El Consell de PP y Vox ha comprobado en menos de dos meses que Educación será uno de los principales focos de conflicto.
El 31 de agosto, un día antes de que el profesorado se incorporase a los centros tras las vacaciones de verano, el Gobierno valenciano publicaba en el Diario Oficial una resolución que obligaba a los institutos a rehacer todos los horarios del nuevo curso que se inicia este lunes en la Comunidad Valenciana. Una decisión de la nueva Consejería de Educación, en manos del PP, que no solo ha incendiado los claustros docentes por el “caos organizativo”. La medida ha sido la gota que ha colmado el vaso de un verano inusitadamente movido en el sector educativo, y ha dado pie al inicio de la batalla contra el Gobierno de PP y Vox en los tribunales.
El PP se despidió en 2015 de la Generalitat cuando aún escocían en la escuela pública los recortes por la anterior crisis económica. Sin embargo, en su vuelta a las instituciones en 2023 de la mano de Vox, el partido de Carlos Mazón tenía claro que no podía ceder a su socio de gobierno el control de la Consejería de Educación. Considerado un departamento sensible, el nuevo Ejecutivo ha comprobado en menos de dos meses que Educación será efectivamente un importante foco de conflicto.
Los principales sindicatos de la enseñanza pública ya han mostrado sus armas. Están dispuestos a batallar en los tribunales las medidas controvertidas del PP, de la misma manera que el ejecutivo de Ximo Puig se topó muchas veces con el muro judicial a cuenta de su política lingüística o contra la escuela concertada. En este caso, STEPV y UGT recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano el aumento del horario lectivo del alumnado anunciado el último día de las vacaciones de agosto.
En realidad, la medida decretada por el consejero de Educación, José Antonio Rovira -viejo conocido en la Consejería e íntimo de Mazón-, es una respuesta a otra sentencia del TSJ que tumbó la asignatura obligatoria de Proyectos Interdisciplinares del anterior gobierno. Este fallo propició que la Consejería de Educación, aún dirigida por Compromís, dictase en julio -justo antes del traspaso de carteras- unas instrucciones anulando la asignatura y, en consecuencia, reduciendo dos horas lectivas al alumnado de primero a tercero de ESO.
Esas dos horas son las que quiere ahora recuperar el PP para impartir Matemáticas o Inglés, con el argumento de que “beneficia al alumnado” y “no cambian” las condiciones del profesorado (en la práctica, su jornada laboral es la misma). Otra cosa es el lío que ha generado en los centros para rehacer contrarreloj los horarios. Para UGT, la decisión de Educación “cercena la libertad de los centros educativos” porque las instrucciones anteriores dejaban en sus manos el uso de esas dos horas adicionales. Desde el STEPV, además, se ha denunciado que sí que hay docentes que han visto incrementado su horario lectivo por encima de lo que marca la normativa.
El malestar docente por la nueva medida llega precedido por la polémica con las adjudicaciones de plazas a los interinos. Un proceso complejo salpicado de errores informáticos que han llevado a tener que cambiar el orden de las listas y que, en consecuencia, han motivado que cientos de docentes hayan visto alterado su destino. Para el PSOE estamos ante “el peor inicio de curso de los últimos años”, mientras que la Consejería culpó a los anteriores responsables por dejar su puesto justo antes de las adjudicaciones.
Y todo ello tras el revuelo generado por las palabras del propio Rovira en una entrevista con este diario tras su nombramiento, donde afirmó que había directores de instituto que “dicen que no saben qué hacer con tanto profesor”. Unas palabras que han sido interpretadas en el sector como toda una declaración de guerra.