Los interinos en lucha: “Tenemos una situación muy grave con la implicación de toda la cámara del Congreso”

Fuente: Luhnoticias.es de fecha 19 de septiembre 2022 enlace

Un 70% del millón de trabajadores en fraude de ley por abuso de temporalidad son mujeres de 50 años, situadas al borde de la pobreza y del desempleo de larga duración.

Actualmente en España hay más de 800.000 empleados y empleadas de las distintas Administraciones Públicas que se encuentran en fraude de ley por abuso de temporalidad. A pesar de que dentro de nuestras leyes existe un apartado para la enseñanza pública donde queda recogido un máximo de tres años para convocar oposiciones, esto no se ha cumplido en la administración. España ha tratado de justificar esta anomalía con la existencia de una crisis, pero desde Europa no han aceptado los motivos como excusa.

Como ya comentaba este medio el pasado mes de junio, Europa estableció que aquellos en esta situación irregular debían conseguir contratos indefinidos a partir de los 3 años –tal y como queda reflejado en la sentencia 19/03/2020–, con la condición de que esto ocurriera sin procesos selectivos o recibiendo una indemnización disuasoria. Como era de esperar, estas condiciones no se han cumplido en el ámbito público a pesar de que la Directiva Europea –además de ser de obligado cumplimiento– tiene prevalencia sobre cualquier ley nacional.

A pesar de esta exigencia por parte de Europa conforme a las leyes del país, en junio de 2021 se firmó un real decreto creado por Miquel Iceta y con la implicación de los sindicatos –CCOO, UGT y CSIF– donde quedó recogida la existencia de un concurso de méritos con unos baremos “totalmente discriminatorios”, ya que estos son abiertos para todo el mundo, con baremos diferentes según la CCAA, copada la experiencia a 10 años, puntuando oposiciones aprobadas (incluso para los funcionarios de carrera de otras especialidades), en vez de estar restringidos para aquellos en una situación de fraude de ley –que deberían ser fijos sin un proceso selectivo–, dejando a estas personas con menos oportunidades todavía. “Es una burla a nuestro colectivo”, comentaba Mónica Silva García, profesora de viola en Galicia, a LÚH!.

Mientras se llevaba a cabo la ley 20/21 convocaron y llevaron a cabo oposiciones sin separar las plazas, supuestamente ilegales. El resultado fue que gran parte de los 800.000 temporales públicos interinos acabaron en la calle, de los cuales el 70% son mujeres de entre 50 y 55 años, siendo reemplazados por profesionales jóvenes. “Ya no es que sea injusto, es que es anticonstitucional”.

La situación empeora

Ahora, unos meses más tarde, la situación continúa empeorando, tras implicarse la cámara de los diputados por hacer enmiendas para la ley 20/21 de interinidad, a pesar de tener 17 sentencias internacionales a su favor, España se ha convertido en uno de los pocos países con esta problemática que no ha buscado una solución, según la profesora, esto se debe al “tremendo negocio que tienen los sindicatos con los cursos de oposiciones y subvenciones del estado”, pasando por el procedimiento llevado a cabo por el Congreso de los Diputados, donde se votó para legalizar esta ley que no sigue la jurisprudencia europea. “Tenemos una situación muy grave con la implicación de toda la cámara del Congreso”, se lamentaba.

Por ejemplo, en la especialidad de Mónica, la viola, hay únicamente una plaza disponible para estabilización, pero esta no queda clara. La precariedad sufrida por aquellos en este sector ha alcanzado límites en los que algunos han llegado a estar 10 años sin hacer oposiciones, periodo de tiempo que llega a alargarse a los 30 años en algunos casos de cargos en las administraciones públicas. “La gente está haciendo cuentas de los méritos que tiene y de su antigüedad para comprobar si tienen alcance a algunas plazas. Esto no debería ser así, es una criba brutal”. De esta manera se están quedando en la calle trabajadores y trabajadoras con muchísimos años de antigüedad, con una experiencia absolutamente acreditada y demostrada, poniendo en gravísimo peligro a sus familias, situándolas al borde de la pobreza y del desempleo de larga duración.

“La gente está acostumbrada a que las grandes huelgas las lleven a cabo los sindicatos, pero estos no admiten su error y nadie se manifiesta para cambiarlo, pero estos dependen de las subvenciones del Gobierno y eso les convence para no hacer lo contrario”, comenta Mónica a nuestro medio, asegurando que la gente está tan destruida y desmotivada que “no se mueven ni para protestar”.