Fuente: Confilegal de fecha 28/09/2021 enlace
La llegada de Miquel Iceta como ministro a la Función Pública, después del paso de Darias, parecía abrir una puerta a la esperanza.
Era el primero, por lo menos desde que estoy en el Senado, que parecía querer coger el toro por los cuernos e intentar solucionar el gran drama de la temporalidad en la administración pública.
Estas expectativas se desmoronaron para todos con su propuesta, ya conocida como ‘Icetazo’, que proponía medidas que no contentaban a nadie, que no solucionaban la situación de los abusados.
Podría entenderse como un borrón y cuenta nueva para evitar que nuevas personas, incorporadas de manera interina en la administración acaben en situación de abuso, pero la medida era totalmente injusta con la gente que ha estado durante años en esta situación.
El ‘Icetazo’ no contentaba a nadie, puesto que no se negoció ni acordó con ninguno de los realmente afectados. No hubo diálogo con las plataformas y entidades de representación del colectivo interino. No se les reconoció la interlocución y, claro, cuando negocias con alguien a quien no le afecta lo más mínimo, el resultado suele ser así de malo.
La convalidación del Decreto Ley del ‘Icetazo’ estuvo a punto de naufragar por no contar con el apoyo de casi nadie. In extremis el Gobierno aceptó compromisos con el resto de grupos, esos compromisos que días antes veía imposibles, dejando la puerta abierta a qué en su tramitación como Proyecto de Ley se incorporasen medidas para humanizar estas medidas del Decreto Ley.
El desconcierto fue muy grande y mucha gente no entendió que algunas opciones políticas, críticas con la tramitación, optásemos por dar un paso adelante e intentar que en la tramitación legislativa en las dos cámaras se diese respuesta a cuanta más casuística mejor.
Y es que, precisamente, parte del problema radica ahí, en que existen miles de casos personales, por lo que es difícil dar una respuesta satisfactoria a todos.
Mientras miles de jóvenes ansían poder ocupar una plaza en la administración pública, preparándose unas oposiciones durante años que no se convocan, existen personas que llevan décadas ocupando una plaza interna, sin que se convoque la plaza y haciendo funciones que, seguramente, no son las que deberían hacer de acuerdo a su lugar de trabajo.
Gente que ha dedicado toda una vida al servicio público, en constante formación, pero que no ha podido, porque no se han convocado, presentarse a unas oposiciones, estando siempre bajo la amenaza de irse a la calle en cualquier momento.
O personas que entraron después de varios procesos selectivos, para ocupar interinamente estos puestos y no se les ha permitido consolidarse como fijos y miles de casos, de situaciones familiares, personales, laborales, que hacen difícil una fórmula que contente a todos.
En el otro extremo, alcaldes que tienen ayuntamientos minados de personas que entraron a dedo cuando gobernó la derecha y colocaron como interinos a personas de partido con el carnet en la boca y que dejan bastante que desear como empleados públicos. ¿Qué solución es la justa?
El Congreso, después del revuelo, tramita estos días el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el sector público.
Que una ley de función pública de estas características se esté tramitando en las actuales circunstancias y con tantos trabajadores públicos en una situación de precariedad, no deja de ser un fracaso colectivo.
Si hablamos de 800.000 personas o más, obviamente no es un problema reciente, sino que lo venimos arrastrando desde hace décadas.
Desde Compromís en el Senado siempre hemos trabajado del lado de las personas afectadas por la actual situación de abuso de temporalidad, pues entendemos se ha producido un mal funcionamiento de la Administración y los políticos tenemos la obligación de legislar para tratar de contribuir a solucionar los problemas de los ciudadanos y de nuestros trabajadores.
Muchas veces el propio interés en intentar buscar una solución justa nos ha dejado en el borde de olvidarnos de parte del colectivo por situaciones muy peculiares de las cuales no teníamos constancia.
Recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que es injusta su situación, que debe corregirse y sancionarse. Parece existir una desconexión entre el derecho comunitario y el estatal.
En Compromís, de la mano principalmente de Interinos en Acción de València, hemos trabajado por regularizar y dar estabilidad a este colectivo que, entendemos, ha demostrado su validez trabajando durante años y décadas sin que se convocaran las plazas que ocupan.
Algo a lo que tenían derecho. Así, formaciones políticas muy diversas de ayuntamientos como el de València, han manifestado su apoyo al personal afectado y trabajan con la premisa de estabilizar antes de pensar en procesos indemnizatorios. Corregir lo que estaba mal.
Entendemos que existen fórmulas avaladas por distintos dictámenes que abren la puerta a convocar procesos de acceso diferenciados en los que la experiencia en la plaza sea determinante. Se trata de una propuesta que no vulnera los derechos de los afectados ni los de cualquier otro aspirante.
Está avalado tener en cuenta la experiencia en el puesto de trabajo objeto de la convocatoria, los servicios prestados en la administración convocante. Su propuesta es la de la vía del artículo 61.6 del EBEP, concurso de méritos y, en definitiva, procesos diferenciados.
Existe un clamor, que no entiendo cómo si se está tramitando el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el sector público, se están convocando procesos selectivos que afectan a esas personas abusadas.
Algunas voces claman que se paralicen estos procesos, hasta ver cómo queda la nueva legislación y que esta contemple que todas las personas abusadas se les declara personal fijo a extinguir o se convoque, como explicamos antes, un concurso de méritos diferenciado o restringido.
Es controvertido, sin dudas.
El fondo es determinar qué puede ser considerado como personal abusado y quien como interino sin más. Europa parece dejar claro que se trataría solamente de aquellos empleados públicos que han ocupado durante mas de 3 años puestos estructurales.
No todos los interinos son personal abusado. No todos los interinos que llevan más de 3 años como interinos son abusados. Obvio. Tocaría revisar quién entró como interino a dedo y quién entró mediante procesos selectivos que se acogieron a los principios de publicidad, mérito y capacidad.
Durante esta tramitación del Proyecto de ley, primero en Congreso y luego en Senado, veremos seguramente todo tipo de movimientos, encontronazos y presiones. Está el pan de muchas personas sobre la mesa. Veremos si estamos, el Legislativo, a la altura de lo que se merece nuestra sociedad.