Es el tercer pago, para un total de 37.000 millones, tras constatar que se han cumplido los hitos establecidos, como las reformas de la ley concursal, de la Formación Profesional o contra el fraude fiscal
La Comisión Europea ha aprobado este viernes de forma preliminar la tercera solicitud de pago de España, un total de 6.000 millones euros en transferencias en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la herramienta principal de los fondos Next Generation EU. España, el único país que ha llegado tan lejos hasta el momento, cursó su petición el 12 de noviembre y tras evaluar uno por el uno el cumplimiento de los hitos, reformas e inversiones aparejados la Comisión ha dado luz verde. Es el paso más importante, el decisivo, pero no el último.
El equipo de los comisarios Gentiloni y Dombrovskis remitirá ahora su evaluación positiva al Comité Económico y Financiero (CEF) del Consejo, pidiendo un dictamen que debe emitirse en un plazo máximo de un mes. Con el documento en la mano, la Comisión tomará la decisión final siguiendo lo que en Bruselas se conoce como un procedimiento de comitología, esto es con la asistencia de comités de representantes de los Estados miembros. Una vez que todo eso se cumpla, y hasta ahora ha sido un mero trámite para España y el resto de socios, se podrá hacer efectivo el desembolso. El sentir en la Comisión es que no habrá problemas, como no los ha habido hasta la fecha con nadie, por lo que todo debería salir adelante rápido y sin tiranteces.
El Plan de Recuperación de España, presentado en el verano de 2021 y aprobado poco después, abarca una batería de medidas divididas en treinta apartados temáticos. Inicialmente se adjudicaron 69.500 millones de euros en trasferencias que no computan para déficit o deuda nacional para nuestro país, pero luego se corrigió al alza en hasta los 77.234,071 euros, al recalcular los técnicos comunitarios el impacto de la recesión de 2020. Nuestro país recibió en agosto de 2021 los primeros 9.000 millones de euros en lo que se conoce como prefinanciación, algo casi automático para cubrir las inversiones y gastos generados por la pandemia. El 27 de diciembre de ese mismo año llegó el primer desembolso oficial, de 10.000 millones más. Y en junio de 2022 en segundo desembolso, de 12.000 millones. Con los 6.000 millones de este cuarto paquete el total supera los 37.000 millones, el 53% de todas las transferencias adjudicadas.
23 HITOS Y 6 OBJETIVOS CUMPLIDOS
Este pago en concreto estaba asociado al cumplimiento de 23 hitos y 6 objetivos a lo largo del primer semestre de 2022, como la reforma de la Ley Concursal, que establece un procedimiento de segunda oportunidad e introduce un procedimiento especial para micropymes. La Ley sobre el Sistema Integral de Formación Profesional o la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Además incluye otras reformas para el desarrollo y el impulso de energías renovables, proyectos de I+D+i en el sector de la automoción con el objetivo de favorecer el desarrollo de componentes y plataformas para vehículos eléctricos y para la mejora de la tasa de acceso al ingreso mínimo vital y para promover la igualdad en el deporte.
Hasta la fecha se han completado ya 121 hitos y objetivos del total de 416 recogidos en el Plan. En esta fase ha habido algunos retrasos, pero que Bruselas minimiza, pues los plazos son indicativos. España es el país más adelantado (sólo Italia ha cursado tres peticiones también) y el que está ayudando de hecho a establecer una plantilla para los demás, un conejillo de indias. Por lo que las negociaciones son más lentas, se revisan las exigencias y se están fijando umbrales. Así por ejemplo, hace unos meses la Comisión mostró su malestar porque nuestro país tiene todavía pendiente la puesta en marcha de un mecanismo auditor desde el desembolso anterior, que se aprobó con la condición de que se resolvieran las cuestiones abiertas. Era el hito 173 y generó mucho ruido. Todas las cuestiones pendientes en ese tema han quedado ya resueltas para la Comisión, por lo que no hay ningún tema pendiente en ninguna materia ni se arrastran reformas a medias, salvo en cuestión de pensiones.
LAS PENSIONES: LA CLAVE DEL PRÓXIMO DESEMBOLSO
Los próximos desembolsos son sin embargo los que se antojan más complicados. El ministro Escrivá lleva meses negociando intensamente con los técnicos comunitarios la reforma de las pensiones, que es clave para el próximo desembolso. En el desembolso aprobado provisionalmente hoy se abordó la reforma del sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos, pero ahora vienen cuatro elementos muy delicados y críticos: el cómputo de los años de cotización, que se está negociando con los agentes sociales. Los cambios en la base máxima de cotización, que se pelea cada día con la Comisión. El mecanismo de equidad intergeneracional, y si extenderlo desde 2032 hasta 2050 por lo menos. Y, además, la sostenibilidad de todo el sistema.
En la evaluación del segundo desembolso Bruselas alertó de que tenía serias dudas sobre el impacto de las reformas ya legisladas, como ese factor de equidad, y si serían suficientes para cumplir objetivos de la sostenibilidad general. Uno de los hitos específicos del cuarto desembolso es una revisión en profundidad de esa sostenibilidad y si los técnicos comunitarios consideran que a corto, medio o largo plazo el sistema de pensiones no se aguanta no podría haber desembolso, no al menos completo, por no quedar satisfactoriamente resuelto el tema. El ministro ha ofrecido diferentes soluciones por el lado de los ingresos, aumentando cotizaciones y prolongando hasta 2050 ciertos factores, pero todavía hay dudas en las instituciones porque el déficit del sistema a medio plazo, que diversos análisis cifran en torno a 50.000 millones de euros, no queda encarrillado.
FISCALIDAD Y DUDAS
Para el quinto pago, que estaba previsto para 2023 pero difícilmente se logrará antes de las elecciones si no se produce una aceleración extraordinaria, algo de por sí complicado en año doblemente electoral y con nuestro país asumiendo la presidencia temporal del Consejo de la UE en julio, está también la reforma fiscal, que debería completarse para finales de marzo también, pero va con mucho retraso. España lleva semanas de retraso en la presentación de ciertos cuestionarios sobre la materia, y aunque no es considerado un problema grave sí refleja que la materia es mucho más sensible que lo hecho hasta el momento.
En su solicitud, el Gobierno aseguró que con los últimos datos disponibles entonces ya se había autorizado casi el 80% de los 22.455 millones presupuestados para este año del Plan de Recuperación. Y, entre 2021 y 2022, “la Administración central ha asignado a las comunidades autónomas 19.600 millones procedentes de los Fondos Next Generation”. La semana que viene visita Madrid una delegación del Parlamento Europeo, encabezada por la controvertida diputada alemana Monika Hohlmeier, responsable de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo para evaluar cómo se están gestionando los fondos.
La diputada, conocida por sus soflamas contra las políticas económicas de los países del sur. Con varios escándalos políticos a su espalda y poco amiga de la transparencia en lo que a ella misma se refiere (la Eurocámara le levantó la inmunidad hace unos años para que pudiera ser investigada en un caso de atropello y fuga), se ha mostrado muy agresiva con la vicepresidenta Nadia Calviño, vendrá acompañada de altos funcionarios de la Comisión, como Declan Costello (Ecfin) y María Teresa Fábregas (secretaria general) que son los que conocen más de cerca el plan español y el cumplimiento de las reformas exigidas. Y que son los que han dado el aprobado de todos los pagos hasta hoy al considerar que todo estaba en regla. Viajarán a la capital como observadores, para ayudar o responder dudas, pero su posición en la materia no puede ser más discrepante. La Comisión está más que satisfecha con España, con el plan, el intercambio diario y los avances. Es el país que lleva la delantera, el que va fijando los estándares y el que se usa de ejemplo cuando otros preguntan. Así que si la diputada alemana les pregunta, y ella ni es experta en la materia ni tiene acceso a la información ni maneja los datos como ellos, la respuesta probablemente no le guste.
Fuente: El Mundo