
Pero en su borrador sobre cómo se articulará el proceso de estabilización, la Xunta pone condiciones excluyentes sobre el cobro de estas indemnizaciones que no comparten los sindicatos y contra las que presentarán batalla en la mesa de negociación. “La percepción de esta compensación determinará la suspensión de los llamamientos en las listas de contratación temporal”, se recoge en las instrucciones remitidas por la Consellería de Facenda e Administración Pública.
¿A cuántos trabajadores públicos afectará esta norma? De momento es toda una incógnita porque la Xunta todavía no ha facilitado la lista de plazas ocupadas con carácter temporal de un total de 30.000 entre empleados de la administración general y de los entes instrumentales. Pero los sindicatos calculan que podrían ser entre 4.000 y 6.000, ya que en algunos sectores la tasa de temporalidad “supera ampliamente el 50%”, según la CIG.
En cuanto a los empleados que previsiblemente no superen el proceso de estabilización y que, por tanto, tengan derecho a una indemnización, CSIF vaticina que será porcentaje alto. Como dato aportan que en la última prueba del grupo A1 en la que participaron unos 120 empleados, el 40% no la aprobó.
El plazo para que la Xunta publique la oferta pública de empleo de estabilización finaliza por ley el 1 de junio y la intención de la Consellería de Facenda, según la información facilitada a los sindicatos, es ir dando en las próximas fechas las plazas vacantes de forma escalonada y por escalas.
“Tiene toda la pinta de que la Dirección Xeral de Función Pública no tiene interés en buscar el consenso en una cuestión tan delicada y que afecta a tantas personas. ¿Se va a atrever a seguir en su tónica ya habitual de impedir la negociación colectiva y la participación de los trabajadores dando información a cuentagotas y con plazos ridículos?”, se queja la CIG.
Desde CSIF temen que la Xunta finalmente elabore una lista de vacantes cubiertas con contratos temporales muy por debajo de las reales, dado que a su juicio la ley estatal es “muy ambigua” y permitirá realizar ajustes a discreción.